Los pobres frente al espejismo de la globalización
¿Qué ocurriría si un día los comerciantes chinos decidieran regresar a China, los inversionistas españoles retiraran sus capitales y las grandes cadenas de supermercados entraran en crisis? ¿Quién abastecería los barrios si, entretanto, hubiéramos dejado desaparecer los colmados?
No es una predicción. Es una pregunta sobre nuestra vulnerabilidad. Una pregunta que merece hacerse antes de que las decisiones económicas, tomadas desde oficinas alejadas de la vida cotidiana, destruyan una red de pequeños negocios que durante generaciones ha ayudado a sostener a las familias dominicanas.
La protesta reseñada por Noticias SIN el 16 de noviembre nos coloca frente a ese problema. Colmaderos, mercaderes y propietarios de gomeras se concentraron en la Plaza de la Bandera para reclamar que los pequeños establecimientos sean excluidos de la facturación electrónica. Algunos advirtieron que podrían cerrar sus negocios si no encuentran una respuesta del Gobierno.
Según esa información, la Dirección General de Impuestos Internos aseguró que, por el momento, no aplicará multas a los pequeños negocios que todavía no se hayan incorporado al sistema. Pero el conflicto plantea algo más profundo que una discusión sobre sanciones: ¿están esos comerciantes en condiciones de asumir las exigencias tecnológicas y administrativas que se les imponen?
Una obligación puede parecer sencilla para quien dispone de contadores, computadoras y departamentos especializados. Para quien abre solo su establecimiento, atiende a los clientes, recibe mercancías y hace cuentas al terminar el día, puede representar una carga difícil de soportar.
El país necesita recaudar y modernizar su administración tributaria. Pero una modernización que desconoce la capacidad de quienes deben cumplirla puede terminar debilitando la misma actividad económica que pretende organizar.
Los colmados han sido parte de la vida de los barrios. Allí se compra lo que alcanza para cocinar ese día. Allí se conocen el nombre del cliente, sus dificultades y la fecha en que probablemente podrá pagar. Allí existe una institución económica que no cabe enteramente en una hoja de cálculo: el fiado.
El fiado es crédito sostenido por la confianza. Tiene límites, riesgos y costos para el comerciante, pero permite que una familia resuelva una necesidad inmediata cuando todavía no ha cobrado. Para quien carece de dinero y de acceso al crédito formal, esa posibilidad puede marcar la diferencia entre preparar la comida y acostarse sin cenar.
El supermercado cumple una función importante. También la cumplen los establecimientos de propietarios extranjeros. Sin embargo, ninguna de esas formas de comercio sustituye automáticamente la relación cotidiana entre el colmadero y sus vecinos.
Por eso debemos discutir con seriedad el espejismo de una globalización entendida como garantía permanente de abastecimiento y prosperidad.
El capital puede entrar, obtener beneficios y salir. Un inversionista español puede vender su participación o trasladar sus recursos. Un comerciante chino puede cerrar su establecimiento o regresar a su país. Un empresario dominicano también puede llevar su patrimonio al exterior. La movilidad del dinero no tiene una sola nacionalidad.
El problema no consiste en el origen de quien invierte. Consiste en que una sociedad pierda su capacidad de sostenerse mientras supone que las decisiones de otros siempre coincidirán con sus necesidades.
Tampoco el tamaño de una empresa garantiza su permanencia. Una gran cadena puede endeudarse demasiado, administrarse mal o sufrir una crisis. Si el abastecimiento se concentra y desaparecen los pequeños competidores, el cierre de unos pocos actores puede causar un daño mucho mayor.
Una economía resistente necesita diversidad: productores nacionales, mercados, supermercados, distribuidores, pequeños comercios y colmados. Necesita inversión extranjera y empresas locales capaces de sobrevivir. Necesita eficiencia, pero también alternativas cuando algo falla.
La respuesta a los comerciantes no debería reducirse a exigirles que se adapten. Las autoridades deben escuchar, medir los costos reales de cumplimiento y diseñar soluciones proporcionales: procedimientos sencillos, asistencia accesible, herramientas que puedan utilizar y una transición compatible con sus recursos. Las propuestas de pago fijo o de regímenes simplificados merecen evaluación seria, sin convertirlas de antemano en una fórmula universal.
Proteger al pequeño comerciante tampoco significa concederle permiso para incumplir indefinidamente. Significa hacer posible que cumpla sin destruir su medio de vida.
Cuando cierra un colmado, puede perderse mucho más que un punto de venta. Se pierde el ingreso de una familia, una fuente cercana de abastecimiento y, para algunos vecinos, la última posibilidad de conseguir alimentos a crédito.
Después aparecen el hambre, la desesperación y el terreno propicio para el desorden. Ese desenlace no es inevitable. Precisamente por eso hay que pensar antes de que ocurra.
La pregunta que debe orientar cualquier reforma es elemental: ¿qué le sucede al pobre cuando la ponemos en práctica?
Si esa pregunta queda fuera de las decisiones, podremos tener sistemas más modernos y barrios más desamparados.
Los colmados han sido la vida de los barrios. Dejarlos desaparecer sin comprender lo que sostienen sería una irresponsabilidad cuyo costo terminarían pagando, primero y con mayor dureza, quienes menos tienen.