La República Dominicana quiere reafirmar, en este escenario, su serio y profundo compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales, así como una plena disposición de diálogo y apertura con la comunidad internacional.
De la misma forma, el gobierno dominicano respeta firmemente los preceptos de la Carta Democrática Interamericana, en especial en lo referente a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como componentes esenciales de la democracia.
El Presidente Danilo Medina ha reiterado en numerosas ocasiones su decisión de construir las relaciones internacionales de la República Dominicana sobre la base de la colaboración entre países hermanos, la búsqueda de alianzas, la solidaridad y el desarrollo sostenible. El respeto a la soberanía de los demás países es punto clave en esa decisión.
Reconocemos ante ustedes que, como país en desarrollo, arrastramos debilidades históricas, fruto de múltiples y complejos desafíos. Pero queremos asegurarles que no descansaremos en nuestro esfuerzo para corregir cualquier situación que haya podido colocarnos por debajo de los estándares institucionales que perseguimos.
Nos encontramos con ustedes en esta ocasión para informarles, con precisión y objetividad, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano 168-13, sobre el contexto en que ésta se produce y, sobre todo, para darles a conocer las próximas medidas que pondremos en marcha para dar solución a todas las situaciones de indefinición o irregularidad existentes.
Esta sentencia sobre el otorgamiento de documentos de identidad a los descendientes de extranjeros con estatus migratorio irregular, tiene sus precedentes en diferentes elementos de nuestro marco jurídico que quisiéramos resumir brevemente.
Es preciso recordar, en primer lugar, que la Constitución dominicana desde principios del siglo XX ha establecido que la nacionalidad dominicana se adquiere, entre otras formas, por haber nacido en el territorio de la República Dominicana, con la excepción de los hijos de extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén de tránsito en él.
Esta disposición relativa al “derecho del suelo” calificado ha sido ratificada por las reformas constitucionales de los años 1966, 2002 y 2010. La Suprema Corte de Justicia ha definido y reiterado el concepto de extranjero en tránsito, definiéndolo como aquellas personas que no tienen domicilio legal en la república o los que carecen de permiso legal de residencia. En el año 2005, la Suprema Corte de Justicia dominicana se pronunció sobre ese caso específico, y concluyó que: “si los nacidos de padres legalmente en tránsito quedan excluidos de la adquisición automática de la nacionalidad, los hijos de aquellos que no pueden justificar su entrada legal o estadía en el país no pueden beneficiarse de un derecho mayor.”
De esta tradición jurisprudencial se desprendió la decisión más reciente de nuestro Tribunal Constitucional (sentencia TC/0168/13) que dispuso que los extranjeros carentes de una autorización de residencia en el país deben ser asimilados a la categoría de extranjeros en tránsito, en cuya virtud, los hijos de esa categoría de personas no adquieren la nacionalidad dominicana, aunque hayan nacido en el territorio nacional.
En consecuencia, y en cumplimiento de las leyes de la República Dominicana, el Gobierno y las diferentes instituciones del Estado acatan la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y actúan en todo momento, respetando la institucionalidad.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Constitución de la República: “Las decisiones de este tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
El Tribunal Constitucional ha dispuesto, mediante su sentencia, que el Estado cumpla con una serie de procedimientos a través del órgano constitucional competente para el registro civil (la Junta Central Electoral), el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que permitirán a las personas afectadas adecuar su estatus en breve término.
En concreto, la
Sentencia dispone:
Que la Junta Central Electoral, en un plazo de 12 a 24 meses, audite el Registro Civil desde 1929 hasta 2007, elabore una lista de todos los extranjeros inscritos, elabore una lista con los extranjeros inscritos irregularmente, cree libros-registro especiales anuales de nacimientos de extranjeros para ese período y transcriba la lista de los inscritos irregulares.
Además, dispone que la Junta Central remita al Ministerio de Interior y Policía la lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil que logre acopiar, luego de la auditoría para la que tiene un plazo de 12 a 24 meses.
