Cada vez son más los Profesionales del derecho y analistas políticos en la opinión de que ningún organismo estatal puede dictar ordenanzas ni reglamentos que no estén apoyados en una ley o norma constitucional.
Los especialistas coinciden en que carece de base legal la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que busca impedir actividades públicas. Explican los juristas consultados que es improcedente pretender desconocer las leyes vigentes en ese sentido, y peor aún, lo establecido en la propia Constitución de la República, que de manera taxativa prohíbe vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía, como el libre tránsito y la libertad de expresión, como lo establecen todas las doctrinas del derecho.
Pablo Arredondo, miembro del Colectivo de Abogados Quinta Generación, aseguró que la decisión del Pleno de La Junta Central Electoral choca con todos los tratados del Derecho, que refieren el tema con una claridad que no se puede retorcer.
Sus declaraciones fueron hechas al momento de convocar a una Conferencia Magistral sobre la “Vulnerabilidad del Sistema de Partidos Políticos en la República Dominicana”, que dictará el ex Vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.
Arredondo consideró que se hace necesario que la sociedad dominicana quede bien esclarecida respecto a lo procedente o no de la resolución de la JCE, “porque como bien dijo el presidente del Senado, Reinaldo Pared, si se le deja pasar se estaría sentando un mal precedente”.
En opinión del abogado, si se permite que los organismos del Estado puedan emitir ordenanzas y resoluciones que afectan a toda la colectividad, sin que las mismas estén amparadas en la Constitución y las leyes, muy pronto el país se vería en medio de un gran caos, carente de un eje central regulador.
Urge Cumbre Partidos-JCE
Aunque la Junta Central Electoral ha señalado que todo lo que tenía que decir al respecto está establecido en la resolución en cuestión, el ex Presidente de la República, Leonel Fernández, sus colaboradores y representantes de otras latitudes políticas insisten en la necesidad de una reunión de todos los partidos con el organismo comicial, para discutir el tema y arribar a una conclusión armoniosa.
Los abogados, politólogos, sociólogos y otras voces calificadas que se han referido a la situación, coinciden en que con la aprobación de una ley de partidos como la que cursa en el Congreso, no habría lugar a la controversia provocada por la resolución de la Junta, según dijo el Arredondo.
A la luz de la situación, concluyó el jurista, lo más conveniente es que se produzca ese encuentro de los partidos políticos con el pleno de la Junta Central Electoral, y lleguen a un acuerdo satisfactorio mientras se aprueba una Ley de Partido que contemple todas las circunstancias que se puedan presentar.
