Hace unas semanas nos encontrábamos indagando sobre la situación política de Sudán, nación que ha estado desde 1989 bajo el férreo control del régimen represivo y autoritario de Omar al Bashir, dictador que durante su trayectoria no ha escatimado esfuerzos en suprimir todo tipo de disidencia interna, valiéndose para esto de graves violaciones a los derechos humanos.
Tales acciones le han valido a través de los años sendas acusaciones a nivel internacional, incluyendo una condena de parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en el 2009, que le señala como responsable de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad y posteriormente de genocidio. Crímenes que han tenido como epicentro a Darfur.
El principal detonante de esta condena lo sería la guerra civil sudanés iniciada en el 2003, la cual se originó tanto por asuntos tribales como políticos internos, dando al traste con la matanza indiscriminada de civiles de parte de milicias locales afines a al Bashir, como son los Yanyauid. Estos últimos han sido los principales responsables de la muerte de más de 350,000 personas desde el inicio del conflicto, el cual al extenderse hasta nuestros días ha creado una de las mayores crisis en la región, con más de medio millón de refugiados y unos 7 millones de personas en condición de peligro.
Decidiendo tomar cartas en el asunto ante el desbordamiento de la crisis, el Consejo de Seguridad de la ONU haciendo honor a su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional, según lo establece la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, emitió el 31 de marzo del 2005 la resolución 1593, mediante la cual empoderó del caso a la Corte Penal Internacional. Para motivar la resolución, el Consejo de Seguridad acordó que la situación al oeste de Sudán comprendía una amenaza a la paz y seguridad internacional.
Ahora bien, ¿por qué se empodera a la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿En qué se diferencia de otras cortes? Y ¿Qué alcance tienen sus fallos? Son preguntas que requerimos responder.
El origen de esta corte, a nuestro entender una de las más prometedoras iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas, destinada a devolver cierta justicia en naciones que han sido víctimas de las extralimitaciones y violencia estatal por parte de regímenes autoritarios, está ligado a la aprobación del Estatuto de Roma.
El Estatuto de Roma, que no es lo mismo que el Tratado de Roma de 1957 (este último dio origen a la Comunidad Económica Europea, posteriormente Unión Europea), se firmó en julio del 1998 por 160 naciones que decidieron establecer una corte que dirimiera los más atroces delitos, tales como crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, cometidos por individuos que se valen de su poder para llevarlos a cabo.
Con este acuerdo, los miembros firmantes darían por concretada una tarea pendiente desde los juicios de Núremberg y de Tokio que siguieron a la II Guerra Mundial, escenarios tras los cuales se había discutido por más de cuatro décadas la necesidad de contar con un mecanismo permanente para la persecución y condena de los crímenes contra la humanidad. A pesar de su logro, a diferencia de los citados juicios, la nueva Corte con sede en La Haya, Países Bajos, no puede imponer la pena de muerte.
Producto de su principal misión, la Corte Penal Internacional logra de partida diferenciarse respecto a otros organismos de la ONU, como la Corte Internacional de Justicia, donde la primera (CPI) se encarga exclusivamente de procesar individuos acusados de crímenes contra la humanidad, sin importar que se trate de jefe de Estado, militar de alto rango, miembros de parlamento o funcionarios. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene por finalidad dirimir conflictos o disputas entre Estados.
Como sucede con otros tratados, la vinculación (aceptación y ratificación) de un Estado al Estatuto de Roma, es imprescindible para garantizar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, además de que su aplicación no será retroactiva. Sin embargo, cuando se trata de crímenes de guerra, a pesar de que el Estado al que pertenezca el individuo investigado no reconozca la competencia de la CPI, el Consejo de Seguridad de la ONU puede empoderarla como sucedió con el caso de Sudán.
A lo anterior es preciso agregar, que a pesar de que el Estado donde se cometa el crimen no sea signatario del Estatuto de Roma, la Corte podrá ejercer su jurisdicción en caso de que el individuo investigado sea originario de una nación que sí reconozca las competencias de la CPI. Lo propio sucede si un Estado no perteneciente al Estatuto acepta coyunturalmente la jurisdicción de la Corte, teniendo como garantía de que la Corte no puede reemplazar bajo ninguna circunstancia la jurisdicción nacional, siempre y cuando el Estado en cuestión decida y esté en la condición de asumir por sí mismo la persecución y enjuiciamiento de responsables de estos crímenes, a no ser que el Consejo de Seguridad entienda lo contrario.
A pesar de sus funciones, es el Consejo de Seguridad el órgano de decisión que tiene la última palabra sobre el alcance de la CPI en un determinado proceso, pudiendo extenderla más allá de su jurisdicción, asignar un fiscal especial con poderes para proceder con las investigaciones pertinentes. El Consejo de Seguridad también puede solicitar que se difiera una investigación, sin embargo, la Corte en términos generales se debe a los Estados signatarios del Estatuto, por lo que es a ellos a quien al final rinde cuentas.
Un dato peculiar es que la Corte carece de militares o fuerzas especiales que le ayuden en la persecución y captura de los responsables del delito, por lo que se hizo obligatoria la cooperación internacional de los Estados miembros, en especial aquellos en cuyo territorio están los acusados. Justamente este sería el caso vivido en el 2015 en Sudáfrica, donde en medio de la Cumbre de la Unión Africana, al Bashir inesperadamente hizo acto de presencia, llevando a que la CPI exigiera su detención por parte de las autoridades sudafricanas, en el entendido de que esta nación era signataria del Estatuto.
Sucede que tras la condena impuesta en el 2009, se emitió una orden de arresto contra el dictador sudanés, la cual debía ser acatada por cualquier Estado miembro donde este viajara, pero que a falta de avances sustanciales, el caso fue archivado en el 2014. Sería en junio del siguiente año, cuando presentándose en la citada Cumbre presentó el mayor desafío para la CPI y su capacidad de acción, pues tras la exigencia de su detención, el ejecutivo sudafricano alegó tener la última palabra sobre este particular.
Lo sorpresivo de esta postura, que iba contra las obligaciones que se supone debe asumir todo Estado miembro, pudo deberse a que dos días previos a la Cumbre, las autoridades sudafricanas habían emitido un decreto que garantizaba inmunidad a todos los líderes y delegados que asistirían al evento. Esta movida resulta interesante, partiendo de que en África coexisten más de 20 gobiernos dictatoriales en nuestros días, protegidos regionalmente en escenarios como el Congreso Nacional Africano (CNA), de donde se emitió en aquel momento una clara amenaza, en la cual se planteó la posible salida en bloque de estos Estados de la Corte Penal Internacional.
Puede resultar evidente que lo tratado hasta ahora dibuja un recuadro de luces y sombras; potencial y limitantes; oportunidades y desafíos de un organismo complementario de las Naciones Unidas cuya razón de ser está bien justificada, pero que su efectividad aún carece de herramientas más eficaces que la simple voluntad de sus auspiciadores.
Para el 2002 solo ratificaron el Estatuto de Roma unas 76 naciones, lo que no incluyó a las tres principales potencias mundiales (China, Rusia y Estados Unidos). Si las naciones llamadas a ser los salvaguardas de la paz y el orden mundial no asumen como propias las bondades de la Corte Penal Internacional y aceptan su jurisdicción a lo interno de sus territorios, se puede esperar que tenga éxito este esfuerzo? O incluso ¿podrán tener calidad estos para promover juicios contra terceros? Juzgue usted…
