Por Héctor Olivo
La base de sustentación de la democracia sigue siendo los partidos políticos, que son un contrapeso a las ejecutorias de los gobiernos.
Los partidos en democracia actúan como el vínculo esencial entre la ciudadanía y el Estado, sin ellos, la democracia moderna carecería de la estructura necesaria para canalizar las demandas ciudadanas de forma ordenada y pacífica.
La competencia en los certámenes electorales garantiza que el poder se dispute mediante el voto y no por la fuerza, asegurando la alternancia y el respeto a las minorías.
Ha sido lo que ha llevado a los congresistas en democracia a legislar a favor del financiamiento público a los partidos políticos, como sucedió en República Dominicana, superando aquel esquema de la entrega de exoneraciones en campañas electorales, plagados de vicios y discriminaciones.
De manera equitativa las leyes electorales ordenaron financiar el funcionamiento de los partidos y agrupaciones políticas, de forma equitativa a sus resultados en los comicios.
La Constitución de la República es la que da sustento y razón de ser a los partidos políticos en su artículo 216, “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”.
Se trata de la Ley Sustantiva de la nación, que reforzada con las leyes electorales, establece la base para el financiamiento a las agrupaciones partidarias.
El jueves 30 de abril, después de un largo periplo exhibiendo imágenes fotográficas de encuentros con empresarios, partidos políticos, sectores religiosos, el Gobierno del PRM se despacha con un plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente.
Según explicaron el plan es para generar una disponibilidad cercana a RD 40,000 millones de pesos , partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato.
Uno de esos compromisos es el financiamiento a los partidos, que se ampara en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Es el congreso que ha votado dicha Ley, que no puede ser sustituida por una acción administrativa como pretende hacer el Gobierno del PRM en esta ocasión, en un nuevo intento de aniquilar los partidos y gobernar a sus anchas.
Estas pretensiones no son nuevas, en una oportunidad anterior por una disposición violatoria de la Ley, se le restó a los partidos el 50 por ciento de su financiamiento y ahora vuelven a plantear la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos.
El anuncio del Plan del Gobierno se hizo al finalizar una reunión del Consejo de Ministros y ahí mismo quedó instalada la estructura mediática para vender la propuesta y desacreditar a los partidos.
La tradicional jauría de asalariados y beneficiarios del abultado capítulo publicitario han salido a defender la propuesta, sabiendo que es violatoria de las leyes.
Con este recorte fuera de la Ley, el Gobierno del PRM ratifica su actitud antidemocrática, de destrucción del contrapeso que representan los partidos políticos, como ha sucedido en otros países de la región.
Si de verdad quieren 40 mil millones deben iniciar eliminando los gastos dispendiosos de una publicidad engañosa y de compra de consciencia, elevados gastos en viáticos, pensiones onerosas a personas sin mérito, el aumento de la nómina pública, entre otros renglones.
Los partidos en oposición están llamado a mantener una activa vigilancia del gasto público del Gobierno y contrapeso a sus ejecuciones políticas, funciones que cabalmente ha realizado el Partido de la Liberación Dominicana, ejercicio, que, desde un primer momento, el Gobierno ha tratado de castrar con diferentes maniobras, propósito que no lograrán.
