Opinión

Los procesos electorales representan la más alta expresión de la democracia representativa. Hacen posible la representación política y la conformación del gobierno, dando legitimidad al sistema constitucional, a través del sufragio de los ciudadanos.

En las repúblicas presidencialistas se realizan dos procesos, uno para la elección del presidente y otro para la elección de los representantes ante el Congreso o Parlamento, lo que fortalece la separación de poderes.

Organizar unas elecciones presidenciales, congresuales y municipales, como es el caso dominicano, amerita la existencia de normas que regulen todo el proceso electoral, que garanticen la igualdad entre las diversas candidaturas que se presentan, las formas de manifestación de las campañas, las garantías para el ejercicio del derecho al sufragio, e incluso la creación de una instancia que se encargue de resolver los conflictos que se susciten tanto entre partidos, como entre los militantes y las organizaciones políticas a la que pertenecen. En República Dominicana, estas prerrogativas están garantizadas en la Constitución y en la ley.

El conjunto normativo que integra todos estos elementos conforma el sistema electoral, el cual a su vez está compuesto de varios requisitos: la capacidad electoral activa de los votantes, vinculada a la nacionalidad, ciudadanía, edad y la plenitud de ejercer los derechos civiles y políticos; la capacidad electoral pasiva, que se encuentra limitada en caso de que los ciudadanos sean el resultado de una naturalización o que sea declarado inelegible, como en el caso de los militares; que el voto haya sido ejercido de forma universal (capacidad de elegir y ser elegido sin tomar en cuenta cuestiones de sexo, raza, nacimiento, religión, etc.), libre (ejercicio del voto sin presiones de ningún tipo), igual (el valor e influencia de cada voto debe ser la misma), directo (que no exista un cuerpo intermedio entre el elector y el colegio electoral) y secreto (la confidencialidad del voto respeto de terceros).

Los procesos electorales requieren de la preexistencia de un órgano que se encargue de ordenar y controlar todas sus etapas: la administración electoral. La actuación de este órgano es trascendental para la garantía de que existan igualdad de condiciones y oportunidades de las diversas candidaturas. Generalmente, se organizan de forma piramidal, pero con extensiones organizadas en cada demarcación territorial. En algunos países, la administración electoral se encuentra en el organigrama del Ministerio del Interior; en otros casos se encuentra vinculado a la magistratura o al legislativo. Sin embargo, la tendencia ha sido organizarla de forma independiente del gobierno, para que se configure de forma autónoma.

La convocatoria electoral se organiza estableciendo plazos para cada proceso. El primero es el de la presentación de las candidaturas. Los partidos, a través de elecciones primarias u otro modelo establecido en las legislaciones de cada Estado, deciden sus candidaturas. En las elecciones primarias generalmente participan los afiliados del partido de que se trate, y en algunos casos, las normativas electorales permiten que los simpatizantes e incluso todos los ciudadanos participen del proceso. Luego de haber seleccionado a sus candidatos, se da inicio a la etapa de campaña electoral, que suele ser breve y estar caracterizada por la motivación de los partidos a votar en favor de sus candidatos. Es por esta razón que las legislaciones electorales regulan, en su mayoría, los aportes de los poderes públicos a los partidos políticos, con la finalidad de que los partidos participen en igualdad de condiciones; la emisión de propaganda y publicidad en los medios de comunicación; la difusión de sondeos y encuestas electorales; las fuentes de financiamiento del proceso, entre otros.

Los elementos del sistema electoral son las circunscripciones o distritos electorales, la fórmula electoral, la barrera electoral mínima y la modalidad del voto. La circunscripción o distrito electoral es el territorio donde, por mandato de la ley vive un determinado número de electores. En países como Holanda, Dinamarca, Alemania, Suecia e Israel, todo el Estado es una circunscripción, con múltiples distritos electorales. El tamaño del distrito está determinado por la cantidad de electores. Si se elige un solo representante el distrito es uninominal, y si se elige más de uno, es plurinominal. La fórmula electoral es el cálculo que se realiza para convertir los votos emitidos por los electores en las urnas, en escaños. La idea es lograr una proporcionalidad entre votos y escaños. Hay dos métodos para hacerlo: el procedimiento de divisor o cifra mayor y el cociente electoral. Estas fórmulas se han denominado como “el método de Hondt” (uno de los más utilizados) y “el método de la variante Sainte-Lagüe, Imperiali, Hare, Hagenbach Bischoff” y el de proporciones matemáticas denominado “Harel Niemeyer”. La barrera electoral mínima, se conoce también como democracia racionalizada, aplicado en los gobiernos parlamentarios, con la finalidad de asegurar la estabilidad del ejecutivo. No es más que el número mínimo de votos o de escaños que debe alcanzar una organización para garantizar su reconocimiento ante el órgano electoral. En España 3%; en Alemania 5% o 3 escaños; en Holanda 0.67%; en República Dominicana 1% o un escaño en el nivel congresual o municipal. Existe, además, el voto personalizado y el voto de lista cerrada o bloqueada.

En el caso dominicano, el Texto Constitucional, en su Título X, trata lo relativo al sistema electoral, cuyo contenido abarca las asambleas electorales, los órganos electorales y los partidos políticos. La Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y el Proyecto de Ley del Régimen Electoral, en fase de estudio en el Congreso dominicano, contienen todo el proceso a seguir para la organización institucional de los partidos políticos y de los procesos electorales. Avanzamos por el camino correcto.