Hasta hace unos días, Paraguay era la nueva estrella latinoamericana. Año tras año exhibía una de las tasas de crecimiento económico más altas de la región, mantenía la inflación controlada y tenía una deuda pública baja. En el 2024, Paraguay obtuvo el anhelado grado de inversión, un sello de confianza que le permitía endeudarse a tasas cercanas a las de Chile y Uruguay.
Sin embargo, en cuestión de semanas, la quiebra de Ueno Bank desencadenó una crisis financiera y política que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña y parte de su gabinete, la depreciación de la moneda y un aumento de la percepción del riesgo país.
En pocas palabras, Paraguay pasó de ser el estudiante estrella de los organismos internacionales a convertirse en un caso de estudio sobre los peligros de la excesiva cercanía entre el poder político y un grupo económico.
Y de esta experiencia podemos extraer dos grandes lecciones.
La primera es que los conflictos de intereses deben tomarse en serio. El diálogo y la colaboración entre empresarios y políticos son necesarios, pero cada quien en su sitio, pues todo en exceso hace daño.
El expresidente Peña tenía inversiones en un conglomerado empresarial vinculado a Ueno Bank. Aunque vendió sus acciones en 2025, durante su gobierno distintas instituciones públicas colocaron cuantiosos recursos en ese banco, incluyendo dinero de las pensiones. Otras empresas del mismo grupo obtuvieron importantes contratos estatales.
Para colmo, Peña nombró presidente del Banco Central a quien anteriormente había sido ejecutivo de la financiera que luego se convirtió en Ueno Bank.
Aunque corresponde a la justicia determinar las responsabilidades individuales, resulta evidente que existían serios conflictos de intereses y que era una ingenuidad pensar que estos no terminarían generando privilegios particulares ilegítimos.
Como lección debemos aprender que quienes participan en la política no deben tener vínculos tan fuertes con grupos privados particulares, pues como todo en la vida, “quien paga manda”, y se supone que a los funcionarios públicos solo los mande el pueblo, no sus socios, ni sus amigos, ni sus financiadores de campaña.
Y esto nos lleva a una de las reformas más importantes que tenemos pendientes en República Dominicana: regular el financiamiento de las campañas electorales. Es urgente reducir el costo de las campañas y limitar los montos de financiamiento de las mismas.
Porque eso de que determinados gastos son “pagados por el sector privado”, en algunos casos, puede significar que son “prestados por el sector privado, esperando una eventual devolución con intereses”.
La segunda lección es que una economía puede tener buenos números y, aun así, presentar graves debilidades institucionales que representan importantes riesgos.
Por más que los organismos internacionales elogien a un gobierno, la democracia necesita contrapesos que identifiquen riesgos y alerten sobre ellos. Cuestionar decisiones, señalar errores y denunciar irregularidades no es llevar la contraria ni buscar provecho político. Es cumplir una función indispensable.
El hecho de que técnicos de los organismos supervisores hayan alertado los problemas de Ueno Bank debió ser un escándalo mayor en Paraguay, y no lo fue.
Un adecuado contrapeso requiere de prensa independiente, universidades que investiguen, organizaciones sociales que cuestionen y partidos políticos que hagan oposición.
Se necesitan centros de pensamiento como Fedesarrollo en Colombia, donde profesionales de primer nivel contribuyen al debate público con investigaciones rigurosas y autonomía frente al poder. Se necesitan universidades como la Diego Portales en Chile, cuyo rector ha sabido realizar críticas ácidas a varios gobernantes de turno.
En definitiva, el progreso económico no se sostiene únicamente con buenos indicadores. También requiere instituciones fuertes y actores sociales que ejerzan libremente su papel de contrapeso. Y es que la democracia funciona mejor cuando el debate público se parece más al ágora de Atenas que al coliseo de Roma.
