Franklin Rodríguez
Alrededor de siete meses es el tiempo que ha transcurrido desde que la expresidenta Dilma Rousseff, vilipendiada e injustamente procesada, fuera apartada de sus funciones mediante un juicio político que además de viciado, respondía a una trama perfecta de sectores dominantes y antiguos aliados que ansiaban hacerse con el poder.
En ese entonces, coincidiendo con el torbellino mediático en que había devenido el caso Lavajato, el cual desde sus orígenes en el 2014 fue desvelando todo un entramado mafioso entre parte de la clase política y un segmento del sector empresarial, los complotados aprovecharon el ambiente de indignación social para inculpar a Rousseff de maniobras fiscales, que a fin de cuentas sustentaron debidamente. Lo curioso del proceso, fue que la punta de lanza de esta embestida estuvo encarnada en su segundo al mando y coyuntural aliado, Michel Temer.
El también presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), contó con la ayuda del presidente de la Cámara de Diputados y copartidario, Eduardo Cunha, quien asumió diligentemente los aprestos legislativos que darían al traste con un auténtico golpe de Estado constitucional o ¨Neogolpe¨, como bien pudiera llamárseles a los curiosos procesos que están teniendo cabida en la región.
Un dato curioso es que el ahora partido gobernante no había contado con candidato propio desde el año 1994, a pesar de su prominente peso político a nivel congresual (diputados y senadores). A su vez, el ahora presidente goza de una impopularidad histórica evidenciada en sondeos como los del de mayo del 2016, cuando según Datafolha este apenas contaba con un 2% de aprobación y para diciembre solo un 10% aprobaba su naciente gestión. Sin embargo, la valoración en torno al mandatario y su gobierno volvería a caer a niveles casi nulos, tras una serie de medidas y acontecimientos que desde final del pasado año vienen acentuando la ya insorteable desigualdad social en el gigante suramericano. Entonces, partiendo de la destitución caprichosa e injustificada de Dilma Rousseff, a quien la oposición acusó de todos los males de la nación, nos preguntamos ¿qué tal va el Brasil de Temer? Veamos algunos casos.
Hoy en día, a pesar de los cambios en el tren gubernamental, Brasil sigue formando parte de un nada envidiable grupo de países ¨más corruptos del mundo¨, según datos comprendidos dentro del índice anual de competitividad del Foro Económico Mundial. Tal aseveración podría explicar cómo tras desplazar al Partido de los Trabajadores (PT), los escándalos de corrupción no han hecho más que crecer, dejando al descubierto al gobernante PMDB como uno de los principales beneficiados del enorme sistema clientelar brasileño. De hecho, actualmente unos 47 senadores y 298 diputados tienen casos judiciales en curso (la mayor parte de los cuales son del partido gobernante), y quienes junto a tres ministros que se vieron obligados a dimitir, siguen restando legitimidad en términos de respaldo popular a la presente administración. No olvidemos a su vez que para octubre del pasado año, el otrora poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue arrestado; mientras que en diciembre Renan Calheiros, Presidente del Senado, fue separado de su cargo por la Suprema Corte de Justicia, debido a los actuales escándalos de corrupción. Dichos escándalos movilizaron al PMDB a coordinar y aprobar unilateralmente la aplicación de ciertas enmiendas a un proyecto de ley anticorrupción, para ¨amonestar e interpelar¨ a jueces que abusaran de sus atribuciones. Sin embargo, los aprestos llevados a cabo por la Cámara de Diputados fueron criticados con vehemencia por los ciudadanos, quienes vieron en dicha acción una forma de intimidar y sojuzgar a las jueces.
Lo inesperado sucedería en enero, cuando Brasil recibió con estupor la noticia sobre la muerte del juez Teori Zavascki, quien tenía a cargo la supervisión de las investigaciones sobre Petrobras. Zavaski, nombrado en el 2012 como magistrado de la Corte Suprema de Brasil, falleció en un accidente aéreo que aún deja más preguntas que respuestas.
A finales del pasado año e inicio del presente, vimos como Temer, bajo el pretexto del letargo económico y déficit presupuestal que afecta a la nación, impulsaría una reforma fiscal lesiva que procura frisar durante al menos 20 años los gastos del gobierno. Esta reforma, la cual se desprende de una cuestionada agenda neoliberal, afectaría considerablemente a los sectores más empobrecidos, así como la vulnerable clase media que logró emerger durante la gestión de Lula Da Silva. En términos concretos, la reforma afectará los renglones de educación, salud, y seguridad social, cuyos gastos serán congelados, a la vez de un aumento en el tope de edad para la jubilación (de 54 años pasará a 65), implicaría un grave revés para los brasileños envejecientes cuya expectativa de vida ronda los 70-74 años de edad. Por si fuera poco, la jornada laboral permitida legalmente pasaría a ser de 12 horas diarias, lo que terminó por concitar el apoyo entusiasta del sector empresarial, en especial las industrias y la banca. Lo penoso es que a medida que Temer se consagra con inversores y un importante sector de la clase dominante, el país en sentido general está padeciendo la pérdida de miles de empleos, así como la falta de pago a los cuerpos de seguridad y el sector magisterial, sin contar la disminución de los subsidios sociales.
Siguiendo con el notable contraste, mientras se aplican medidas restrictivas en sentido general a la economía brasileña, en término particular funcionarios del Poder Judicial y congresistas en Sao Paulo, han gozado de aumentos salariales que rondan el 41% y 26% respectivamente. Estas medidas van de la mano con una falta de aumento al impuesto de los más acaudalados (se estima que un impuesto del 15% a los más ricos se traduciría en unos 17,000 millones anuales), lo que termina por acentuar la ya abismal regresión y brecha social en Brasil.
Tal parece que al igual que viene evidenciándose en Argentina, Estados Unidos y Guatemala, el giro a la derecha de Brasil ha hecho de la cura un mal más agudo que las ¨dolencias¨ que pretendió eliminar. La poca popularidad de Temer y la aun lastimada reputación del PT, les hacen pasibles de ser desplazados por algún candidato antisistema que como Jair Bolsonaro, se hagan eco del discurso xenófobo, nacionalista y retrógrado que logró calar en el Reino Unido con el Brexit y que impulsó a Trump.
Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en el 2018, sin embargo, preocupa la forma agresiva en que el mandatario usa la superioridad del PMDB en el aparato estatal, para impulsar sus reformas económicas de corte neoliberal y sortear mediante maniobras políticas los tentáculos de la justicia. Es indudable que el Brasil de Temer dista de estar más estable y saludable que cuando fue gobernado por las gestiones del PT, partido que a pesar de sus luces y sombras, devolvió la dignidad al ciudadano común e hizo de Brasil una potencia de categoría mundial.
El recelo internacional y la avaricia interna, ciertamente conspiraron contra la meteórica proyección brasileña, pero más allá de poner candados que lastren las posibilidades de un resurgir futuro, es preciso apostar a la institucionalidad del Estado y preservar aquellas conquistas sociales impulsadas por una organización que llegó a ser el referente por excelencia del progresismo en Latinoamérica.