Poco después del reciente anuncio del Banco Central Europeo de que no aceptará los bonos griegos como garantía en las operaciones de liquidez de las entidades financieras de esa nación si Atenas no cumple los compromisos asumidos con sus acreedores, el nuevo primer ministro del país heleno, el izquierdista Alexis Tsipras, declaró ante el parlamento que “Grecia no aceptará más órdenes, especialmente órdenes recibidas por correo electrónico”.
Al propio tiempo, el jefe del gobierno griego reiteró su compromiso de “poner fin de una vez por todas” a las políticas de austeridad impuesta por la “troika” (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y negociar un nuevo acuerdo para su país que implique un alivio de la pesada carga de su deuda externa.
“Grecia ya no es el socio miserable que escucha las lecciones para hacer sus deberes. Grecia tiene su propia voz”, dijo Tsipras en forma resuelta.
Apenas unos días antes de esas declaraciones se produjo en Berlín un encuentro entre los ministros de finanzas de Alemania, el democristiano Wolfgang Schuäble, y el de Grecia, Yanis Varufakis. En esa reunión Varufakis criticó duramente el diseño del programa de rescate impuesto a Grecia, porque comete el “grave error” de abordar la situación como un problema de liquidez cuando se trata de una situación de solvencia, al tiempo de pedir protección para “la frágil flor de la democracia”, amenazada por aquellos que dicen que “las elecciones no cambian nada”.
Sin inmutarse, Schuäble le recordó a Varufakis que los problemas económicos de Grecia no los provocó Europa, al tiempo de reclamar el cumplimiento de lo pactado como condición para el rescate financiero.
“Respeto los resultados electorales. El problema es cuando se hacen promesas que no son realistas a costa de terceros, dijo el ministro alemán, quien no dejó de recordar que él también tiene un electorado ante el cual responder.
Como si le estuviera respondiendo al ministro de Finanzas de Alemania, país que tiene en su poder gran parte de la deuda griega y que junto con la “troika” ha llevado la voz cantante en la elaboración de los denominados planes de estabilización que les han sido impuestos a los países europeos con problemas a cambio de ayuda financiera, así como en la vigilancia del cumplimiento de los mismos, Tsipras dijo en su discurso ante el parlamento que su gobierno no tiene por qué insistir en la aplicación de políticas que han tenido efectos desastrosos y que no dará marcha atrás en la aplicación del programa de gobierno por el que mayoritariamente se inclinó el electorado heleno. “Todos pueden estar seguros-subrayó-, de que este gobierno hará lo que dice, lo que impone la historia de este país”.
Lo anteriormente descrito sirve para dar una idea más o menos precisa de cómo están planteadas actualmente las relaciones entre la Unión Europea y Grecia, luego de las elecciones que llevó al poder en este país a la Coalición de Izquierda Radical (Siryza), que ha asumido una postura de franco desafío a la autoridad de los organismos comunitarios y que equivale prácticamente a una declaración de emancipación, tras seis años de estricto control de todos los hilos de la economía del país por parte de los mismos.
Las cosas lucen planteadas de tal forma que no parece haber una tercera posibilidad: o la UE flexibiliza su política hacia Grecia o el país heleno se sale del euro. El nivel de resolución que ha exhibido el gobierno que encabeza Tsipras y el compromiso reiterado ante el pueblo con la aplicación de su programa de gobierno convierten una eventual marcha atrás en un suicidio político, por lo que esto último queda descartado.
Ahora bien, cualquiera de las dos salidas tendría serias repercusiones. La primera implicaría una quiebra de la autoridad de los organismos europeos y del FMI, que tendrían que vérselas con exigencias de trato igualitario de otros miembros de la Unión que han tenido que someterse a las mismas políticas draconianas de la “troika” como condición para recibir asistencia financiera, mientras que la segunda asestaría un duro golpe al sistema monetario europeo, severamente cuestionado actualmente en muchos de los 19 países que forman parte de la moneda única. Tal es el dilema ante el cual se encuentra actualmente Europa.
Aunque desde distintos organismos comunitarios se ha pretendido vender la idea de que la eurozona está preparada para afrontar la salida de Grecia, cuyo PIB sobre la Unión es de apenas el 2%, lo cierto es que el riesgo de un efecto contagio son altos, con los altos costos que esto pudiera tener derivados de la penalización en bolsas, fondos, deudas, etc., por parte de los inversores.