Asimismo, establece que las personas hijas de extranjeros no residentes cuyos nacimientos han sido inscritos en el Registro Civil Dominicano tengan acceso a su acta de nacimiento y documentación necesaria. Igualmente, que los casos en que proceda la nulidad de las mismas, esta sea perseguida conforme a la ley en los tribunales competentes siguiendo el debido proceso.
La sentencia no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país.
Aquellos con al menos un progenitor residente legal son y continuarán siendo de nacionalidad dominicana.La cantidad de personas afectadas, por lo tanto, es solo una fracción de los estimados alarmistas. Entre los años 2008-2013, la Junta Central Electoral dominicana sometió 16,945 actas de nacimiento a la Dirección de Inspección para su evaluación. De estas, solo 1,088 (6%) fueron suspendidas provisionalmente por razones de duplicidad, suplantación y otras incongruencias. Los esfuerzos de la Junta Central Electoral por erradicar las irregularidades en el Registro Civil tampoco se limitan a la identificación de violaciones migratorias. Durante los años del 2007-2013, la JCE canceló 42,015 cédulas de identidad, de las cuales tan solo 410 (1%) fueron suprimidas debido a falsos reclamos de nacionalidad.
De todas formas, la dimensión definitiva de esta situación está en proceso de cuantificación.
Y finalmente, en virtud de la Ley 285-04, la Sentencia establece el cumplimiento de la implementación de un plan nacional de regularización de extranjeros ilegales ordenado por la Ley de Migración, número 285-04, de fecha 15 de agosto de 2004, y la realización de un informe general sobre el indicado plan.
Señoras y señores,
El Gobierno de la República Dominicana ha decidido hacer de esta Sentencia la oportunidad perfecta para actuar con decisión y rapidez sobre un asunto que durante años ha sido relegado.
Tenemos la firme voluntad de que este contexto nos ayude a terminar con años de indefinición e irregularidades, que posibilitaron situaciones de injusticia y arbitrariedades inaceptables.
Iniciaremos, por tanto, en las próximas semanas, un plan que deberá establecer procedimientos claros y expeditos en respuesta a todas y cada una de las situaciones de irregularidad existentes y a los diferentes casos particulares.
Y para llevar a cabo este proceso, hemos puesto en marcha diferentes acciones.
En concreto, la semana pasada el Consejo Nacional de Migración anunció:
.Que la Junta Central Electoral, en un plazo de 30 días, rendirá un informe en el cual se exprese el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en el sistema de registro civil, tanto en su condición de regulares como de irregulares.
.Que el Consejo Nacional de Migración elaborará en un plazo de no más de 60 días el Plan de Regularización de Extranjeros.
.Que se procederá en lo inmediato a la conformación del Instituto Nacional de Migración y a la designación de su Director Ejecutivo.
Además, se está trabajando en el establecimiento de una ventanilla única para dar respuesta expedita a estos casos.
Queremos enfatizar que el Estado dominicano no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparadas por nuestras leyes, ni como consecuencia de esta sentencia ni de ninguna otra.
Y para garantizar que así sea, se ejercerá una tutela efectiva de esos derechos, de manera que se respete en todo momento el debido proceso.
Asimismo, para optimizar los resultados, estamos en la mejor disposición de recibir el acompañamiento de los países y organismos internacionales que decidan apoyarnos en esta tarea.
Señoras y señores, nuestro gobierno propugna y ha desarrollado siempre relaciones de profundo respeto y fraternidad para con las naciones hermanas y, muy en especial, con la República de Haití.
Como saben, la historia de la República Dominicana está inseparablemente unida a la de nuestro vecino país Haití y lo estará siempre. Por razones geográficas evidentes, pero también por fuertes lazos históricos, culturales y sociales.
