El informe de la misión técnica de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó recientemente República Dominicana y Haití “con el fin de conocer la situación de la frontera entre los dos países” es irresponsablemente ambiguo, contradictorio y sumamente venenoso para los intereses de la República Dominicana.
En su descripción de los antecedentes, los integrantes de la misión omiten el dato clave de que fue República Dominicana quien sugirió su conformación a fin de que se pudiera comprobar sobre el terreno la falsedad de las acusaciones que Haití venía formulando insistentemente contra el país de provocar la emigración forzosa de miles de “ciudadanos dominicanos desnacionalizados” y de violar masivamente los derechos de ciudadanos de ascendencia haitiana en situación migratoria irregular.
Según el representante de Haití ante la OEA, Desmond Bocchit, la policía dominicana estaba empleando bandas de criminales para intimidar a los haitianos en situación migratoria irregular y obligarlos así a salir despavoridos del país, llegándose a registrar, según él, casos de agresión a palos a mujeres embarazadas.
Al intervenir ante el Consejo Permanente de la organización internacional, el ministro haitiano de Exteriores, Lener Renauld, dijo que las autoridades dominicanas habían “soltado sobre la frontera como a perros” a miles de personas que ni hablan el idioma ni conocen el país.
“Estamos en presencia de una crisis humanitaria”, dijo enfáticamente.
Para esclarecer tan graves acusaciones y limpiar su nombre fue que República Dominicana solicitó la colaboración de la OEA. Sin embargo, la misión evade fijar posición al respecto, aunque del contenido descriptivo del informe se desprende que no pudo recoger evidencias de las violaciones masivas a los derechos humanos de que se habló ni de las deportaciones forzadas.
La misión tampoco pudo recoger evidencia alguna de que los llegados a Haití “como perros” eran gentes que ni hablaban el idioma ni conocían el país.
En otras palabras, la misión pudo constatar que el gobierno haitiano mintió de forma irresponsable y deliberada al acusar a la República Dominicana de hechos gravísimos, una circunstancia que debió constar en el informe en atención a la petición dominicana y como forma de hacer justicia ante los daños que la campaña de denuestos ha provocado a su imagen en el mundo.
El informe “reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República Dominicana en la implementación de una política migratoria”, pero evita dejar constancia en forma expresa de que producto de esa política decenas de miles de extranjeros tienen ya un estatus legal, lo cual es una gran contribución de nuestro país a la mejoría de la situación de esas personas en su territorio. Acto seguido, sin embargo, la misión le clava un dardo en la espalda al país al asegurar que en virtud de esa política migratoria “se han producido movimientos de personas más allá de sus fronteras”, pero sin establecer las causas de esos movimientos, que todo el mundo sabe que han sido voluntarios. Establecer la verdad sobre eso era su misión fundamental. Fue la petición dominicana, hecha a la organización con todo el derecho en su calidad de miembro.
El que se produzcan “movimientos de personas” más allá de las fronteras de un Estado que acaba de aplicar un amplio programa de regularización de extranjeros no necesariamente entraña la comisión de algún delito. Más aún, es normal que eso ocurra, porque por lo general la regularización no abarca a la totalidad de los extranjeros “sin papeles”, sino a aquellos con mayor arraigo, quedando el resto sujeto a deportación. En el caso dominicano muchos de los que no calificaron para optar por regularizarse decidieron retornar voluntariamente a su país.
Debe quedar claro que hubo movimiento voluntario de personas hacia Haití, específicamente. No más allá de “las fronteras”, como dice el informe de manera imprecisa, dando la impresión de que nuestro país está expulsando gente en todas las direcciones.
La misión “reconoce que la República Dominicana tiene derecho, como país soberano, de establecer e implementar su propia política migratoria”. Indica, además, que también “las autoridades de Haití reconocen este derecho a República Dominicana”. Sin embargo, los técnicos de la OEA recomiendan al mismo tiempo “establecer un mecanismo de entendimiento, en el marco de los estándares internacionales, que permita el traslado de personas entre ambos países”, para lo cual sugieren un encuentro entre las dos partes “en el lugar más apropiado y aceptado por las partes”.
