Por: Luis Fernández | El Estado dominicano enfrenta un desafío histórico de responder a una sociedad cuyas demandas son cada vez más amplias y complejas. No basta con mantener el crecimiento económico, es necesario que ese crecimiento se traduzca en mejores servicios, mayores oportunidades y condiciones de vida dignas para una población que tiene expresiones legítimas de necesidades que exigen respuestas públicas eficaces y sostenibles.
Un Estado democrático debe tener la capacidad de escuchar estas demandas sociales, establecer prioridades y responder de manera equitativa, procurando que las políticas públicas reduzcan las grandes brechas que produce la desigualdad y se amplíen las oportunidades, de modo que mejoren las condiciones de vida para el conjunto de la población y sus sectores más vulnerables.
La sociedad dominicana atraviesa una etapa en que las demandas de la ciudadanía han aumentado y se han diversificado: ya no se reclama únicamente la prestación de servicios básicos, sino también mayor seguridad, empleos dignos, educación y salud de calidad, viviendas adecuadas, transporte eficiente, protección social, menos corrupción, transparencia y una administración pública capaz de ofrecer respuestas oportunas.
Es cierto que algunas de las demandas sociales vienen de mucho tiempo, pero también es verdad que se han profundizado en la actual administración no solo porque siguen insatisfechas, sino porque se han creado otras nuevas, que requieren soluciones concretas de las instituciones del Estado y el acceso de los sectores con menores recursos a bienes y servicios esenciales.
Los problemas sociales se han agudizado en los últimos años en la Republica Dominicana, el alto costo de la vida es insostenible, el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, la calidad de la alimentación, y ahora los aumentos de los combustibles, son desafíos urgentes por su influencia directa en el bolsillo de los ciudadanos y su calidad de vida.
Las deficiencias en el servicio de agua, las tandas de odiosos apagones y las altas tarifas de la factura eléctrica, tienen a la población en una gran incertidumbre, a lo que hay que agregar la gran vulnerabilidad del sistema de transporte con los interminables tapones y las constantes fallas del Metro y el Teleférico, que antes eran el transporte más fiable de la capital y hoy son una fuente de desasosiego para los más de 350,000 usuarios diarios.
La Seguridad ciudadana es otro tema no arranca en este gobierno, la delincuencia y la reforma policial son problemas que siguen pendientes, la protección de la población, que constituye una de las responsabilidades fundamentales del Estado, no está garantizada y la ciudadanía siente temor a ser víctima de un delito por lo que evita determinados lugares u horarios y limita sus actividades nocturnas.
El fracaso gerencial de la educación y el colapso de la calidad educativa a pesar de la asignación del 4%, ha demostrado de forma contundente que el presupuesto sin capacidad gerencial no genera desarrollo, Los últimos resultados en las evaluaciones internacionales de aprendizaje (como las pruebas PISA) siguen colocando al país en los puestos más bajos (81 de 91 países), mientras el sistema sigue sumido en fallas estructurales profundas.
El desafío del Estado dominicano no es solamente administrar los problemas existentes, sino desarrollar una visión de largo plazo que permita anticiparse a nuevas necesidades sociales. La calidad de la gestión pública se mide, en última instancia, por su capacidad para convertir los recursos y las instituciones del Estado en soluciones concretas para la ciudadanía.
La actual administración del Estado en la República Dominicana enfrenta una compleja coyuntura con demandas sociales históricas y actuales, que necesitan de mucha capacidad, gerencia y voluntad política, de un gobierno fuertemente cuestionado por una falta de planificación estratégica a largo plazo y una tendencia a la improvisación y por serias debilidades de ejecución operativa en los servicios públicos básicos
Es esa debilidad crónica en la gestión operativa, las ineficiencias de los servicios públicos básicos, la delincuencia y el persistente aumento del costo de la vida, así como la desatención de puntuales demandas sociales de la población, lo que está produciendo el fuerte desgaste del gobierno y su impopularidad creciente en sectores de la población que cada vez se manifiestan de forma más crítica frente a la actual administración.
El país necesita solución para sus demandas sociales por lo que se hace necesario fortalecer la capacidad del Estado para transformarlas, en políticas públicas concretas, con planificación, continuidad y resultados verificables, aplicados con transparencia en el uso de los recursos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, teniendo siempre presente los sectores más vulnerables de la población