Por tanto, el marco general de las relaciones dominico-haitianas no puede ser otro que el de dos naciones decididas a concertar esfuerzos para resolver sus problemas comunes y a identificar vías para aumentar su cooperación, expandir sus lazos y alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. El Banco Mundial, en su informe del año pasado titulado Haití, República Dominicana: Más que la Suma de las Partes, un estudio de las relaciones bilaterales entre nuestros dos países, señalaba:
“La República Dominicana y la República de Haití han experimentado un acercamiento en los últimos años, patente en el ámbito de la cooperación en situaciones de emergencia, la proliferación de flujos comerciales bilaterales y el relanzamiento de la actividad dentro de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana”.
Prueba de nuestro compromiso fueron las muestras de solidaridad sin precedentes ofrecidas por el pueblo dominicano ante la catástrofe sufrida por Haití en 2010.
Pero también lo son los esfuerzos del Presidente Medina invitando a la integración y la solidaridad internacional con Haití; los foros internacionales que compartimos; nuestras importantes relaciones comerciales; el relanzamiento de la comisión mixta bilateral entre ambos países; el ofrecimiento de la República Dominicana para cooperar con el esfuerzo de la OEA, orientado a dotar de documentos de identidad a los haitianos, así como los acuerdos preferenciales que mantenemos en diferentes materias.
Es necesario destacar que tanto esa población como cualquier otra persona residente regular o irregular en la República Dominicana tiene el mismo acceso que cualquier nacional a la salud, a la educación preuniversitaria pública y a las cortes laborales, sin necesidad de presentar documento de identificación alguno. Para ilustrar esta realidad les daremos solo una cifra. En nuestros hospitales públicos, el 13% de los partos son de madres haitianas.
Por este concepto, el Estado dominicano eroga alrededor de 3,000 millones de pesos (69.8 millones de dólares) al año. Teniendo en cuenta, además, que en algunos hospitales ubicados en la frontera más del 50% de los nacimientos son de madres haitianas (el gasto global dominicano para la población inmigrante ocupa cerca del 18% del presupuesto nacional de salud), las autoridades dominicanas han implementado un sistema que provee a las madres no residentes con una prueba de nacimiento y así facilitarles el debido registro con sus autoridades consulares o en su país de origen.
De la misma forma, debemos reconocer que en lo referente al mercado de trabajo, la realidad es que las personas migrantes enfrentan, a menudo, los mismos retos que buena parte de los dominicanos y dominicanas. No olvidemos que la República Dominicana tiene aún un 34% de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza.
Además, cabe señalar que actualmente 15 mil nacionales haitianos están estudiando en nuestras universidades, con los mismos costos que los ciudadanos dominicanos e indistintamente se les otorgan becas, a diferencia de estudiantes de otras nacionalidades.
En resumen, con estos datos queremos transmitirles que, aún con las limitaciones propias de un país que sufre importantes restricciones económicas, podemos decir, sin jactancia, que el Estado dominicano hace todo lo que está en sus manos para dar un trato digno y apegado a los derechos humanos a todos los hombres y mujeres que residen en nuestro territorio.
Sin embargo, y a pesar de estas muestras de apertura y respeto, hemos recibido por parte de las autoridades del país vecino una respuesta hostil injustificable, que no muestra reciprocidad con la actitud conciliadora y de concertación del gobierno dominicano. Esta respuesta, que consideramos incomprensible, genera tensiones innecesarias.
Confiamos en que todas estas informaciones nos ayuden a enmarcar con más precisión y objetividad la realidad en que ambos países convivimos, así como el contexto en el que se produce la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano y el plan de regularización de extranjeros que iniciamos.
Nos encontramos ante una oportunidad única para avanzar en nuestra política migratoria y de fortalecimiento institucional y estamos decididos a dar este paso histórico.
Llamamos a los países del Sistema Interamericano a acompañarnos en este esfuerzo, con el que deseamos dar una respuesta definitiva, coherente y humanitaria; que lleve certidumbre y confianza a todos los hombres y mujeres, niños y niñas que residen en nuestro país.