La economía griega entró en graves dificultades en el 2004, cuando el déficit alcanzó el 6 % del PIB y la deuda se ubicó en algo más del 100%. En el 2005 la Comisión Europea estableció un mecanismo de control fiscal y en el 2009 el gobierno griego tuvo que solicitar un rescate financiero para evitar caer en cesación de pagos. Como condición para acceder a dicho rescate, la “troika” le impuso a Grecia un plan de estabilización consistente en severísimas medidas de ajuste económico (reducción brutal del gasto público a través del desmonte del sistema de seguridad social y el despido de miles de trabajadores de la administración pública), y la creación de nuevos impuestos al consumo.
Bajo el alegato de que Grecia había ocultado la verdadera magnitud del déficit presupuestario, se le impuso al país un severo sistema de vigilancia de la ejecución del plan de estabilización, que pasaba por una auditoría en tiempo real de cada decisión del gobierno heleno. Esto llevó al presidente de entonces, Yorgos Papandreu, a decir en un discurso ante el Parlamento el 1 de febrero de 2010 que “Desgraciadamente, Grecia está hoy bajo vigilancia, bajo tutela. Hemos alcanzado el punto donde perdimos parte de nuestra soberanía nacional. Pero también los mercados internacionales están jugando con nuestro destino. La condición para que nos liberemos de esta tutela es que logremos instaurar orden en este país”.
A once años del estallido de la crisis y a seis desde que le fue impuesto el plan de estabilización, ese orden no se ha podido alcanzar. La economía ha tenido crecimiento negativo y, además de la humillación que puso en evidencia el presidente Papandreu en el mencionado discurso, el pueblo griego ha tenido que soportar un altísimo nivel de desempleo (27 %), dramáticas dificultades para acceder a los servicios de salud (tres millones de personas fueron excluidas de la sanidad pública), recortes salariales y de la edad de retiro, así como un recorte en las pensiones. En cinco años el país helénico perdió el 25% de su PIB, mientras que la pobreza subió al 35%.
Lo más indignante para el pueblo griego es constatar que todo el sacrificio que se le ha impuesto y la humillación que suponen las constantes idas y venidas de los comisarios europeos a cargo de vigilar el cumplimiento del plan de rescate, solo han servido para pagar la deuda, que actualmente alcanza el 175% del PIB. Las 30 huelgas generales que han tenido lugar en los últimos cuatro años (7.5 por año, esto es, más de una cada dos meses) no han servido para flexibilizar en lo más mínimo la posición de Europa frente a este país. La estrategia del miedo ha sido la respuesta ante estos reclamos: fuera de la eurozona y de la Unión sería peor.
Tal situación tenía necesariamente que repercutir en la política. La presión popular obligó a Yorgos Papandreu a renunciar como primer ministro. Las dos organizaciones que desde 1974 se alternaban en el gobierno, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) y el Partido Nueva Democracia (ND), tuvieron que coaligarse para retener el poder y cerrarle el paso a Siryza, que se constituyó en el 2004 y que desde entonces venía capitalizando el descontento generado por la grave crisis económica. En las elecciones de junio de 2012 el PASOK y el ND, con el apoyo de Izquierda Democrática o DIMAR, lograron imponer a Antonis Samarás como primer ministro. Pero en las elecciones celebradas el 25 de enero pasado, Siryza obtuvo una contundente victoria al conseguir el 36% de los votos y 149 escaños de un total de 300, quedando a tan solo dos de la mayoría absoluta. Los demás puestos se repartieron de la siguiente forma: Nueva Democracia, 76 escaños (27,8%); Amanecer Dorado, un partido fascista cuyos principales líderes actualmente guardan prisión por la comisión de distintos delitos, 17 escaños (6,2%); To Potami, un partido formado en marzo de 2014 por el periodista de televisión Stavros Theodorakis, también 17 escaños; Partido Comunista, 15 escaños (5,4 %); Griegos Independientes, un partido derechista, 13 escaños (4,7), al igual el PASOK.
