La nueva ley relativa al desplazamiento aprobada por las cámaras legislativas ha sido recibida con beneplácito por transportistas, sindicatos y sectores que valoran la necesidad de adecuar las viejas normas existentes a los requerimientos del presente, con proyecciones al porvenir.
Se espera que con las novedades establecidas, muchas de ellas consensuadas con especialistas y empresarios del área, las iniciativas como el Instituto del Transporte, INTRANT, que funcionará como organismo rector del espectro completo, realizará una valiosa contribución a la superación de problemas que derivan en miles de víctimas cada año.
La Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a partir de su promulgación por el presidente de la República, toma en cuenta múltiples aspectos que no contemplados en la 241, que ha sido el marco legal desde la dictadura de Rafael Trujillo.
Con la creación del INTRANT, desaparecerá la dispersión entre organismos con funciones coincidentes, entre ellos la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), el Consejo para la Administración y Regulación del Tránsito (CART), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes, el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) y otras.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, con modificaciones introducidas en el Senado, VANGUARDIA DEL PUEBLO Digital, buscó el parecer del ala sindical del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y entrevistó a Lorenzo del Villar, coordinador del Departamento de Transporte.
Del Villar, quien se desempeña como Sub Secretario de Asuntos Laborales del Partido, reveló que desde hace algún tiempo los congresistas venían consultando sobre los diversos tópicos que deberían ser tratados en el nuevo estamento.
Al evaluar como positiva la aprobación de las normas, dijo que “aquí todo ha cambiado, todo se ha modificado, y lo único que no se había modificado es la ley 241 que está vigente desde la época de Trujillo”. Y de inmediato agregó:
“Ahora bien, lo más importante es que se haga cumplir la nueva ley cuando esté en vigencia. Porque déjame recordarte que la ley 241 no era completamente mala, pero se violaba mucho, y entonces las autoridades lo que decían es que había que cambiar la ley”.
El dirigente sindical del PLD coincidió con el criterio generalizado de que el nuevo ordenamiento viene a satisfacer una serie de necesidades que hay en la actualidad, como el ordenar las diferentes autoridades que intervienen en el sector.
Recordó que “antes los ayuntamientos tenían parte de responsabilidad en el tránsito, e incluso recuerdo que cuando Johnny Ventura era síndico, hicimos unos rótulos para los vehículos del transporte de pasajeros, y esos rótulos tenían cuestiones del al Ayuntamiento”.
“Luego se creó la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, OTTT, se trató de ordenar las rutas, pero el problema es que hay una sobreoferta de asientos de manera desordenada, y falta una metodología para regularizar la situación”, dijo Del Villar, al asegurar que si la nueva ley no tiene una metodología para el manejo del transporte de pasajeros, “no servirá casi para nada”.
Y fue enfático al señalar que se hace necesaria la aplicación de un efectivo régimen de consecuencias que hay que aplicar a quienes que violen la ley.
También pidió transparencia para los recursos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de los choferes, para lo cual existe un fondo especializado.
El sub secretario de la Secretaría de Asuntos Laborales del PLD consideró asimismo que una de las razones por la que hay tanto caos en el transporte de pasajeros, es porque muchos sindicatos se han desnaturalizado, y ya no tienen a verdaderos hombres de trabajo como choferes, sino a individuos contratados para realizar actividades espurias.
Pero como es natural, no todas las opiniones están enfocadas en la misma dirección, porque ahora el espectro reestructurado tendrá que armonizar los intereses de los diferentes sectores que reclaman en función a sus respectivas conveniencias, que en oportunidades coligen con los de la ciudadania.
Choferes dedicados al transporte de pasajeros, por ejemplo, observan que no se les puede obligar a montar en sus vehículos sólo la cantidad de personas que establece la matrícula, “porque la gasolina está muy cara, y con cuatro pasajeros solamente, no cuadramos”. Esto, a pesar de que un alto porcentaje de ellos utiliza GLP.
Los que se denominan motoconchistas, o mototaxis, también plantean que se tomen en cuenta sus necesidades, y se busque la manera de favorecerlos en la nueva ley, argumentando que son “padres de familia”.
Mientras, los connotados empresarios del transporte de pasajeros focalizan desde ya las posibilidades de colar algunos planes de renovación de flotillas vehiculares, que en el pasado fueron vistos como formas de enriquecimiento ilícito de actores del proceso, motivo de enjuiciamientos y condenas en la Justicia.
La nueva Ley asigna igualmente capítulos a los últimos esquemas de transporte de pasajeros incorporados en el país, y los organismos oficiales vinculantes, como son el Metro de Santo Domingo, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) y la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Todas son entidades gubernamentales que deberán reformular su accionar en lo que se refiere al tránsito y transporte de pasajeros, además de la seguridad vial.
Del Metro y la OMSA dispone que pasen a ser empresas públicas o mixtas, con participación del sector privado, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá emitir los decretos que dispongan su transformación institucional, administrativa, técnica y operativa.
En tanto que la AMET y su homóloga radicada en la ciudad de Santiago, AMETRASAN, conjuntamente con la DIGESETT, como un solo cuerpo dependerán de la Policía Nacional. Para estas medidas existe un plazo de seis meses.
Los considerandos de la nueva ley de tránsito justifican todas sus disposiciones en la necesidad de eliminar la dispersión existente con numerosos organismos que tienen duplicidad de funciones, además de enfrentar el desorden en el transporte terrestre de pasajeros y de carga.
