El ofrecimiento de hasta US$500 millones de la agencia de crédito a la exportación de Italia (SACE), el equivalente al Eximbank de USA, para el parque generador de 760 megavatios del Estado, desmiente la difundida versión del sector privado y de la oposición política al gobierno de que el país no goza de crédito de entidades financieras internacionales para el subsector eléctrico.
El ministro de Hacienda, licenciado Simón Lizardo, brindó la información a su llegada al país esta semana, luego de participar en Quincuagésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y en la Vigésimonovena Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), celebradas en Brasil, donde se trataron temas del desarrollo económico y social de América Latina.
En esos encuentros también la Cooperación Internacional de Japón (JICA) y el BID se ofrecieron para ejecutar proyectos de eficiencia energética con el Estado. El Banco BNP Paribas, uno de los seis grandes de Europa, también ofreció disponibilidad financiera, mientras que las agencias calificadoras de riesgo Standard & Poors, Fitch y Moodys, aprovecharon para elogiar el eficiente desempeño económico del país.
La información de la disponibilidad el crédito del fondo estatal Sace, de Italia, se produce en el momento en que en los corrillos privados se corre la voz de que una oferta de financiamiento del Eximbank de USA para el parque generador a carbón de la CDEEE se había desestimado, por nuevas regulaciones impuestas por el Departamento del Tesoro de USA a esa entidad.
El Sace italiano es muy conocido en el país, ya que ha participado como prestamista para grandes proyectos de infraestructura, como el Acueducto Valdesia-Santo Domingo, y mucho más.
El entorno financiero para ese parque generador debe ser muy favorable, tomando en cuenta que la empresa constructora ganadora de la licitación internacional, la brasileña Odebrecht, goza de muy buena reputación ante entidades financieras de Brasil, incluido su banco de promoción a la exportaciones, con fondos superiores a los del BID.
La limitación la tiene el sector privado
Otra versión que se ha echado a correr es la de que el Estado está impedido por Ley para inversionar en nueva generación.
De la consulta que hemos hecho con varios expertos criollos en el sector eléctrico, incluido el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan, lo que ha salido a relucir es al revés, que es al sector privado, nacional y extranjero, al que le está impedido invertir más del 50% en las empresas generadoras creadas por la Ley de Capitalización de Empresas Públicas.
En efecto, la mencionada Ley de Capitalización de Empresas Públicas dice en su artículo 13 y párrafo I, lo siguiente:
“Cada una de las sociedades anónimas creadas en el ámbito de esta ley constituirá su domicilio en la República Dominicana.
PARRAFO 1: La capitalización de estas sociedades anónimas se realizará por un aumento del capital, mediante nuevos aportes provenientes de inversionistas privados, nacionales y/o extranjeros. El número de acciones suscritas mediante esos nuevos aportes de capital, no podrá, en ningún caso, exceder del 50% del total de acciones efectivamente ‘1 pagadas por las sociedades objeto de la capitalización.”
Consultado sobre este particular, el ingeniero Moreno San Juan declaró:
“el Estado puede ser mayoritario, hasta el 100% y no viola esta Ley.
De igual forma le remito algunas páginas de la Ley General de Electricidad, pues en ella no se especifica en ningún lado que las empresas de generación deben ser privadas o mixtas. Luego no se violaría la Ley con una empresa de generación térmica estatal. En el caso de la creación de la CDEEE, Artículo 138, si bien es cierto que no se especifica que pueda intervenir en la generación de manera directa, tampoco lo prohíbe, luego puede hacerlo, sin violentar la Ley, pues en su función de liderazgo podría asumir la generación de manera directa o creando una nueva empresa 100% estatal, pues tampoco viola ninguna disposición del la Ley general, ni de la de Reforma.”
Situación deuda de RD es todavía baja
Por otro lado, la situación de la deuda del país, especialmente la contratada en el extranjero en monedas fuertes, es todavía baja, apenas un 20 por ciento si se aprueban y negocian los créditos externos (entre ellos bonos soberanos) consignados en el Presupuesto para este año 2014.
La dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda consigna que la deuda pública del país es de US$23,203 millones o el 38.5% del PIB, de la cual US$14,919.8 millones o el 20% corresponde a deuda externa en moneda fuerte, y US$8,179 millones corresponden a deuda interna, de la que debe descontarse US$3,101 millones o 5.2% consignados como bonos de recapitalización del Banco Central, pues es deuda intragubernamental, como bien señala el ministerio de Hacienda, restando una deuda real consolidada del Estado de 33.3%. Estos datos están contenidos en el más reciente informe, del 28 de febrero pasado, del Ministerio de Hacienda, que echa por tierra la información de que la deuda dominicana suma el 48% del PIB, el que al 31 de diciembre pasado sumó US$60,000 millones.
Como se puede colegir, son varios los presupuestos negativos que se caen pretendiendo obstaculizar la firme decisión del gobierno de materializar el proyecto de erigir dos centrales a carbón mineral, de 380 megavatios cada una, en Catalina, provincia Peravia, donde ya han comenzado los trabajos de construcción de zapatas y vías de acceso.
Esta es la primera de las dos grandes promesas que hizo el presidente Danilo Medina el 27 de febrero de 2013, de construir, por cuenta del gobierno una central a carbón de 800 megavatios y, la segunda promesa, otra central a gas natural de por lo menos 900 megavatios.
Con ambos proyectos, el gobierno puede garantizar que para el 2016, como lo anunció al país, se habrá acabado la crisis de oferta de generación eléctrica y la causa mayor para el alza de precios de generación y distorsión de todo el mercado.
A continuación, el cuadro de la dirección general de Crédito Público, del Ministerio de Hacienda, que no deja lugar a ninguna duda en cuanto a lo que se afirma en este trabajo:
Del total de la deuda del SPNF al 31 de diciembre de 2013, el 64.3% corresponde a deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de US$14,919.3 millones, reflejando un aumento de US$1,054.5 millones respecto al 30 de septiembre de 2013 (US$13,864.9 millones), como el resultado de flujos netos positivos13 por US$1,044.9 millones y de una variación cambiaria positiva de US$9.6 millones, dada la depreciación del valor del dólar estadounidense frente a otras monedas extranjera.