En otras palabras, Siryza logró desbancar en tiempo record el bipartidismo griego que tenía más de 40 años. Tras su triunfo electoral, esta organización consiguió mayoría en el parlamento para formar gobierno y llevar al puesto de primer ministro a Alexis Tsipras pactando con los conservadores de Griegos Independientes.
El programa de gobierno que Siryza vendió como “innegociable” al electorado griego consta de tres pilares:
1.- Confrontar la crisis humanitaria (proveer electricidad gratuita a 300 mil hogares que actualmente se encuentran por debajo de la línea de la pobreza; proveer de un subsidio de alimentación a 300 mil familias sin ingresos; otorgar una ayuda para la vivienda a las familias pobres equivalente a 3 euros por metro cuadrado, en apartamentos de 30, 50 y 70 metros; aumento a 700 euros de la pensión mínima; servicios médicos gratuitos para 350 millones de desempleados, y un bono gratuito para uso del transporte público a favor de los desempleados de larga duración y para aquellos que se encuentren por debajo de la línea de la pobreza).
2.- Relanzar la economía y promover la justicia fiscal (eliminación del impuesto sobre inmuebles; exención fiscal de los ingresos anuales inferiores a 12 mil euros; creación de un banco público de crecimiento con un aporte al capital inicial de mil millones de euros; creación de un instituto de gestión de la deuda privada; prohibición de los desahucios en la primera vivienda si ésta está valorada en menos de 300 mil euros; aumento del salario mínimo a los niveles anteriores a la crisis, o sea, 751 euros al mes.
3.- Recuperación del empleo (creación de 300 mil nuevos puestos de trabajo con una inversión de 3 mil millones de euros).
4.- Transformación del sistema político para profundizar la democracia (fortalecer la transparencia, incentivar la participación ciudadana, eliminar las restricciones a la responsabilidad de los ministros, etc.).
El costo estimado de la implementación de las medidas contenidas en el programa de gobierno es de 11 mil 382 millones de euros, mientras que los ingresos llegarían a los 12 mil millones de euros como consecuencia de la renegociación de la deuda, el aumento de los impuestos a los más ricos, la persecución del fraude fiscal y la reorientación de fondos europeos, entre otras medidas.
El gobierno griego ha solicitado a Europa un programa puente hasta finales de mayo para redactar un nuevo rescate financiero con prioridades distintas al actual. La idea es aliviar la carga de la deuda, condicionando su pago al crecimiento de la economía. Pero la respuesta ha sido negativa, dando lugar a un intenso forcejeo cuyo desenlace nadie está en condiciones de predecir. Para mediados del presente año está pautado un nuevo desembolso conforme al programa acordado, indispensable para evitar la cesación de pagos.
El pulseo entre un país pequeño y en crisis con la todopoderosa “troika” luce a simple vista una locura mayor. Sin embargo, Grecia representa en el fondo el sentir de muchos países comunitarios inconformes con el desequilibrio de poderes dentro de la Unión, al quedar sometidas todas las instancias europeas a los dictados de Berlín.
El euroescepticismo crece a gran velocidad en Europa, sobre todo por los resultados negativos de la gestión de la crisis. La economía de la eurozona, que en el año pasado creció apenas un 0,7%, se prevé que para el 2015 lo haga en tan solo 1,5 por ciento.
Con un estancamiento tal de la economía es imposible prever cambio sustancial alguno en la suerte de millones de personas actualmente sin empleo, que perdieron sus viviendas, que no cuentan con acceso a la salud, en fin, que viven en situación de gran estrechez económica.
De no producirse un cambio de rumbo en la región, sin duda seguirá profundizándose la revolución en el sistema político actualmente en marcha en distintos países europeos, lo que quiere decir que los pueblos inconformes impondrán desde abajo transformaciones radicales de las políticas comunitarias y de las propias estructuras de la unión. Todo está en juego aquí, hasta la existencia misma de la comunidad, sin la cual el peso político de Europa en el mundo quedaría reducido a la mínima expresión.
Lo ocurrido en Grecia y las posiciones desafiantes hoy asumidas por un gobierno con un inequívoco mandato de su pueblo son, pues, solamente el inicio de un viraje radical prácticamente inevitable en el rumbo del viejo continente.