En otras palabras, la misión reconoce las facultades soberanas de República Dominicana en materia migratoria, pero al mismo tiempo pretende que el país se siente a discutir con Haití los términos en que debe ejercer sus propias competencias. Se trata de un gran absurdo jurídico y una forma de pretender limitar la soberanía del Estado dominicano.
Además, los “estándares internacionales” que según la OEA deben servir de parámetro para un acuerdo en materia migratoria entre Haití y República Dominicana no existen en el Derecho Internacional, porque los asuntos migratorios caen en el ámbito de regulación de las leyes internas de los Estados.
Es importante resaltar que la misión de la OEA habla de la necesidad de un entendimiento “que permita el traslado de personas entre ambos países”. Quiere decir que el organismo regional pretende que República Dominicana discuta con otro país las normas que regulen tanto la salida como el ingreso de extranjeros a su territorio, algo que no hace ningún país del mundo y con lo cual no se reconoce, sino que se desconoce nuestro derecho a establecer e implementar una política migratoria propia.
Es más que notorio que en el informe se evita adrede el uso del término deportación, que es el que se emplea para referirse al derecho que tienen los Estados a expulsar de su territorio a todos los extranjeros que ingresaren a él de manera irregular, una facultad que ejercen todos los estados del mundo y que solo está limitada por las normas que garantizan el derecho de las personas a un trato digno y que República Dominicana en todo momento se ha comprometido a respetar y ha respetado. Al presidente Barack Obama le llaman “el señor de las deportaciones” porque durante su gestión de gobierno han sido deportados hacia distintos países más de dos millones de “indocumentados”. Aunque no gustan esas deportaciones, nadie discute la facultad del gobierno estadounidense para realizarlas.
Por otra parte, cuando la OEA recomienda un encuentro entre las partes para supuestamente facilitar el entendimiento le está dando a las diferencias entre Haití y República Dominicana la categoría de diferendo internacional, lo que existiría si las dos partes tuvieran diferencias sobre el contenido y la aplicación de normas jurídicas concretas. Pero resulta que, como bien establece el propio informe, tanto la OEA como Haití reconocen el derecho de la República Dominicana de “establecer e implementar su política migratoria”, o sea, de promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada o la salida de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él.
En otras palabras, si la República Dominicana tiene derecho a deportar de su territorio a los que se encuentren en él de manera irregular, o sea, a todos los que ingresaron a él violando sus leyes migratorias, lo único que puede hacer Haití y la comunidad internacional es vigilar que esas deportaciones no violen los derechos de las personas deportadas. Quiere decir que entre Haití y República Dominicana realmente no existe ningún diferendo legal que amerite un encuentro como el que sugiere la OEA.
Haití pudiera no estar conforme con la posición dominicana. Pero las inconformidades, para ser exigibles legítimamente, deben tener algún fundamento jurídico. Todos los Estados deportan y aceptan ciudadanos en su territorio según su conveniencia.
Maliciosamente el informe de la misión habla de buscar “consensos y soluciones tomando en consideración los intereses de los ciudadanos de la isla”. Debe quedar claro que en la isla hay dos Estados, Haití y República Dominicana. No hay “ciudadanos de la isla”, jurídicamente hablando, sino nacionales de uno y otro estados.
Esto es importante porque el flamante secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, llegó a sugerir que República Dominicana se abra a la libre circulación de personas desde y hacia su territorio, en franca injerencia en asuntos que son internos del país y en violación a los principios que rigen la OEA conforme a su carta constitutiva.
Es una irresponsabilidad de marca mayor afirmar en un informe que se hace en nombre de una organización internacional interestatal “que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida”, pero sin decir por qué y quién sería el responsable de que semejante cosa ocurra. Naturalmente, todo el mundo entiende que ese riesgo se deriva de la posibilidad de que República Dominicana deporte a sus propios ciudadanos.
