Un órgano rector de la seguridad vial tiene por finalidad diseñar, elaborar, planificar, y dirigir políticas públicas de un país como un gestor de la seguridad vial para que ésta sea sostenible y sustentable.
En esos aspectos, es el responsable de hacer los trámites y operaciones para salvaguardar el respeto a la ley de seguridad vial y los procedimientos establecidos en la materia, fiscalizando las instituciones integradas al sistema.
Es a través de este organismo que se “conocen los procesos o la forma de actuar en cada caso”.
Por ello se recomienda que el órgano tenga por característica, ser autónomo, autárquico y con autoridad para garantizar transparencia y equidad.
En otras palabras, se convierte en un ente que rompe la inercia del Estado para centrar sus esfuerzos en reducir los accidentes y las tasas de mortalidad y morbilidad a consecuencia de las malas políticas en el desplazamiento humano.
Este órgano rector de la seguridad vial ejerce una fuerza centrípeta sobre todos los actores públicos, privados y no gubernamentales, hacia el objetivo común descrito. Promoviendo con su liderazgo planes y programas institucionales; fiscalizándolos, sin permitir en ningún momento que se disgreguen y se pierdan en el tiempo y en los propósitos.
Una comisión legislativa sugiere la creación de un Instituto de Tránsito y Transporte (INTRANT) que dirigiría las políticas en esos sectores, y que a todas luces también estaría a cargo de la Seguridad Vial en el país, lo cual es peligroso al proceso de transformación administrativa y de gestión que aspiramos en la República Dominicana.
Tal institución se convertiría en la generadora de la inseguridad vial si aplica malas políticas en sus principales áreas de acción, y a la vez, pudiera de forma interesada manejar o manipular los resultados de los indicadores de siniestralidad poniendo en riesgo la rentabilidad económica y política que encierra un proyecto de responsabilidad colectivo.
Esta última problemática, denominada inseguridad vial, una epidemia por las estadísticas de víctimas de tránsito, daños a la economía nacional, a bienes materiales; consecuentemente, productora de pobreza y de un drama humano cotidiano e invaluable en las familias afectadas, se perfila entre las políticas públicas cruciales a la que se tiene que poner especial atención.
En cambio, la Seguridad Vial como nueva política de Estado es hoy en día uno de los temas de mayor trascendencia en los países de economía en crecimiento.
Por tanto, se recomienda no solo crear un sistema de gestión interinstitucional público y privado, sino ejecutar conforme al plan de acción integral que sea consensuado, las políticas para disminuir progresivamente los factores que ponen en riesgo la vida, la salud, las propiedades y el medio ambiente por posibles deficiencias en las aplicaciones del INTRANT.
Categóricamente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) no puede ser JUEZ Y PARTE. LEY, BATUTA Y CONSTITUCIÓN.
