Por: Pablo del Rosario | La sabiduría popular expresa: “todo en exceso es dañino”. Apoyándome en ese aforismo, se me ocurre pensar que, si lográramos determinar y respetar el límite de lo “suficiente”, evitaríamos caer en el “demasiado”.
En ese sentido, dirijo mi primera mirada al Gobierno de nuestro país; esto así, porque su condición de proponente y ejecutor del Presupuesto General del Estado (PGE), lo hace responsable de velar porque el gasto público esté concebido para cubrirle a la población las necesidades básicas siguientes: alimentación, agua potable, salud, educación, medio ambiente, vivienda y seguridad ciudadana.
Como se puede apreciar, la lista no es larga, aunque la diversidad sí lo es. No obstante, si se controlan rigurosamente los gastos superfluos, comenzando por: eliminar ministerios innecesarios, entidades públicas duplicadas, nóminas abultadas, reducir frecuencia de viajes al exterior, vehículos de lujo, consumo de energía eléctrica y combustibles, pensiones extraordinarias e inmerecidas y otras, se generaría una economía de recursos económicos tal, que serviría para reducir los niveles de precariedad existentes en las instituciones a cargo atender las necesidades arriba indicas.
Estas observaciones pueden parecer irrelevantes, toda vez que, nos referimos a la economía de un país cuyo gasto por subsidio a la energía eléctrica hasta octubre de este año alcanza la friolera de 331 millones de pesos cada día. Además, paga por concepto de intereses sobre la deuda en el exterior, aproximadamente el 22% de sus ingresos. Pero… en realidad no lo son, porque la mayoría de ellas solo requieren que prevalezca la autoridad del Gobierno, e impere el régimen de consecuencias sobre los que violen los límites establecidos.