Cualquier persona poco versada en estos asuntos que lea semejante afirmación en un informe internacional sacará rápidamente la conclusión de que miles de personas están en situación de alto riesgo, por lo que se necesita de una intervención urgente para evitar que resulten afectadas. Sin embargo, teóricamente ese riesgo existe en cualquier Estado, porque hasta por error se pudiera producir una deportación en forma injusta.
Es evidente que con tal afirmación se pretende evitar que República Dominicana haga uso, como lo hacen todos los estados, del derecho a deportar a los extranjeros en situación migratoria irregular. Pero, de todas formas, la afirmación desmiente la acusación hecha por Haití contra República Dominicana de estar deportando dominicanos desnacionalizados hacia su territorio, porque el riesgo de que se produzca un hecho no es igual al hecho consumado.
Finalmente la OEA se ofrece para facilitar el diálogo entre los dos países, algo que República Dominicana ha rechazado de plano, con absoluta razón. Primero, porque las atribuciones soberanas no se negocian, se defienden. Segundo, porque entre Haití y República Dominicana, como hemos dicho, no existe litigio alguno. Y, tercero, porque la OEA se ha auto descalificado como posible mediadora.
Como es sabido, el secretario general de la organización, señor Luis Almagro, llegó al extremo de cuestionar la existencia de dos países en la isla de Santo Domingo en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.
En esa oportunidad, el diplomático dijo, refiriéndose a la premura con que se trabajaba el informe de la misión que ya había concluido su visita a los dos países, que “no podemos atrasarnos en estos temas fundamentales de derecho y vida de la gente, por lo tanto debemos abordarlo con bastante urgencia”.
Como se advierte, el señor Almagro sugería sutilmente la violación de los derechos humanos de los inmigrantes por parte de República Dominicana, algo que la misión no pudo constatar sobre el terreno y que no refleja en su informe.
La República Dominicana se dirigió a la OEA para frenar una campaña sucia que Haití venía haciendo en su contra, como ya dijimos. Pero en vez de actuar en beneficio del establecimiento de la verdad, el señor Almagro, secretario general de la organización, terminó sumándose a esa campaña. Algo sumamente grave e inadmisible.
La OEA ha demostrado ser un instrumento inservible como mecanismo para la promoción de las buenas relaciones entre los estados. Los cuestionamientos a su idoneidad por parte de los gobiernos de la región son amplios y su decisión de conformar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha sido la respuesta frente a sus falencias.
Lo menos que podemos hacer los dominicanos es descartar la mediación de semejante esperpento, que ya sabemos tiene una posición contraria a los intereses del país, y de denunciarla ante la comunidad internacional sin vacilaciones.
De todos modos, el informe de la misión de la OEA desmiente a Haití y a su propio secretario General. Desde ese punto de vista República Dominicana ha obtenido una importante victoria diplomática, que se suma a la obtenida cuando el propio embajador de Haití en República Dominicana, Daniel Supplice, acusó a las autoridades de su país de mantener una actitud irracional e irrazonable frente a su vecino, admitiendo que “nosotros somos los responsables de lo que hoy sucede con nuestros compatriotas” por ser incapaces de dotarlos de un acta de nacimiento “que compruebe que ellos existen” y para que pudieran aprovechar el plan de regularización implementado por nuestro país. A esto se sumó también el desmentido de la embajadora de Estados Unidos en Puerto Príncipe de la versión difundida por las autoridades haitianas sobre la existencia de una crisis humanitaria causada por supuestas deportaciones masivas realizadas por la República Dominicana.
Todo esto crea un ambiente propicio para el lanzamiento de una gran ofensiva diplomática basada en el derecho que tiene la República Dominicana de establecer e implementar su propia política migratoria y en la necesidad de que la comunidad internacional adopte medidas para ayudar a Haití a salir de la delicada situación en la que se encuentra.
