En diciembre pasado los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, anunciaron en discursos simultáneos desde Washington y La Habana el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, poniendo fin a más de 50 años de enfrentamientos y sanciones.
Explicando el por qué de su decisión, Obama dijo poco después a una cadena de televisión norteamericana que las medidas adoptadas por su país contra Cuba no funcionaron durante más de medio siglo y que “si nos involucramos tendremos la oportunidad de influir en el curso de los acontecimientos…”
El mandatario estadounidense seguía así los consejos de Hillary Clinton, quien le recomendó, mientras se desempeñaba como su secretaria de Estado, relajar el embargo a Cuba hasta eliminarlo, porque no estaba consiguiendo sus objetivos. Así lo confiesa la señora Clinton en su libro de memorias “Hard Choices” (Decisiones Difíciles), publicado en junio del año pasado, donde argumenta que el bloqueo solo ha conseguido truncar los objetivos económicos de la isla e imponerse en la agenda de América Latina para perjuicio de la política exterior estadounidense.
La región latinoamericana ha experimentado un giro espectacular hacia la izquierda, estando los gobiernos de casi todas las naciones del sur, las más pobladas, extensas y de mayor peso económico, en manos de gobiernos progresistas. En este contexto, hasta la derecha latinoamericana se ha ido haciendo cada vez más moderada, lo que ha facilitado un tipo de colaboración a lo interno que la cohesiona y la hace más independiente y poderosa.
Expresiones concretas de este proceso que se extiende ya por década y media, son organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), mecanismos de colaboración concebidos para el diseño de políticas de colaboración y la identificación de objetivos comunes, que en la práctica permiten a la región actuar con espíritu de cuerpo y hacen de contrapeso al enorme poder del vecino del norte.
Estados Unidos ha perdido influencia en la región y casi todos sus esfuerzos después del fracaso de su iniciativa para la creación del Área de Libre Comercio para las Américas han estado dirigidos a hostigar de alguna forma a gobiernos de izquierda que son el resultado de procesos legítimos: Venezuela, Bolivia, Honduras y Ecuador.
La posición del gobierno de los Estados Unidos frente a los reclamos de Argentina por las sucias maniobras de los denominados “fondos buitre”, que merecieron la condena del mundo entero y que obligaron a la discusión en el seno de Naciones Unidas de una iniciativa para limitar los abusos de la especulación financiera, puso seriamente en entredicho la capacidad de la administración norteamericana de proceder sin sesgos políticos ante situaciones que involucran a naciones cuyos gobiernos no gozan de sus afectos. Todo esto ha contribuido al aislamiento de Estados Unidos en la región.
En este contexto, América Latina ha ido desarrollando relaciones altamente ventajosas con naciones como China y Rusia que sirven de modelo para el reclamo de un tipo de intercambio económico que respete la soberanía y autodeterminación de los pueblos y que esté libre de condicionamientos políticos.
El giro en la política hacia Cuba impulsado por el presidente Obama en el marco de esta peculiar situación fue recibido con júbilo no sólo en la región, sino también en el resto del mundo. El restablecimiento de las relaciones con la isla despertó la esperanza de un relanzamiento de las relaciones de Estados Unidos con toda Latinoamérica.
Planteadas así las cosas, el siguiente paso fue asegurar la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas a celebrarse en abril próximo en Panamá, donde Barack Obama y Raúl Castro sostendrían su primer encuentro formal, simbolizando así la superación de un largo período de enfrentamiento estéril y el inicio de una nueva era en la relación del gran país del norte con sus vecinos del sur.
Expectativas similares se despertaron en la V Cumbre de las Américas celebrada en el 2009 en Trinidad y Tobago, cuando el primer presidente negro de Estados Unidos, entonces recién instalado en la Casa Blanca, habló de impulsar unas relaciones “de iguales” con América Latina.
