Siguiendo en línea recta las directrices de los acuerdos internacionales, el gobierno de República Dominicana trazó una Hoja de Ruta para la prevención y eliminación de la violencia contra los niños niñas y adolescentes, con un tiempo de acción hasta el 2018 y articulando diversas instituciones involucradas con el trabajo a favor de la infancia.
El Consejo Nacional por la Niñez y la Adolescencia (CONANI), como organismo rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos fundamentales de Niños, lleva la voz cantante en esta acción del Estado dominicano, que es el garante constitucional de los derechos humanos de las y los habitantes del territorio nacional, y como tal tiene el compromiso de ofrecer protección y cumplimiento del derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a una vida sin violencia.
La violencia, una de las principales transgresiones a la dignidad y la vida de los y las menores de edad, está presente en hogares, instituciones y espacios públicos. Uno de los mayores indicadores de esta situación es que todavía 67.4% de los hogares, en República Dominicana, utiliza el castigo físico o psicológico para disciplinar a hijos e hijas.
Solo 0.8% de la población, en este país, percibe a los perpetradores de la explotación sexual comercial como culpables, mientras que el 59% responsabiliza a la víctima o a su familia, lo que evidencia una cultura tolerante con el abuso.
República Dominicana forma parte también de lamentables estadísticas de América Latina y el Caribe, donde alrededor del 28.7% de las víctimas de homicidio corresponde a adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. Seis millones de niños, niñas y adolescentes en la región sufren abusos severos, incluyendo abandono y explotación, y 80,000 mueren todos los años por abuso de sus propios padres.
El Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños y Niñas, presentado en 2006 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas formula doce recomendaciones de medidas generales que todos los Estados deben adoptar para prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y para proteger sus derechos cuando esta se produce.
La actual representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, Marta Santos, priorizó tres de esas recomendaciones. Los avances de estos esfuerzos fueron revisados en diciembre de 2011 durante el Encuentro Centroamericano, México, Cuba y República Dominicana de Seguimiento al Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana.
En ese momento se renovó el compromiso político de los Estados participantes en la elaboración de sus hojas de rutas nacionales para la implementación de dichas recomendaciones . Muy escuetamente, van dirigida a que los estados tracen y ejecuten una estrategia para responder a la violencia contra los niños, que se prohíba toda forma de violencia contra la infancia en todos los sectores, y la aplicación metódica de sistemas nacionales de recolección de datos sobre este flagelo.
En la reciente conmemoración del Día Nacional de los Derechos de la Niñez, la Coalición de ONGs por las Infancias llamaron la atención sobre la necesidad de trabajar más enérgicamente a favor de los niños y niñas de la República Dominicana, ya que para la gran mayoría aún es muy difícil desarrollar su pleno potencial como seres humanos.
Durante un encuentro con los medios, Thomas Polanco, Coordinador de la Coalición, señaló que: “a pesar de que el año 2015 fue declarado el año de la Atención Integral a la Primera Infancia por decreto presidencial, hace falta mayor compromiso para superar el retraso en el establecimiento de las estructuras necesarias para ejecutar el Plan Nacional, especialmente en la construcción de las estancias infantiles y la promulgación de la ley sobre Primera Infancia”.
La Coalición también llamó la atención sobre el grave problema de violencia que afecta a niños y niñas: “la violencia contra la niñez y la adolescencia opera en todos los ámbitos de sus vidas: familiar, escolar, comunitario, institucional. Recientemente hemos asistido a la muerte de 23 niños y niñas por abandono, ahogamiento, quemaduras, ahorcamiento y linchamiento; víctimas de una violencia que se mantiene por la negligencia y falta de educación de los padres y la inoperancia de las instituciones llamadas a proporcionar la protección debida y a tiempo de la niñez sometida a diversos tipos de abusos, por lo que es necesario fortalecer el marco institucional del Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes”, comentó David Coates, Director de Visión Mundial RD, organización miembro de la Coalición.
Esa red, donde confluyen 32 ONGs que trabajan para la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, hizo un llamado al Estado dominicano a observar las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño en febrero de 2015 sobre calidad educativa, violencia contra niños y niñas, atención a la primera infancia y el derecho a la recreación y al juego.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Niña, 11 de octubre, un grupo de 15 jóvenes voceras de 10 diferentes comunidades del sur del país, expusieron a los diputados y diputadas de las Comisiones de Desarrollo Humano, Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos, Justicia y Equidad de Género, las barreras que enfrentan las niñas para desplegar todo su potencial.
En el acto, realizado por Plan International República Dominicana (Plan RD), se señaló la responsabilidad que tiene el Congreso Nacional de contribuir a la eliminación de cualquier barrera que impida a las niñas y adolescentes del país disfrutar plenamente de sus derechos.
“El embarazo durante la adolescencia, el matrimonio a temprana edad y la violencia basada en género son los obstáculos más grandes que debemos enfrentar para culminar los estudios y llegar a ser lo que queremos ser”, comentó Lisandra Valdéz, joven proveniente de Azua.
“Las jóvenes tenemos el potencial de ser líderes en nuestras comunidades, provincias y en el país”, afirmó Estefani, adolescente vocera de Pedernales. Por eso, pido a mis representantes que se pongan en mi lugar y me apoyen a ser una joven con poder”, siguió Yulisa de San Juan.
