Hace unas cuatro décadas (1976), en el marco de un análisis de las variables que engloban el uso, mantenimiento y lucha por el ¨poder¨, Michel Foucault se propuso sentenciar que: ¨La política no es más que la continuación de la guerra por otros medios¨. Nada más parecido a la realidad.
Por aquel entonces, época en que la política nacional e internacional de países periféricos de EE.UU. y la URSS estuvo condicionada por una Guerra Fría polarizadora, Latinoamérica vivió tiempos de notable incertidumbre ante la posibilidad latente de una intervención en sus asuntos internos. Poniéndolo en contexto, resulta evidente que ambas potencias procuraban preservar a toda costa sus zonas de influencia, por lo que en caso de percibir algún tipo de amenaza (justificada o no) la reacción resultaba inmediata, como bien se pudo constatar en la invasión de Bahía de Cochinos y Crisis de los misiles en Cuba, o la intervención militar en abril del 1965 en nuestro país, por citar unos ejemplos.
Resulta propicio destacar que esta práctica no ha sido exclusiva del citado intervalo de tiempo, puesto que la lógica de las potencias es garantizar espacios de poder más allá de sus fronteras, algunos usando el alegato del ¨Espacio Vital¨ (Lebensraum) ideado por el geógrafo alemán, Friedrich Ratzel; mientras que otros sostienen su predestinación o ¨Destino Manifiesto¨ en los preceptos de la eternamente cuestionada Doctrina Monroe, marco de referencia del intervencionismo estadounidense. Sin embargo, muchos habían considerado que dicha aspiración natural se vería menguada tras la caída de la Unión Soviética, y que tal como alegara Francis Fukuyama, la posterior preminencia del sistema democrático-capitalista se traduciría en el ¨Fin de la historia¨, y el inicio de una nueva era caracterizada por la cooperación internacional. Pero, contrario a dicha premisa, hoy nos resulta evidente que el poder duro de las armas puede ceder espacio al poder blando del cortejo diplomático, a la vez que de este último se desprenden los ¨golpes blandos¨, la eficiente y nueva variable para presionar a gobiernos cuyas agendas afecten intereses geopolíticos estadounidenses o del capital transnacional.
A cuatro años de la prematura muerte de Hugo Chávez, hecho que coincidió con el inicio de un pronunciado cambio en las variables económicas que primaron en la región en la década pasada, y que permitieron por demás resaltar el sentido de identidad y orgullo latinoamericano, los golpes blandos se llevaron de paso a los gobiernos progresistas de Argentina, Brasil, y desde el 2014 atentan de un modo incesante contra una Venezuela sumida en el caos.
Desde junio del año pasado ya veníamos valorando el rol mediador desempeñado por la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas, compuesta por el Dr. Leonel Fernández Reyna, acompañado de los también expresidentes Martín Torrijos de Panamá, José Luís Rodríguez Zapatero de España, y Ernesto Samper en su calidad de secretario general de UNASUR, quienes han procurado crear las condiciones de ¨Diálogo nacional¨ que contribuyan a un plan mancomunado ante la crisis que padece el país suramericano. Esta iniciativa, apoyada a su vez por la intervención del Papa Francisco, ha tenido que sortear toda clase de imprevistos propios de la polarización del debate, además de la intransigencia de sectores que lejos del consenso, buscan profundizar la crisis.
En nuestro último trabajo estuvimos ponderando los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, donde ha sido evidente la fijación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para con el gobierno de Nicolás Maduro, incurriendo en constantes señalamientos y propuestas que lastiman los principios de soberanía y libre determinación de los pueblos. Concretamente, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea Nacional a la que consideró en desacato, el secretario general de la OEA, Luís Almagro, convocó una sesión extraordinaria para brindar respuesta a lo que consideraron un evidente golpe de Estado.
Respecto a la decisión del TSJ, ya fue conocida la razón primordial que primó en esta ocasión, la cual se originó en la necesidad del gobierno de honrar compromisos financieros, para lo cual había recurrido a negociaciones sobre proyectos petroleros tendentes a reducir la presión sobre la economía. Las negociaciones requerían de la aprobación de la Asamblea Nacional, que sin embargo había sido enfática en mostrar su oposición, lo que implicaría una profundización de la crisis económica y retraso en el cumplimiento de la deuda externa del Estado.