“Si bien Estados Unidos ha hecho mucho a favor de la paz y la prosperidad en el continente, a veces también nos hemos desentendido o hemos tratado de dictar nuestras condiciones. Les prometo que yo busco una alianza entre iguales”, dijo el presidente a sus colegas. Eran los tiempos en que Lula se refería despectivamente a una crisis económica mundial “causada por gente blanca de ojos azules” y Hugo Chávez trataba a George W. Bush como al hombre con hedor a azufre. Obama marcaba distancia de su impopular antecesor planteando el reencuentro de Estados Unidos con una Latinoamérica desconfiada y muy decepcionada.
Panamá, pues, ofrecía una nueva oportunidad. Sin embargo, un día después de dar el primer paso hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, el presidente Obama firmó la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014”, que impone sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro acusados de violar los derechos humanos en las manifestaciones que tuvieron lugar en febrero de ese año en protesta por el alto costo de la vida, la escasez de productos de primera necesidad y el deterioro de los servicios públicos.
Como se recordará, esas manifestaciones dejaron un saldo de 43 de muertos, la mayoría pro oficialistas, cuantiosos daños materiales y cerca de 3,500 detenidos. Algunos de los responsables de los disturbios fueron sometidos a la justicia. En total suman 41 los que aún permanecen detenidos, incluyendo al ex alcalde del municipio Chacao de Caracas, Leopoldo López. El gobierno de Nicolás Maduro denunció una conspiración de la derecha para derrocar su gobierno con el respaldo Estados Unidos.
Justo al conmemorarse un año del estallido de las protestas de 2014, volvieron las manifestaciones a Venezuela, teniendo ahora como telón de fondo una crisis económica agravada por los bajos precios del petróleo, el principal producto de exportación del país. El gobierno ha denunciado un intento de golpe de Estado, al tiempo de tomar enérgicas medidas para sofocarla, incluido el apresamiento de elementos de la oposición política vinculados a las mismas.
El pasado 11 de marzo, el presidente Obama emitió una Orden Ejecutiva declarando “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela”. Junto con la decisión se anunció también la imposición de sanciones contra siete altos responsables de seguridad y justicia del país sudamericano.
Prácticamente toda América Latina ha censurado las medidas adoptadas por el gobierno de Obama contra Venezuela, quien sigue en este caso el mismo guión de sus antecesores frente Cuba, de la misma forma que la oposición política al gobierno de Maduro observa el mismo comportamiento intransigente del exilio cubano frente al gobierno revolucionario.
El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, resumió con su peculiar estilo lo que ha sido la experiencia de toda la región: “Siempre que se meten desde fuera es para peor. Estados Unidos se mete en todos lados. La novedad sería que no se metiera, me dejaría estupefacto”, dijo el exguerrillero, al tiempo de advertir que Venezuela, que no tiene armas estratégicas, está muy lejos del territorio del país norteño para ser una amenaza a su seguridad.
Viendo los hechos sin apasionamiento alguno, es posible que el gobierno de Maduro haya cometido algunos excesos al reaccionar contra las protestas, lo cual ocurre con frecuencia en todas partes del mundo. Pero no deja de ser una realidad que la oposición venezolana ha sido recurrente al ignorar el marco democrático en su accionar contra el gobierno.
Aunque los detractores de Maduro pretenden ridiculizarlo diciendo que el gobernante ve imperialismo y conspiración hasta en la sopa, lo cierto es que Estados Unidos ha estimulado y apoyado la radicalización de la oposición contra un gobierno que no deja de ser legítimo por más torpe que haya sido en el manejo de la economía. Ese ha sido el comportamiento de Estados Unidos con respecto a Venezuela desde que se inició el proceso de cambios, con crisis económica y sin ella. Nadie en América Latina olvida el rol decisivo jugado por Washington en el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, revertido gracias al hecho de que sus autores materiales no se atrevieron a ponerle a su pastel la guinda del magnicidio.
Nadie puede negar que en cualquier parte del mundo se reprimen con firmeza excesos del tipo cometido por los manifestantes venezolanos, que han utilizado armas, disparado contra civiles inocentes y agentes policiales, destruido propiedades e instalaciones públicas. Nada de eso es un invento.
