Jimmy Morales, un comediante que ni siquiera aparecía en las encuestas hasta el mes de abril, obtuvo una contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones celebradas en Guatemala el pasado 7 de septiembre, en medio de una grave crisis política que sacó del poder al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos actualmente encarcelados bajo la acusación de cometer gravísimos actos de corrupción.
Habiéndose computado el 98% de los votos, Morales, postulado por el Frente de Convergencia Nacional (FCN), contaba a su favor con el 24% de los votos, seguido por Sandra Torres, la ex esposa del ex presidente Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con un 20%. El tercer lugar era para Manuel Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), a quien Torres logró superar por tan solo 3,000 votos.
Una encuesta publicada el 4 de junio mostraba puntero a Baldizón con el 45,6% de los votos, seguido de Torres, con el 10,2%. Jimmy Morales, por su parte, aparecía ya en la tercera posición con tan solo el 6% de las simpatías.
Como puede apreciarse, la política guatemalteca experimentó un cambio de 360 grados en tan solo tres meses. Y esto debido a los escándalos de corrupción destapados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente de carácter internacional creado en agosto de 2007 mediante acuerdo con Naciones Unidas, con la finalidad de “apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos”.
Al frente de esta especie de fiscalía internacional, sin precedentes en Naciones Unidas, se encuentra desde finales de 2013 el colombiano Iván Velásquez, quien logró reconocimiento internacional tras coordinar hasta agosto de 2012 la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Colombia, responsable de investigar la relación entre miembros del congreso y los grupos paramilitares. Producto del trabajo de esta Comisión fueron procesados y encarcelados más de 50 congresistas vinculados con diversos crímenes cometidos por el paramilitarismo.
En un país como Guatemala, de instituciones cooptadas por el crimen organizado, sacudido permanentemente por la violencia de todo tipo y secuestrado por una clase política que ha hecho de la depredación su modus vivendi, solo un organismo como el CICIG, con el apoyo decidido de la población, podía enfrentar y doblegar a un gobierno sustentado por una fuerza política con gran influencia en el sector militar y los grupos de poder económico. Más aún, solo la firmeza de un organismo amparado en un estatus internacional especial y la contundencia de sus acusaciones podían lograr que un pueblo como el guatemalteco, obligado a ser cauteloso por los regímenes de fuerza que ha conocido a lo largo de su historia y los 36 años de guerra (1960-1996), que dejaron un saldo de más de 200 mil muertos, pasara de la resignación ancestral a la indignación militante.
Ahora bien, ¿por qué los escándalos de corrupción, que comenzaron a destaparse en el mes de abril, provocaron un cambio tan inesperado en los resultados de las elecciones, si el partido oficialista, el Partido Patriota, estaba fuera de competencia?
Las manifestaciones protagonizadas prácticamente a diario durante cuatro meses (la primera protesta se produjo el 25 de abril) pusieron en evidencia el hartazgo y los altos niveles de sensibilidad del pueblo guatemalteco a los desaciertos e inconductas de los políticos. Y es lógico que esto haya afectado sobre todo al candidato de Líder, provocando su caída de la primera a la tercera posición, porque la gente terminó percibiéndolo como el más genuino representante de los grupos que por décadas se han repartido la nación “a dentelladas”. Poseedor de una fortuna de origen dudoso, a Baldizón se le atribuyen hasta vínculos con el narcotráfico.
Pero, probablemente lo más significativo aquí es que su acompañante en la boleta como candidato vicepresidencial, Edgar Barquín, fue acusado el 15 de julio por la CICIG de pertenecer a una organización criminal de lavado de dinero y otros activos, que en los últimos años habría blanqueado decenas de millones de dólares. A Barquín, ex presidente del Banco de Guatemala, se le acusó, además, de haber violado la ley de financiación de los partidos políticos.
En adición a esto, Baldizón cometió el error de entrar en polémica pública con Iván Velásquez, prometiendo que lo destituiría en caso de ganar las elecciones.
Los indignados guatemaltecos apoyaron en todo momento al Comisionado de la CICIG, contribuyendo a volcar toda la repulsión generada por los desmanes del gobierno de Otto Pérez Molina, además, hacia el partido Líder y sus candidatos. Haciendo acto de presencia en muchas actividades proselitistas, grupos de inconformes provocaron fuertes enfrentamientos y alteraron la agenda de campaña de la organización opositora. Además, boicotearon su propaganda y ridiculizaron su lema de campaña (¡Guatemala, te toca!) en las redes sociales. A todo esto se sumó el montón de errores cometidos por Baldizón a lo largo de la contienda.
En este contexto, Sandra Torres logró escalar desde junio unos diez puntos en las preferencias del electorado. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron afectadas por el descrédito del tradicionalismo político al que mucha gente la asocia. De alguna manera la persiguió el antecedente de su divorcio al vapor para poder presentarse como candidata presidencial en las elecciones de 2011. La constitución guatemalteca se lo prohibía a familiares y parientes del presidente de turno, razón por la cual el Tribunal Superior Electoral se negó a inscribir su candidatura, una decisión que posteriormente respaldó la Corte de Constitucionalidad.
Además, Barquín fue miembro del gabinete del gobierno de Álvaro Colom y formó parte del equipo de campaña de la UNE.