A pesar de los argumentos del ejecutivo venezolano, la medida concitó la preocupación de gran parte de la región, incluyendo gobiernos amigos, en lo que llegamos a calificar como ¨una medida políticamente audaz, pero social y democráticamente alarmante¨.
No obstante, la rápida reacción de la Organización de Estados Americanos llamó la atención en distintos círculos de opinión, puesto que la misma mostró poca coherencia con pasadas posturas, si partimos del hecho de que en enero pasado la mayoría opositora en la Asamblea Nacional venezolana aprobó la suspensión del presidente Maduro, la aplicación de un juicio político y la celebración de elecciones en 30 días. En aquella ocasión, a pesar de las irregularidades del proceso, donde era notable que no existían las condiciones de ¨abandono de cargo¨ por parte del mandatario que alegó la oposición, los pronunciamientos internacionales, en especial de la OEA, no cónsonos con su actual activismo.
De ahí la importancia de la coherencia ideológica y de praxis de gobiernos como el de la Republica Dominicana, quienes a pesar de las ambigüedades en el proceder de organismos regionales respecto a la situación venezolana, se mantienen firmes en promover el diálogo como vía por excelencia para una solución pacífica. Así quedó evidenciado cuando antes de la reunión de la semana pasada, rechazara categóricamente los pronunciamientos amenazantes del senador republicano, Marcos Rubio, como en esa misma sintonía también defendió su postura en la sesión extraordinaria del pasado lunes, donde se abstuvo de aprobar la resolución de la OEA que desconoce los límites de la soberanía.
Todo ello a pesar de que, como destacara el presidente Boliviano, Evo Morales: ¨los países pequeños están recibiendo presiones para asediar a Venezuela en la OEA¨.
Afortunadamente, los esfuerzos de la República Dominicana ha encontrado resonancia en países como El Salvador, el cual pidió que se respete los esfuerzos de diálogo que desde el año pasado han descansado en el empeño de la comisión de UNASUR, organismo regional homólogo de la OEA, que en conjunto con el Vaticano van contribuyendo a la solución pacífica y consensuada. Por su parte, el Sumo Pontífice exclamó ¨Sigo con gran atención lo que está ocurriendo en Venezuela y Paraguay. Rezo por aquellas poblaciones e invito a todos a perseverar sin descanso, evitando cualquier tipo de violencia, en la búsqueda de soluciones políticas¨.
En apego a esa filosofía de trabajo, los integrantes de la comisión de UNASUR pudieron interceder oportunamente en el impasse que tuvo lugar la semana pasada en Venezuela, donde en medio de la vorágine internacional tras la decisión del TSJ, los exmandatarios liderados por el Dr. Leonel Fernández apelaron diligentemente al entendimiento y la concertación entre las partes. Dicha mediación, que tendría especial efecto en el presidente Nicolás Maduro, se tradujo en una revisión de la medida por parte del Consejo de Defensa Nacional para ser dejada sin efecto posteriormente, abriéndose nuevamente las puertas al diálogo nacional.
Es indiscutible que la salida al actual conflicto político pasa por la vía de la dialéctica, la concertación y el respeto a los métodos democráticos de elección. Ya sostenía el profesor Bosch en su obra Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana que: ¨Cuando se entra en el camino de las conspiraciones, ya sólo a base de conspiraciones puede retornarse a un estado de derecho. Un líder político no conspira mientras haya una puerta abierta para conquistar la voluntad popular con medios lícitos¨.
Así lo aplicó el PSUV para conquistar legítimamente las elecciones, y lo propio hizo en el 2015 la MUD para obtener mayoría en la Asamblea Nacional. Es por ello que la regla llama a procurar la gobernabilidad y el equilibrio de poder, respondiendo con responsabilidad ante las necesidades del pueblo que les eligió.
En cuanto a los organismos regionales, en especial la OEA, es preciso que se respete la autogestión de los pueblos, a la vez que la historia nos recuerda que cada nación tiene su sello personal. Así lo han entendido tanto la comisión UNASUR como el Vaticano, mientras apuestan al éxito contando con figuras como el expresidente Fernandez, un concertador y garante de la unidad regional.
