Por: Luis García | Las autoridades gubernamentales, evidentemente, no han comprendido cómo abordar correctamente el involucramiento en los últimos meses de numerosos jóvenes en actividades vinculadas a la violencia y a la criminalidad en la República Dominicana.
La respuesta del gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM), liderado por el presidente Luis Abinader, ha sido la cacería humana de jóvenes por parte de la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional (DICRIM), una acción alejada de lo que debería hacerse ante el fracaso del plan de seguridad ciudadana.
La verdad es que no se está ante una cuestión de rango menor; la criminalidad que azota a cada rincón de la geografía nacional representa uno de los desafíos más complejos en las últimas décadas. Sin embargo, el poder político dominante carece de la comprensión necesaria de que el abordaje tiene que ser en los ámbitos sociológicos y criminológicos. El asesinato de jóvenes producto de una errada política de gobierno no resolverá una problemática que tambalea a la sociedad dominicana, la cual desconoce la mejor manera de reaccionar ante un panorama aterrorizante y que nubla el futuro de las nuevas generaciones.
La conceptualización de ilícito aspiracional hace referencia, principalmente, en la criminología, la sociología y el análisis de la economía sumergida, a la descripción de delitos cometidos con el fin de alcanzar un estatus social, económico o de consumo superior que el individuo siente que no puede lograr a través de medios legales y tradicionales. En lugar de delinquir por mera supervivencia, el infractor lo hace motivado por el deseo de poseer bienes de lujo, poder, reconocimiento o un estilo de vida que la sociedad promueve como el “éxito”.
Un buen ejemplo que permite describir este panorama acaba de visualizarse en el intento de asalto de una joyería en el populoso barrio de Villa Juana, en el Distrito Nacional, en el que jóvenes que evidenciaban un estatus social compatible con la clase media diseñaron un plan violento que incluía el asesinato de personas. Hasta el momento, el gobierno no ha anunciado la existencia de políticas públicas para afrontar con éxito la situación a partir de herramientas que pongan a disposición disciplina como la sociología y la criminología.
La actitud de una parte de los jóvenes está vinculada a la presión social y al bombardeo publicitario que asocia la felicidad y el valor personal con el consumo de marcas y el estatus. En la práctica, ese segmento poblacional confiere validez a las metas culturales del éxito, sobre todo lo referente a la riqueza, pero carece de las vías institucionales legítimas. En este punto, hablamos de educación de calidad y de empleos bien remunerados, para obtener los objetivos establecidos previamente.
Lo peor radica en que quienes reinciden en este tipo de acciones contrarias a las normas de convivencia social establecidas, procuran justificarlas bajo la premisa de que “el fin justifica los medios”, en un intento de salir de la exclusión o el estatus promedio.
En el caso dominicano, el gobierno tiene la responsabilidad ética de ofrecer oportunidades a la juventud como pilar fundamental para la justicia social, la estabilidad democrática y el desarrollo sostenible de la nación. La juventud no sólo representa el futuro, sino un actor clave del presente cuyas decisiones y capacidades definirán el rumbo de la sociedad. Hay que asegurar a la juventud el derecho a la educación, al trabajo digno y a la libre expresión, tal como lo establecen diversos tratados internacionales.
Indudablemente que a los jóvenes hay que ofrecerles oportunidades para que comprendan que el ilícito aspiracional no es el camino.
