Por: Carlos Manzano | En los últimos años se ha instalado en el debate público dominicano una narrativa política que intenta presentar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como el partido más corrupto de la historia política del país. Esa afirmación, repetida con insistencia en ciertos espacios políticos y mediáticos, ha terminado influyendo en la percepción de algunos sectores de la sociedad.
Sin embargo, cuando se examina con serenidad la evolución institucional del Estado dominicano en materia de transparencia y combate a la corrupción, los hechos muestran una realidad mucho más compleja y, en muchos aspectos, contradictoria con esa narrativa.
La lucha contra la corrupción no se construye únicamente con discursos ni con consignas políticas coyunturales. Se construye con decisiones de Estado serias y responsables, con reformas legales efectivas, con instituciones sólidas y con compromisos internacionales que fortalezcan los mecanismos de control y rendición de cuentas.
En ese sentido, casi la totalidad de las bases institucionales que hoy permiten hablar de transparencia en la administración pública dominicana se desarrollaron durante los gobiernos que les tocó dirigir al Partido de la Liberación Dominicana.
Desde su primer período de gobierno, entre 1996 y 2000, el país comenzó a dar pasos importantes hacia la institucionalización de mecanismos de prevención y control de la corrupción en nuestro país.
En ese contexto se creó, en el año 1997, el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DEPRECO), una instancia destinada a educar, prevenir e investigar irregularidades dentro del aparato estatal.
Durante ese mismo período, la República Dominicana también avanzó en su integración a los marcos internacionales de cooperación en la lucha contra la corrupción, incorporándose a la Convención Interamericana contra la Corrupción, impulsada por la OEA, y posteriormente se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción promovida por la ONU.
Estos compromisos internacionales no solo colocaron al país dentro de los estándares globales de cooperación anticorrupción, sino que también impulsaron reformas internas orientadas a fortalecer la institucionalidad pública que garantizaran control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
Con el paso de los años, ese proceso de construcción institucional continuó profundizándose. Uno de los hitos más relevantes fue la implementación, mediante reglamentación (2005), de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que estableció el derecho ciudadano a solicitar y recibir información de las instituciones del Estado.
A partir de esta legislación se desarrollaron las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y se impulsó la creación de portales de transparencia institucional, mediante los cuales las entidades públicas comenzaron a publicar de manera periódica información sobre su ejecución presupuestaria, nóminas, compras, contratos y procesos administrativos.
Otro avance significativo fue la modernización del sistema de declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos (2014), instrumento fundamental para prevenir el enriquecimiento ilícito y permitir que la ciudadanía conozca la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas.
En el ámbito de la ética pública también se produjeron avances importantes durante los gobiernos del PLD con la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública (1997), estructura que posteriormente evolucionó hacia lo que hoy es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
A partir de este proceso se establecieron además comisiones de ética pública en las distintas instituciones del Estado (2017), con el propósito de promover una cultura de integridad y responsabilidad dentro de la administración pública.
Paralelamente, se impulsaron iniciativas de transparencia fiscal como el portal de presupuesto (2015), herramienta que permitió a la ciudadanía acceder a información sobre la planificación y ejecución del gasto público, fortaleciendo así los mecanismos de supervisión social sobre los recursos del Estado.
En el ámbito de la gestión pública, otro paso importante fue la creación (2006) del Sistema de Administración de los Servidores Públicos (SASP), una plataforma tecnológica destinada a modernizar la gestión de los recursos humanos del Estado, garantizar mayor control sobre las nóminas públicas y promover criterios de profesionalización dentro de la administración pública.
A ello se sumaron avances importantes en la transparencia de las compras gubernamentales mediante la creación (2006) de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la implementación de sistemas electrónicos que permitieron hacer más visibles, competitivos y fiscalizables los procesos de compras y contratación del Estado.
De igual manera, la modernización de la gestión financiera impulsada desde el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana permitió desarrollar sistemas integrados de administración financiera que hoy constituyen pilares fundamentales para la supervisión del gasto público y la rendición de cuentas.
Paradójicamente, muchos de los instrumentos institucionales que hoy sirven para auditar, investigar irregularidades o exigir mayor transparencia nacieron precisamente en ese proceso de reformas impulsado durante los distintos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
Es cierto que, como ocurre en todos los gobiernos del mundo, algunos funcionarios pudieron haber incurrido en irregularidades o errores en el ejercicio de sus funciones. Pero reducir la historia política de un partido o de una etapa de gobierno a las faltas individuales de algunos funcionarios sería una simplificación injusta.
En todas las administraciones públicas —no solo en la política, sino también en empresas e instituciones de cualquier naturaleza— han existido y existirán personas que se desvían del camino correcto.
Esos casos, cuando ocurren, deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. Sin embargo, no pueden utilizarse para politiquería, pretendiendo borrar los avances institucionales alcanzados y el legado de reformas que contribuyeron a fortalecer la transparencia y el combate contra la corrupción en la República Dominicana.
Por eso resulta importante que el debate público se base en los hechos y no únicamente en narrativas políticas. La construcción de un sistema de transparencia en el país ha sido un proceso gradual, sustentado en leyes, plataformas tecnológicas, reformas administrativas y compromisos internacionales.
Porque al final, la transparencia no se mide por los discursos, sino por las instituciones que se construyen. Y en ese terreno, la República Dominicana cuenta hoy con una arquitectura institucional que tiene historia, tiene raíces y tiene un legado que forma parte del proceso de consolidación democrática del país, y quiérase o no reconocerlo, el PLD ha jugado un papel estelar en dicho proceso.
