Por: Luis Fernández | Ecuador conocido informalmente como “el país de la mitad del mundo”, debido a que su territorio está atravesado por la línea ecuatorial, que divide el planeta en los hemisferios norte y sur, se encamina a sus elecciones seccionales, originalmente previstas para febrero de 2027, adelantadas para el 29 de noviembre de 2026, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el argumento de evitar posibles inconvenientes, relacionados con factores climáticos que pudieran afectar la jornada electoral.
El adelanto de las elecciones seccionales ecuatorianas constituye un desafío para la equidad de la competencia electoral, pues reduce los tiempos disponibles para que partidos y movimientos organicen sus candidaturas y campañas, aunque el CNE justificó el cambio, la modificación exige garantizar que todas las fuerzas políticas, dispongan de condiciones y plazos suficientes para competir en igualdad.
El Ecuador celebró sus últimas elecciones presidenciales en abril del 2025 donde se reeligió el presidente Daniel Noboa, en un proceso electoral acompañado de fuertes controversias y cuestionamientos de la oposición, con denuncias de fraude, las condiciones de competencia y el uso de la estructura estatal durante la campaña, el correísmo denunció que enfrentó condiciones políticas e institucionales desfavorables.
Además, la violencia y las medidas extraordinarias adoptadas durante el proceso plantearon interrogantes sobre las condiciones para una campaña plenamente competitiva, lo que puso a prueba la credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), del sistema de justicia electoral y si la elección se desarrolló, bajo condiciones suficientemente equitativas para todos los competidores.
Después de estas controvertidas elecciones, el país fue convocado a una consulta popular en el mes de noviembre del 2025, donde la población rechazó contundentemente con un no, las 4 preguntas sometidas:1) Asamblea constituyente, rechazada por el 61.58%, 2) retorno de bases militares extranjeras, con el 60.58%, 3) fin del financiamiento estatal a partidos, con el 58.07%, y 4) reducción del número de legisladores, con el 53.46%.
Este resultado fue un serio revés para el mandatario Daniel Noboa, lo que fue influenciado por el desgaste en la gestión de la crisis energética, sanitaria y el repunte de problemas de seguridad en el país, en la actualidad el Ecuador avanza a sus próximas elecciones seccionales, el 29 de noviembre del presente año, en un escenario de problemas y alta tensión política e institucional.
Los casos de judicialización política y las disputas entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y las organizaciones políticas han aumentado la incertidumbre sobre las condiciones de participación, de las organizaciones políticas de oposición que han tenido que enfrentar restricciones y medidas que buscan dificultar y limitar la participación de partidos, candidatos y ciudadanos.
Los casos de suspensión y cancelación de organizaciones políticas de oposición , algunas de las cuales han quedado impedidas de presentar candidatos propios y otras han tenido dificultades para su participación electoral, entre ellas el Movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), SUMA, Izquierda Democrática (ID), Unidad popular (UP), RETO, Construye y el Movimiento Amigo que llevaría candidatos de Revolución Ciudadana y los intentos de restricciones al movimiento indígena Pachakutik, han generado fuertes críticas y tensiones internacionales.
El amedrentamiento judicial y la apertura de causas penales a figuras claves de la oposición han provocado que lideres del correísmo como Luisa González, tengan que hacer frente a importantes obstáculos y amenazas con el fin de impedir que pueda competir por la prefectura de Manabí y lideres de la oposición , partidos y candidatos, de Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Pujilí y otros a restricciones de todo tipo, lo que hace pensar en una exclusión política deliberada y en un deterioro del pluralismo político en el Ecuador.
Este deterioro democrático en Ecuador ha provocado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un llamado de atención al Estado ecuatoriano. El organismo internacional exigió garantizar condiciones de participación plurales, previsibilidad jurídica y equidad en la contienda para evitar poner en desventaja a las agrupaciones políticas, e igualdad de condiciones y derecho del electorado a contar con pluralidad de alternativas.
La CIDH además advirtió que el adelanto de los comicios altera los principios de seguridad jurídica e igualdad de condiciones para competir. Este llamado del organismo internacional al Estado Ecuatoriano tiene especial relevancia en un contexto, en el que el cuestionamiento sobre la suspensión de organizaciones políticas y las dificultades enfrentadas por sectores de la oposición para participar en el certamen electoral, han desatado un fuerte debate legal y político.
El Ecuador está ante una gran encrucijada ya que su régimen está fuertemente cuestionado, estas elecciones deben ser un termómetro directo para medir el respaldo popular del presidente Daniel Noboa y su partido oficialista (Acción Democrática Nacional, ADN), una reconfiguración del poder territorial que defina el control de las alcaldías y prefecturas y Una prueba de fuego para la democracia y la institucionalidad.
El proceso democrático en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos y críticos de las últimas décadas, el país sufre un retroceso de la institucionalidad democrática, donde las reglas del juego político se han vuelto impredecibles, por lo que el desarrollo de la jornada y la legitimidad de los resultados determinarán si el país logra estabilizar su crispación política o si se profundiza la desconfianza ciudadana y el aislamiento internacional ante las advertencias de organismos como la CIDH.
