Mucho se ha escrito y analizado sobre el Brexit durante el último año, si partimos obviamente desde el momento mismo de su aprobación, en un cuestionado referéndum el pasado 23 de junio del 2016. Sin lugar a dudas una consulta popular de gran calado, cuyos resultados lejos de dirimirse a través de una votación que requiriera mayoría absoluta, bastaría solo el voto a favor del 51.9% de la población, para cambiar con carácter permanente el destino de toda una nación.
Dicho resultado vendría acompañado de cambios sustanciales de efecto inmediato, como sería la dimisión del hasta entonces primer ministro del Reino Unido, David Cameron, quien en una movida que creyó idónea, condicionó su permanencia en el cargo a la derrota del Brexit. Como consecuencia, este sería sustituido por la actual premier, Theresa May, quien tras la retirada del principal promotor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y líder del UKIP, Nigel Farage, así como la caída del líder Laborista, Jeremy Corbyn, se quedó sin adversarios de peso.
La decisión de salida adoptada soberanamente, representaría un hito histórico, pues si se analiza a la Mancomunidad desde su fundación seis décadas atrás, se podrá constatar que la Unión Europea no había hecho otra cosa que expandirse, pasando de seis Estados fundadores a 28 actuales. Tal fue el éxito de aquel proyecto de integración, que buscaba evitar otra gran guerra mediante la instauración de una agenda común, conocida inicialmente como la Comunidad Económica Europea (CEE).
A pesar del revuelo que generó esta decisión, tanto a nivel interno como externo del Reino Unido, se supo que el gobierno británico venía moldeando los posibles puntos a negociar ante una eventual salida de la Unión Europea, anticipándose a un hecho que les parecía muy probable durante la campaña, dado los efectos de la desinformación, el discurso de odio sobre la inmigración, la polarización social y el letargo económico propio de la crisis heredada del 2008. En la otra cara de la moneda, la decisión de salida causó malestar en regiones autonómicas como Irlanda del Norte y Escocia, donde en esta ultima el 62% de los escoceses votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. En efecto, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, mostró su inconformidad con los resultados del referéndum, adelantando que solicitaría una nueva consulta popular a lo interno de su nación, con la finalidad de lograr su independencia del Reino Unido.
Tras meses de aparente inmovilidad, finalmente el pasado mes de abril el Parlamento escoces aprobaría la iniciativa de Sturgeon, con 69 votos a favor versus 59 en contra, donde se aprobaría la celebración de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. Dicha consulta, la cual, a diferencia de la del 2014 donde primó la voluntad de los escoceses de permanecer, deberá realizarse previo se complete el proceso de abondo del Reino Unido de su calidad de miembro de la Unión.
Propicio resulta el destacar que, no obstante los resultados del Brexit de junio del año pasado, el divorcio entre las partes no podría tener efecto alguno si no se activaba el mecanismo previsto para dichos fines, conocido como el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Este requisito legal previsto por la Mancomunidad, tuvo que sortear las barreras parlamentarias de la Cámara de los Comunes y la de los Lores, tras lo cual Theresa May procedió finalmente a solicitar a la Unión Europea el abandono del bloque comunitario, con lo que comienza la separación definitiva luego de 44 años de integración global.
Los aprestos protocolares fueron ejecutados por el embajador británico, Tim Barrow, quien entregó al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la carta formal mediante la cual la primer ministra solicita la activación del artículo que permitirá la consumación del Brexit. Dicha acción coincide con la celebración del 60 aniversario de la creación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, lo que dota a la iniciativa británica de un carácter simbólico.
En lo adelante entra en discusión varios puntos fundamentales, como lo son las negociaciones sobre la nueva relación que deberá gestarse entre Reino Unido y la Unión Europea, sobre todo en el aspecto comercial. De salida, May ha aclarado que lo pertinente es abandonar el mercado común, dado la renuencia de los líderes europeos (con la canciller Angela Merker a la cabeza), de que Reino Unido goce de privilegios comerciales a la vez que renuncia a obligaciones como libertad de servicio, dinero, movimiento, y bienes. Ante esto, Theresa May expresaría que “Aceptar esas libertades que impone la Mancomunidad, resulta incompatible con la decisión del pueblo británico” (refiriéndose a los resultados del referéndum). Esta decisión plantea incógnitas sobre la futura estrategia que, en términos comerciales, ha de promover el Reino Unido, si se parte del hecho que la Mancomunidad europea es el bloque comercial con mayor nivel de exportación del mundo. La renuncia a este mercado de aproximadamente 500 millones de consumidores, al cual sus Estados miembros acceden libre de aranceles, deja a la primer ministra May con pocas opciones, como podrían ser un acuerdo como el de la Unión con Canadá, pero con la vertiente de que deberá negociar sin privilegios.
Para tratar de disipar dudas y reducir tensiones, la primera ministra ha insistido en que el actual proceso comprende un “momento histórico del cual no hay marcha atrás”, mediante el cual se procurará “fortalecer la unión entre las cuatro naciones que conforman el Reino Unido”. Adherido a lo expresado, sostiene que “Inglaterra, Escocia, Gales, e Irlanda del Norte tendrán un aumento significativo de sus poderes de participación y toma de decisiones, por lo que sus intereses serán tomados en cuenta en una oportunidad única de moldear el futuro del Reino”. Sin embargo, la salida de la Unión no será un proceso sencillo, mucho menos a ningún costo, pues según se estima sus obligaciones económicas para con la Mancomunidad ascienden a US$65,000 millones, cifra que ha sido rechazada por las autoridades británicas. Estas obligaciones entran dentro de las directrices para la negociación del Brexit, las cuales fueron aprobadas a unanimidad por los líderes europeos, en una decisión que mostró el carácter de irrevocabilidad que tiene este proceso para la Unión Europea. La trascendencia de la medida permite explicar el que, en lo que puede considerarse una medida habilidosa, Theresa May optara por convocar elecciones anticipadas para el próximo 8 de junio, las cuales de ganar, le brindarían mayor legitimidad y rango de acción durante el complejo proceso de salida activado formalmente el mes pasado.
En definitiva, el Brexit comprendió un hecho sin precedentes en la historia reciente, marcando un punto de inflexión en una Europa que comenzaba a cuestionar su carácter integracionista. Eso permitió que el pragmático rechazo que una mayoría simple reflejó hacia la globalización y sus obligaciones, envalentonara a otros proyectos populistas, que sin embargo en los casos de Austria, Holanda y ahora Francia, se irían desinflando.
Estará por verse cómo sigue redactándose en las páginas de la historia los pro y contra de aquella soberana, pero políticamente incorrecta decisión. Mientras tanto, se consolida en Europa un nuevo liderazgo bajo la órbita alemana, a la vez que los efectos contradictorios que sobre la estabilidad global ha tenido otro beneficiado del Brexit, Donald Trump, evidencian que en tiempo de crisis lo menos prudente es tomar decisiones con pasión…
