Residentes de los diferentes municipios del país reclaman con frecuencia la construcción de obras que se demandan al margen de las proyectadas por la Alcaldía en su presupuesto ordinario, planteando a sus autoridades locales el cumplimiento con la aplicación del Presupuesto Participativo.
Aunque en principio sólo algunos cabildos aplicaban motu proprio esta modalidad de integrar a la gente en la toma de decisiones de lo que debía construirse en sus localidades, luego se convirtió en Ley, la 170-07, y en uno de los temas más controversiales en determinados Ayuntamientos.
El problema en que ha devenido el tema en muchas jurisdicciones es que las autoridades no cumplen ese compromiso con sus munícipes, sea porque las obras que se inician no se concluyen, o bien porque de la cantidad de pequeños proyectos que se acuerdan, en ocasiones no se inicia ni la mitad.
Algunos ejecutivos municipales, como el nuevo alcalde René Polanco, del municipio Santo Domingo Norte, consideran que la comunidad representada en las Juntas de Vecinos, los Clubes, Amas de Casas, y demás núcleos comunitarios, deben ponerse de acuerdo para pedir las obras que se puedan hacer.
Sostiene que, si un cabildo dispone de 50 millones de pesos para el Presupuesto Participativo, y la comunidad solicita 50 obras en ese capítulo, sólo se podrá destinar un millón de pesos para cada una de ellas, y resulta que la mayoría tienen costos de 3 y 4 millones de pesos.
Las contrariedades que consecuentemente se presentan, se hacen de difícil solución, porque cada sector quiere que se construya lo que ha solicitado, sea una cancha deportiva, el encachado de alguna cañada o alguna otra iniciativa de las que califican para ser incluidas en ese renglón.
Expertos en asuntos municipales sostienen que las comunidades deben aprovechar la oportunidad que se presenta con el Presupuesto Participativo, y propiciar mejor coordinación de sus entidades representativas, a fin de lograr acuerdos que sean viables para los ayuntamientos.
Al margen de las obras que demandan los munícipes, que siempre son de bajos costos, los Alcaldes igualmente tienen sus programas de gestión, los que igualmente asumen el compromiso de desarrollar para beneficio de la población a que le sirven.
La opinión generalizada es que el hecho de que los Cabildos tengan que compartir con la población la decisión de las obras a realizar, es una ganancia para los munícipes que antes sólo veían a los alcaldes embarcarse en proyectos que muchas veces ni siquiera eran prioritarios.
La Ley que instituye el Presupuesto Participativo Municipal establece los mecanismos de intervención de la ciudadanía en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, del cual debe asignarse un porcentaje para el sistema de referencia.
Entre las obras más demandadas a los Ayuntamientos del país en el capítulo que corresponde al Presupuesto Participativo, están la construcción de Centros Comunitarios, y la limpieza de cañadas que muchas veces se convierten focos de contaminación.
También la construcción de canchas deportivas para recreación de la juventud, así como bibliotecas y parques para el esparcimiento de la comunidad.
La modalidad de inserción de los munícipes en las tomas de las decisiones municipales se conoció tiempo atrás en varios países latinoamericanos, con el propósito de democratizar las ejecuciones de los gobiernos locales.
Entre los primeros de ellos figura el cabildo de la ciudad de Santa Fé, en la provincia de Rosario, Argentina, sindicado como uno de los de mayor éxito en la aplicación del sistema.
En República Dominicana se aplicó el Presupuesto Participativo por primera vez en el ayuntamiento de Villa González, en el año 1999, con la asesoría de la Fundación Solidaridad. Pero a ese momento no estaba establecido por Ley.
Y la experiencia positiva del sistema ha tenido una rápida multiplicación debido a la aplicación de una acertada estrategia de comunicación, según se da cuenta en los estudios que ha hecho la Escuela de Política Participativa Local.
También por la voluntad política de las autoridades municipales, la flexibilidad metodológica y la aceptación ilimitada del número de municipios.
En la actualidad, desde antes de ser electos, los alcaldes se comprometen con las comunidades a dar fiel cumplimiento al presupuesto participativo, como forma de ganar el apoyo y la confianza de sus votantes.
