Desde finales del 2015, en Suramérica se han venido concretando un conjunto de cambios puntuales en la arena política, que por su particularidad e implicaciones sobre el futuro inmediato de la región, han concitado la atención de analistas y líderes políticos alrededor del mundo.
El fin del proyecto de izquierda latinoamericana, la vuelta del neoliberalismo, o el fracaso de los gobiernos progresistas, son algunos de los títulos que desfilan por los medios para referirse al cambio en la composición de fuerza que afecta a gobiernos como los de Argentina, Brasil y Venezuela, donde partidos y sectores conservadores han ido arrebatando el poder.
Pero, ¿cómo se explica que de buenas a primeras un proyecto de izquierda que se extendió por gran parte de la región por algo más de una década, gozando del prestigio y apoyo popular, se vea tan amenazado?
Tal interrogante se ha abordado desde diferentes enfoques, sin embargo, es el factor económico, como variable que incide directamente en la expansión o contracción de las finanzas de una nación, lo que marca el éxito o fracaso de un programa de gobierno. Además, en el caso de las naciones mencionadas, es preciso agregar como elemento de interés a los combustibles fósiles, valiosas fuentes de energía que según su volumen, se traducen en un factor de alto valor geopolítico.
Coincidiendo con el proceso de expansión económica de China y un incremento exponencial en los precios del barril de petróleo a nivel mundial, los partidos de izquierda (que habían pasado a sustituir a finales de la década del 90 a gobiernos conservadores afines a la privatización, la política neoliberal, y en ciertos casos protagonistas de actos corruptos) dominaron el espectro político suramericano, impulsando sendos proyectos de carácter social y progresista, que predominaron en la agenda del subcontinente.
A modo de ejemplo podemos destacar el comercio bilateral entre América Latina y China, el cual pasó de unos US$12,600 millones en el año 2000, a unos US$263,600 millones en el 2014, es decir, las transacciones entre ambas partes se multiplicó por veinte en tan solo 14 años, con una balanza comercial indiscutiblemente favorable para la región gracias a la demanda creciente de materia prima.
Tal fue el caso de Argentina, donde el precio de la soja se triplicó en la década que transcurrió entre el 2003-2012, lo que supuso un aumento sustancial en los ingresos por concepto de exportación, brindando a los argentinos la bonanza económica que anhelaban. No obstante, fue el hecho de condicionar la financiación de ambiciosos programas sociales a la dependencia de la demanda china, así como a los ingresos por concepto de la extracción y venta de crudo, lo que marcó el talón de Aquiles de importantes gobiernos de corte progresista en la región. Es decir, proyectos que basaron su desarrollo en una economía rentista, dependiente casi en su totalidad de factores externos que podían en cualquier momento alterar su precio, demanda y por consiguiente, su impacto en la finanzas local.
A esto se agrega lo que se ha considerado la gran materia pendiente de la región, “La desigualdad”, un renglón del ámbito social donde América Latina y el Caribe tienen las tasas más altas del mundo. Es así como, según datos de Oxfam publicados en el 2015, se destacó que el 10% más acaudalado de la región, poseía el 71% de la riqueza, y en contraposición, el 70% de los más pobres apenas poseía el 10%. Las cifras brindan un panorama más detallado, aunque sombrío, cuando se desvela que existen un aproximado de 14,000 multimillonarios, es decir, personas cuyo patrimonio excede los 30 millones, cuyas fortunas podrían solucionar la pobreza monetaria de Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, México y Brasil de manera conjunta.
Al conjugarse una serie de cambios puntuales, tales como la decisión de China de reducir a mínimos la demanda de materia prima, producto del proceso de conversión de su matriz económica en una de consumo y servicios; la caída vertiginosa de los precios internacionales del barril de petróleo (como parte de una maniobra geopolítica inducida); y la desigualdad social, se creó un escenario pernicioso para los gobiernos de turno, ocasión que fue aprovechada hábilmente por sectores conservadores y partidos de oposición, para dar el salto al poder a cualquier costo.
Así vemos que durante el 2014 comienzan a producirse movilizaciones en Venezuela y Brasil, cuestionando los proyectos progresistas y culpando a los respectivos gobiernos de la crisis económica que les acosa. Lo propio ocurriría en Argentina, donde la incidencia de intereses externos y sectores privados por un cambio profundo en la composición del gobierno, quedaría reflejada en el apoyo recibido por Mauricio Macri tras su toma de posesión.
Tras hacerse con la mayoría congresual, la oposición venezolana (afín a sectores conservadores) ha impulsado un procedimiento legal por medio del cual busca que se celebre un “Referendo Revocatorio”, para sustituir por vía rápida y sin necesidad de elecciones, al gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV. En Brasil, tras el espectáculo de mal gusto que significó la destitución por medio de “Juicio Político” a la presidenta popularmente electa, Dilma Rousseff, también se ha percibido un cambio drástico en el programa de gobierno, ahora más a tono con las privatizaciones, desregulación del mercado y restricción de programas sociales tras el acenso de Temer.
Sin embargo, puede resultar complicado marcar una clara diferencia ideológica en los cambios que se han producido y se han de producir en Suramérica, puesto que tras las conquistas sociales alcanzadas durante la década de los gobiernos progresistas, partidos de derecha o izquierda están compelidos a proseguir con los programas que mostraron su éxito en la labor de justicia social. La gran apuesta se encuentra pues en la lucha por el poder y la gestión de recursos estratégicos, todo lo cual ha sido ocultado por los partidos de oposición bajo el pretexto de irregularidades, acusando a los gobiernos de todos los males que padecen estas naciones.
Esto quedaría evidenciado en Brasil, donde un día antes de la votación de la “Impugnación o Impeachment”, que se celebró contra Rousseff, la presidenta brasileña señalaría: “Quieren renunciar a la soberanía nacional, mudar el régimen actual de concesiones y entregar los recursos del petróleo a las multinacionales extranjeras”.
Dilma se refería a un enorme yacimiento submarino descubierto en el 2006, el cual se encuentra a unos 7,000 metros de profundidad próximo a las costas de Rio de Janeiro. Se estima que podría contener el equivalente a 300,000 millones de barriles de petróleo, lo que ubicaría a Brasil entre los países con las mayores reservas del mundo.
Por si fuera poco, el Senado ya había tomado acciones en esa dirección, cuando el 24 de febrero pasado, aprobó una ley que deja sin efecto la obligación de Petrobras (empresa petrolera estatal de Brasil), de mantener la cuota mínima de 30% de participación, estipulado por ley, en la explotación del nuevo proyecto.
De ahí la vital importancia del análisis que al respecto compartiera el pasado 5 de septiembre, el Dr. Leonel Fernández, en su artículo: “La destitución de Dilma, una canallada”, pues deja al descubierto la trama oculta tras el “show de mal gusto” que significó su destitución.
Una cosa es segura, entre “causa justa”, “la voluntad popular”, y “necesidad de cambio” se van ocultando los intereses nefastos de sectores conservadores, que han venido propinando golpes blandos, aunque certeros a los gobiernos progresistas de la región.