Por otro lado, Brechtje van Lith, Directora de Plan RD, destacó el compromiso histórico que el mundo ha hecho con las niñas y adolescentes con la adopción de la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, aprobada el mes pasado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y que guiará las decisiones políticas nacionales e internacionales durante los próximos 15 años.
La directora de Plan RD propuso concretamente al Congreso fiscalizar el rol del Ministerio de la Mujer como institución coordinadora del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, así como aumentar la edad mínima legal de las mujeres para contraer matrimonio a los 18 años, sin excepción alguna, prohibir explícitamente el castigo corporal en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito familiar, y asignar fondos suficientes y relevantes para implementar el Plan de Acción Nacional para la Erradicación del Abuso y la Explotación Sexual de Niñas y Adolescentes y la Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra la Niñez 2015-2018.
Lo que propone esta acción es articular Estado, organismos internacionales, agencias no gubernamentales nacionales e internacionales, sociedad civil organizada así como en todo su conjunto para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente de quienes son víctimas de la violencia; prevenir y combatir todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y lograr que los ámbitos en los que transcurren las etapas de la niñez y la adolescencia sean entornos protectores y libres de toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
El eje estratégico número uno va enfocado al hogar y familia sin violencia. “De acuerdo con el Censo 2010, en República Dominicana habrían 972 mil hogares con al menos un miembro niño, niña o adolescente. La familia tiene el mayor potencial para proteger a sus miembros que no han alcanzado la mayoría de edad contra todas las formas de violencia. Sin embargo, la familia también puede ser un lugar peligroso, en particular, para los bebés, las niñas y los niños más pequeños”.
Los objetivos de esta estrategia son tres: Ampliar el apoyo y la orientación a los progenitores y su familia en procura de desarrollar una paternidad y maternidad responsable que reduzca la violencia intrafamiliar; ampliar y fortalecer los servicios de detección, atención, recuperación y reintegración de las víctimas de violencia en el hogar y la familia, y revisar y actualizar el marco legal vigente en materia de protección de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, para prohibir explícitamente el castigo corporal en el ámbito familiar.
El eje estratégico numero dos va sobre escuela segura y libre de violencia. “Según el Censo 2010, los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años que asisten a la escuela suman 2.44 millones y representan el 86.1% de toda la población de ese grupo edad (2.84 millones). Esto quiere decir que más de dos millones de niños, niñas y adolescentes pasan la mitad de las horas del día, durante cinco días a la semana, en el centro escolar. El personal que los atiende, directivos, docentes, orientadores y auxiliares, tiene el deber de proporcionarles entornos seguros y acogedores y un clima escolar promotor de valores éticos y morales que normen su vida de adulto y libre de todo tipo de violencia”.
En este eje los objetivos son apoyar a directores, docentes, orientadores y personal auxiliar de la escuela en la mejora de sus competencias y habilidades para el manejo de métodos no violentos de enseñanza, disciplina e intervención en relación con la violencia entre pares; promover y apoyar activamente la participación de los niños, niñas y adolescentes en el diseño, desarrollo y monitoreo de las acciones para prevenir y dar respuesta a la violencia en la escuela, e involucrar a los padres, madres y tutores, a través de los organismos de participación establecidos (APMAE y otros), en la prevención y atención de la violencia en y alrededor de la escuela.
El eje estratégico número tres va enfocado en un entorno institucional y de justicia sin violencia y protector de derechos. “Entre las instituciones del Estado con vinculación directa en este entorno se incluyen lugares de acogida para niños, niñas y adolescentes, centros policiales y militares, centros de internamiento para personas menores de edad en conflicto con la ley penal y otras instituciones de protección”.
Sus tres objetivos son mejorar las condiciones y desempeño de las instituciones que reciben niños, niñas y adolescentes por medidas de protección o adolescentes en conflicto con la Ley; consolidar los mecanismos de recuperación y respuesta a la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, y lograr que el sistema de justicia penal juvenil responda a los objetivos de educación y reinserción social previstos en la ley.
El eje estratégico cuatro apunta hacia una comunidad libre de violencia y protectora de la niñez y la adolescencia. “En el entorno de la comunidad, la violencia más visible es la física. La información disponible en la República Dominicana relacionada con los homicidios, víctimas y perpetradores, en edades entre 0 a 17 años, es limitada. Las disponibles indican un fuerte aumento en las tasas de victimización y autoría alrededor de la edad de quince años. La pobreza, la desigualdad y la exclusión social son potentes predictores de las tasas de homicidio de personas entre los 10 y los 19 años, especialmente de varones”.
Los objetivos en ese sentido son ampliar las oportunidades de aprendizaje en “habilidades para la vida” para niños y niñas y de educación no formal para adolescentes y jóvenes que han abandonado la escuela con miras a reinsertarlos; impulsar el movimiento infanto-juvenil mediante la creación y/o consolidación de organizaciones representativas de esa población en las comunidades o barrios que presentan mayores índices de violencia juvenil; así como ampliar y fortalecer los servicios integrales de atención, recuperación y reintegración de los niños, niñas y adolescentes en riesgo o víctimas de violencia.