Cuando los habitantes de Ferguson, Estados Unidos, salieron a las calles a protestar llenos de ira contra lo que entendían eran abusos policiales cometidos por sentimientos tan bajos como el odio racial, la Guardia Nacional fue enviada para que enfrentara las protestas sin contemplaciones. Los habitantes de la pequeña localidad de Misuri fueron testigos de un despliegue de armamentos, incluyendo vehículos blindados, pocas veces visto en el marco de acciones policiales de ese tipo.
Los manifestantes de Ferguson ni perseguían derrocar el gobierno ni contaban con respaldo extranjero. Y más aún, el propio presidente Obama, luego de conocer un informe del Departamento de Justicia en el que se asegura que la policía de la localidad de Ferguson violó sistemáticamente los derechos de los negros que allí residen, declaró que la labor del movimiento por los derechos civiles aún está inconclusa, con lo cual reconoció la legitimidad de las protestas.
Pese a eso, a nadie en el mundo se le ha ocurrido declarar como una amenaza a su seguridad las tensiones raciales en Estados Unidos o decretar sanciones contra autoridades policiales y judiciales con algún grado de responsabilidad en hechos tan graves como los que las propias autoridades admiten que ocurrieron.
Desde el punto de vista político la decisión del presidente Obama con respecto a Venezuela fue también un error. Los mismos argumentos que tanto él como la señora Clinton utilizaron para declarar inútil el bloqueo contra Cuba aplican para este caso, con similar manejo desde hace ya quince años.
Con semejante decisión se dificulta el diálogo del oficialismo con la oposición y con el propio gobierno estadounidense, que se reafirma como parte del conflicto, además de que se complican enormemente las relaciones con la región. De paso se le da un especial matiz a la denuncia del gobierno venezolano sobre la naturaleza conspirativa de las protestas, relegando a un segundo plano el tema de las reivindicaciones.
La Cumbre de las Américas del próximo mes en Panamá difícilmente será lo que muchos entendieron que podía ser luego de las decisiones adoptadas por Obama con respecto a Venezuela, que estaría heredando el lugar que ocupó la isla en América Latina durante casi la totalidad del período de la Guerra Fría y durante más de dos décadas después de la caída del muro de Berlín.
Obama no ha podido cumplir sus promesas fundamentales de campaña, lo cual explica el descontento del pueblo norteamericano que se expresó en las pasadas elecciones de medio término. Ahora, con ambas cámaras del Congreso en manos de los republicanos y, por tanto, con poco margen de maniobra para lograr metas importantes a lo interno, el presidente centra su atención en la política exterior para intentar dejar algún legado al país. Pero los republicanos, después de boicotear o mediatizar iniciativas del ejecutivo como las reformas de salud y migración, le montan ahora a la Casa Blanca una política exterior paralela como lo evidencia la actitud del Congreso con respecto a las negociaciones con Irán, que ha llegado al extremo de ofrecerle al primer ministro de Israel la cancha del Capitolio para que critique la política de la Casa Blanca hacia Irán y de dirigir una carta a las autoridades del país persa advirtiéndoles que cualquier acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear podría ser anulado en el futuro.
Con serias complicaciones en el tablero de la política exterior, como lo evidencian las contradicciones con Israel, su aliado fundamental en Oriente Medio, la amenaza que representa el Estado Islámico, la situación de indefinición en Siria, la inestabilidad en Libia y el pulseo con Rusia por Ucrania, Obama ha intentado un golpe de efecto poniéndole fin a un anacronismo de la Guerra Fría e intentado construir al mismo tiempo un puente con América Latina.
Sin embargo, las medidas adoptadas posteriormente contra Venezuela, con las que obviamente se pretende calmar las críticas de los sectores más conservadores que acusan a Obama de tratar con guantes de seda a los enemigos de Estados Unidos, restan valor a la decisión que corrige un error histórico y ponen en entredicho la calidad de los criterios que la inspiran.
A la región no le ha tomado mucho tiempo advertir que una guerra fría sustituye a la otra. Y ha reaccionado como lo ha hecho durante décadas frente al inadmisible bloqueo contra Cuba: condenando el hecho en forma unánime y contundente.