Todos estos factores se conjugaron para promover a la primera posición en las preferencias del público al más insípido, al menos político de los candidatos, un cómico sin ninguna experiencia de estado, postulado por una organización de poco peso político fundada por ex militares que reivindicaban su rol en el conflicto armado guatemalteco.
Jimmy Morales fue, pues, el beneficiario de una coyuntura que él no contribuyó a crear.
¿Cómo evolucionarán las cosas en lo adelante?
En Guatemala el sistema político acaba de recibir una fuerte estocada, en gran medida estimulada por el propio Iván Velásquez, que acusó sistemáticamente a los partidos de ser financiados por la corrupción y el crimen organizado en medio de una campaña electoral.
Lo que se inaugura a partir de ahora en el país más poblado de Centroamérica es la etapa de lo incierto. Las primaveras de la indignación o como se les quiera llamar a lo que ha acontecido en países como Tunes, Yemen, Libia, España, Siria o Ucrania, han sido capaces de modificar las relaciones de poder y de afectan los sistemas políticos, pero la indignación, el motor de los cambios, casi nunca ha logrado expresarse en fórmulas de renovación acordes con sus orígenes.
En Egipto los indignados que reclamaban más democracia lograron desalojar del poder al presidente Hosni Mubarak. Pero las elecciones que se organizaron inmediatamente después las ganó Mohamed Mursi, el candidato de los Hermanos Musulmanes, que no resultó del agrado ni de los sectores tradicionales de poder, ni del gobierno de Israel que abiertamente acusó a Occidente de traicionar a un aliado como Murabak.
La delicada situación provocada en Egipto y la región por el triunfo electoral de los Hermanos Musulmanes se intentó salvar nada más y nada menos que con un golpe de Estado que Occidente apoyó. Morsi fue apresado y condenado a muerte, al igual que cientos de sus seguidores.
No se puede decir que Egipto sea más hoy más democrático que cuando Mubarak. Y en adición a sus problemas tradicionales, este país enfrenta hoy en su territorio el delicado problema del terrorismo.
En Libia los yihadistas lograron derribar el régimen de Gadafi, justo en el momento en el que éste pactaba con Occidente la reincorporación de su país a la comunidad internacional. Gadafi fue apresado y ejecutado, pero Libia continúa en el caos cuatro años después.
En Yemen miles de ciudadanos salieron a las calles en el 2011 para pedir la renuncia de Alí Abdullah Saleh, quien ya llevaba 33 años en el poder. El dictador se vio forzado a abandonar el poder, lo que terminó exacerbando las contradicciones entre los grupos tribales y provocando una guerra civil que se mantiene cuatro años después de la renuncia del presidente.
Tanto en Siria como en Ucrania las revueltas de los indignados desembocaron también en guerras civiles.
Casi todos los movimientos de los indignados fueron estimulados o manipulados después de sus inicios. Y en todos los procesos por ellos desatados han metido sus manos las grandes potencias.
Cuando la indignación estalló espontáneamente en países donde la modificación del statu quo no ha sido de interés de las grandes potencias, los reclamos no logaron provocar cambio alguno. Tales fueron los casos de Grecia y España, donde se produjeron decenas de movilizaciones, huelgas y protestas de todo tipo durante meses. En ambos casos la inconformidad tuvo que ser canalizada a través de la formación de partidos políticos alternativos, y a pesar de los altos niveles de aceptación y de sus victorias políticas contundentes, como la obtenida por Syriza en Grecia, no ha podido lograr mayores cambios.
Es importante destacar que la “primavera” que encabezó Syriza en Grecia no degeneró en conflicto armado de grandes proporciones porque ni China ni Rusia respondieron positivamente al coqueteo de Alexis Tsipras con miras a establecer alianzas estratégicas y propiciar así la salida de Grecia de la zona de influencia de Occidente, que fue justamente lo que hicieron la Unión Europea y Estados Unidos con Ucrania aprovechando las dificultades económicas de este país euroasiático, con el objetivo de debilitar a Rusia y estrechar el cerco militar de la OTAN en su contra.
Guatemala, cuyo pueblo reclama una auténtica democracia y gestiones transparentes, tendrá un gobierno debilucho a partir del próximo 25 de octubre cuando se celebre la segunda vuelta de las elecciones, independientemente de quién sea el triunfador. De eso no cabe duda.
Ninguna de las tres opciones se siente comprometida con las aspiraciones de la población expresadas en las calles. Digámoslo de manera más precisa: las tres expresiones políticas son parte de lo que la gente ha venido rechazando en las calles, en mayor o menor grado.
Pero está por verse cómo evolucionará la ira ciudadana, el motor de los cambios, y cuál será la actitud de los manipuladores de procesos, que hicieron todo lo posible por extender la “primavera de la inconformidad” de Guatemala a toda Centroamérica, probablemente con la esperanza de revertir el curso de los acontecimientos en Honduras, donde la inconformidad puede provocar cambios no deseados, y desalojar del poder al FMLN en El Salvador.
La alta participación en las elecciones guatemaltecas (70%) habla del deseo de la gente de ajustar cuentas.
Morales sería el pretexto para provocar los cambios que no figuraban en el menú electoral.
Si es cierto todo lo anterior, en Guatemala la cosa apenas está por comenzar.
