Opinión

Por: Zoraima Cuello | El desarrollo de una nación no se mide por la cantidad de proyectos que anuncian sus gobernantes, sino por su capacidad para convertirlos en resultados. Douglass North, Premio Nobel de Economía de 1993, destacó la importancia de las instituciones para el desempeño económico de los países. Esa reflexión resulta pertinente ante una debilidad de la actual gestión gubernamental: la distancia entre los compromisos anunciados y las capacidades necesarias para cumplirlos.

Durante la reciente Cumbre Iberoamericana en Madrid, el Gobierno dominicano propuso que el país sea sede de un centro para impulsar la cooperación regional en inteligencia artificial (IA), poniendo a disposición sus recursos institucionales y técnicos.

Participar en la transformación tecnológica mundial es una prioridad estratégica, pero aspirar al liderazgo regional exige un diagnóstico honesto: dónde estamos, qué nos falta y cómo cerrar la brecha. La propuesta de Madrid es una buena ocasión para hacerlo.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y la CEPAL, dimensiona nuestra situación: República Dominicana ocupa la décima posición entre 20 países. Obtiene 43.3 puntos sobre 100 en factores habilitantes (infraestructura, datos y talento humano), 27.1 en investigación, desarrollo y adopción, y 73.2 en gobernanza. La diferencia revela una brecha entre los instrumentos institucionales y la capacidad de investigar, innovar e incorporar tecnologías avanzadas a la economía.

El sistema educativo añade otra debilidad: según PISA 2025, apenas el 9 % de los estudiantes dominicanos de 15 años alcanza el nivel mínimo de competencia en matemática, lo que compromete la formación del talento especializado que el país necesita para aprovechar la IA.

La infraestructura exige igual atención. Aunque un centro de cooperación no implica necesariamente construir grandes instalaciones, aprovechar la IA requiere conectividad, capacidad de procesamiento y electricidad confiable, y los grandes centros de datos pueden necesitar cantidades considerables de agua para refrigeración.

Esas exigencias contrastan con lo que viven familias y empresas. Entre enero y julio de 2026, las distribuidoras eléctricas registraron pérdidas totales equivalentes al 44.1 % de la energía adquirida, un indicador que incluye la energía no facturada y la facturada que no se cobra. Hasta el 23 de octubre, las transferencias del Gobierno central a estas empresas sumaban RD$98,132.8 millones, más de lo estimado inicialmente para todo el año. Y mientras el Estado destina esos recursos, miles de hogares y negocios siguen enfrentando interrupciones eléctricas y dificultades para acceder al agua potable. En el agua, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR) 2024, solo el 17 % de los hogares la recibe entre seis y siete días a la semana y, en promedio, durante 11 horas al día. Un servicio intermitente condiciona la vida cotidiana y la actividad productiva.

No se trata de elegir entre inteligencia artificial y servicios básicos, sino de resolver los problemas de hoy mientras construimos las capacidades para competir mañana. Los apagones, la falta de agua y las deficiencias de infraestructura no son ajenos a la transformación tecnológica: determinan nuestra productividad, competitividad y calidad de vida. Estas limitaciones no impiden participar en iniciativas internacionales, pero exigen que nuestras aspiraciones se sustenten en una planificación coherente con nuestras necesidades y posibilidades.

En octubre de 2025, el Gobierno suscribió un memorando de entendimiento con NVIDIA. Entre los compromisos anunciados figuraron un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial, que según se informó estaría operando en 12 meses, y la formación de más de mil profesionales durante 2026. La construcción del Centro comenzó en junio de 2026, el ITLA asumió su liderazgo académico, se formó una primera generación de docentes especializados y se anunció que su primera etapa abriría en noviembre, después del plazo inicial. Pero transcurrido más de un año, corresponde presentar un balance público: cuántas personas han sido capacitadas, qué inversiones se han ejecutado, qué avances tiene el Centro y qué resultados concretos se han obtenido.

La cuestión de fondo es la planificación y la capacidad de ejecución. Una política tecnológica nacional necesita responsabilidades definidas, prioridades de inversión claras y mecanismos de evaluación. Y cada nueva iniciativa internacional debería ir acompañada de objetivos públicos, recursos identificados, plazos e indicadores que permitan a la ciudadanía comprobar sus resultados. De lo contrario, corremos el riesgo de multiplicar anuncios sin resolver las debilidades estructurales que limitan nuestro desarrollo.

La IA también puede ayudar a enfrentar esos problemas: identificar pérdidas en el sistema eléctrico, detectar fugas y mejorar la distribución de agua, elevar la calidad de los servicios públicos y aumentar la productividad empresarial. Su incorporación a las pequeñas y medianas empresas es especialmente importante para ampliar las oportunidades económicas y generar empleos de mayor valor agregado.

Ahí es donde la tecnología debe demostrar su valor: mejorando la vida de las personas. Para una familia con apagones frecuentes, un pequeño empresario que pierde producción por las interrupciones eléctricas o una comunidad sin agua potable, el progreso tiene que traducirse en soluciones concretas.

La República Dominicana tiene con qué aspirar a un lugar en la economía que ya está en marcha. Alcanzarlo no dependerá de la tecnología que adquiramos, sino de que resolvamos los problemas estructurales que hoy nos frenan.

Gobernar es eso: convertir la palabra en servicio, el proyecto en resultado y la aspiración en capacidad.