En víspera de cumplirse 55 años del golpe de Estado al efímero gobierno del profesor Juan Bosch, tras el cual se le negó al país poder cosechar los frutos de sendas reformas de carácter social y legal, como lo fue la Constitución del 1963, sumiéndonos nuevamente en un represivo letargo conservador, nos disponemos a analizar uno de los principales rasgos de su gestión. En esencia haremos referencia al progresismo, sus características y los retos que enfrenta hoy en día.
En la última década ha sido dominante una real situación, es que la clase media latinoamericana, que se vio beneficiada y ampliada tanto por el boom de las materias primas, como por las políticas sociales incluyentes de los gobiernos de corte progresista que primaron en la región, hoy se muestran enojadas y con deseo de cambios.
Aunque en gran medida los recamos de cambios se deben a la sensación de precariedad, ante los efectos negativos de la desaceleración económica, producto de un cambio de ciclo, como explicara en su análisis de la semana pasada el presidente Leonel Fernández, lo cierto es que también habría que evaluar si el progresismo no quedó a deber.
Sabemos que la política es una de las actividades más (quizás la más) complejas dentro del entramado social, la cual demanda de expertos con la misión exclusiva de administrar la cosa pública. Sin embargo, más allá del necesario tecnicismo, son los principios morales propios del factor doctrinal e ideológico, los que dan sentido a una agenda de gobierno y dotan de identidad política a la nación, por lo que conocer verdaderamente qué es ser progresista, puede contribuir a reevaluar nuestro accionar.
Lo primero es que el progresismo tiene una vinculación directa al cambio, al progreso y evolución constante a nivel social y político, partiendo de un enfoque humanista y garantista que pone a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones. Es por ello que entre sus principales rasgos están los derechos individuales, la justicia, la igualdad de oportunidades, la libertad y el estado de bienestar, todo lo cual necesariamente debe darse bajo un modelo democrático, donde la participación y consulta activa estén aseguradas.
Al igual que la izquierda política, el progresismo es contrario al conservadurismo por cuanto favorece los intereses del colectivo por sobre elites presentes en la clase dominante (empresariales y eclesiásticas principalmente), propugnando por reivindicaciones sociales que fomenten la igualdad. De ahí que al igual que sucedió con la Revolución Francesa, la lucha contra el statu quo lleve a los partidos progresistas a defender hoy en día la diversidad sexual y matrimonio igualitario; el medio ambiente; el feminismo; la despenalización y regulación del aborto; los derechos de las minorías étnicas; la flexibilización de las doctrinas migratorias; entre otras.
Sumado a lo anterior, toda agenda progresista va dirigida a una gestión macroeconómica que fomente el empleo, cuidándose de implementar las regulaciones pertinentes sobre el mercado, a los fines de que el progreso económico sea del provecho y beneficio de todos, no así de una elite privilegiada, donde esto último es la razón de la creciente brecha de desigualdad. A esa agenda económica se ha de enlazar los esfuerzos por un sistema educativo incluyente, salud integral y universal, respeto absoluto por los derechos humanos y libertad de expresión.
A pesar de los rasgos característicos, el progresismo tiene ciertas particularidades distintivas en su agenda dependiendo de la región donde se desarrolle, por lo que vemos que el progresismo en Europa (vista como la nueva izquierda) es más inclinado al laicismo y la agenda liberal que el progresismo latinoamericano, el cual aún está muy limitado por la influencia religiosa y los liderazgos personalistas. Hay casos en los que incluso dentro de un mismo partido pueden confluir dos corrientes (una conservadora y otra progresista), como es el caso del Partido Demócrata en Estados Unidos, donde tras el emblemático “New Deal” de Franklin Delano Roosevelt, ha llegado a debatirse entre dos visiones aparentemente antagónicas como Bernie Sanders y Hilary Clinton.
En Latinoamérica la corriente progresista que tuvo lugar los primero 15 años del siglo XXI, fue sumamente heterogéneo a pesar de todos compartían una visión pos neoliberal y más centrada en las políticas sociales. De hecho, desde Hugo Chávez a Cristina Fernández Kirchner (pasando por Lula Da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, Rafael Correa, José “Pepe” Mujica y Dilma Rousseff), todos esos gobiernos dotaron sus agendas progresistas de rasgos propios, algunos apelando a la mano dura, otros a la concertación; a la proyección nacional y culto a la personalidad; otros a una agenda más frugal y de reivindicación social.
A pesar de que la transparencia y rendición de cuentas son dos características que legitiman a todo partido y gobierno, que siendo progresista, procura mantenerse a la vanguardia que imponen los nuevos tiempos, lo cierto es que la mayoría de estos gobiernos se vieron permeados por las tentaciones de la corrupción. La tolerancia social hacia malas prácticas que debieron ser erradicadas, o al menos mitigadas por aquellos partidos cuya ideología les puso del lado del bien común, es cada vez menos.
Ciertamente, la agenda progresista de hoy en día dista mucho de la realidad social que le tocó vivir al profesor Juan Bosch más de medio siglo atrás. Pero mientras él tuvo la entereza de encarar males ancestrales de su época, pagando el precio de ello, ¿podríamos decir que en nuestro país el progresismo aun es capaz de impulsar grandes cambios, encarar a las clases dominantes, y cerrar la brecha de desigualdad? O ¿acaso el pragmatismo político lo secuestró y nos inclinó a un proyecto más conservador?.
