Los productores de arroz salieron con las manos vacías de una reunión a la que fueron convocados en el Palacio Presidencial.
Fueron los propios invitados quienes, al salir del encuentro, comentaron a los periodistas que no recibieron anuncios de medidas inmediatas que respondieran a su preocupación por la entrada al país del cereal libre de aranceles.
La exposición de un plan por parte del Gobierno no estuvo acompañada de desembolsos, fechas de ejecución ni compromisos inmediatos que permitieran a los productores obtener una respuesta concreta frente al cambio arancelario que se aproxima para las importaciones del cereal procedente de Estados Unidos.
Los arroceros señalaron que no recibieron respuestas ni soluciones concretas ante los problemas del sector. Sus testimonios, al salir de un encuentro del que esperaban obtener alivio para su situación, resultan desgarradores.
«Necesitamos políticas públicas claras, no cosas inventadas ni cosas que vengan a vendernos sueños bonitos. Ya nosotros no aguantamos más. No somos niños, no somos indios para que nos estén vendiendo sueños; necesitamos simplemente soluciones», se escuchó decir a quienes asumieron la vocería de los cosecheros.
Más de 30 000 productores nacionales se sienten desamparados. La actividad, de la cual dependen cerca de 300 000 empleos directos e indirectos en todo el país, está a un paso del colapso. Este temor está justificado por el fiasco en que derivó el encuentro del pasado fin de semana y por la comentada derogación del Decreto 693-24 mediante el reciente Decreto 635-26, hechos que constituyen una seria contradicción y una muestra de improvisación del Gobierno del PRM en el manejo de la política arrocera.
Como planteó el Partido de la Liberación Dominicana en rueda de prensa, lo que demandan los productores de arroz es un plan de contingencia concreto, con calendario y presupuesto, que garantice su rentabilidad y mantenga el cereal a precios asequibles para las familias dominicanas, que tienen en este su principal sustento alimentario.
El Gobierno se burla de los productores: primero, al crearles expectativas de protección mediante un decreto que no tuvo consecuencias —como era de esperarse tras un acuerdo firmado libremente entre Estados—; luego, al retirar dicha protección, y, finalmente, al invitarlos a una reunión en la sede del Poder Ejecutivo en la que, sencillamente, los dejó oliendo donde guisan.
