Madrid (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Decenas de manifestaciones a favor de la república fueron convocadas para este jueves en diferentes ciudades españolas excepto en Madrid, donde fueron prohibidas con motivo de la proclamación de Felipe VI como nuevo monarca.
La Izquierda Plural, agrupación de fuerzas parlamentarias encabezadas por Izquierda Unida (IU), anunció que no acudirá a la ceremonia de proclamación, en protesta por lo que califica de imposición del derecho de sangre sobre el de las urnas. Sin embargo el coordinador federal de IU, Cayo Lara, afirmó que los diputados, líderes y militantes de esos partidos estarán presentes en manifestaciones convocadas en decenas de ciudades en reclamo de la república.
Las autoridades de Madrid prohibieron las demostraciones, mientras la Dirección General de la Policía ordenó a sus agentes impedir la presencia de banderas o símbolos republicanos durante el recorrido de Felipe VI tras su proclamación como rey de España.
Izquierda Unida consideró las prohibiciones un ataque a la libertad de expresión, violación de derechos constitucionales y un acto inconcebible para una democracia del siglo XXI.
Paralelamente, un grupo de intelectuales emitió hoy una declaración que considera la proclamación de Felipe VI un intento acelerado de imponer al pueblo otro Rey sin tener en cuenta su voluntad.
Recuerda que el país vive una grave crisis económica, social, ambiental y política que provocó la abdicación y argumenta que el 70 por ciento de la población no tenía edad de votar cuando en 1978 se aprobó la Constitución y se estableció la monarquía parlamentaria. Por eso, expresa, exigimos que el pueblo decida mediante un referendo si quiere monarquía o república y apostamos decididamente por abrir un proceso constituyente.
En el mundo de la cultura, como millones de ciudadanos, nos planteamos algo evidente: si se cambia la jefatura del Estado, ¿por qué los ciudadanos no podemos decidir quién es?
El modelo de Estado que se aprobó en 1978 -precisa- no tiene por qué ser inamovible y para siempre, porque estamos en el siglo XXI y entendemos que no debe heredarse un Estado como un patrimonio privado.
Creemos en el principio de igualdad que debe existir, sin privilegios, en toda democracia, en la soberanía del pueblo y que es la hora de reivindicar el ejercicio de ese derecho en referendo, subraya la declaración.