El ex presidente del Consejo de Reforma de la Empresa Pública, Antonio Isa Conde, califica el proceso de capitalización de las empresas del Estado como un paso que dio el país fundamentándose en la realidad.
Asegura que esa forma de intervención en las empresas propiedad del Estado no fue diseñada como una opción ideológica sino como una opción lógica y necesaria. Para entonces, indica, el peso de lo que representaba el subsidio que daba el Estado a estas empresas era muy pesado en relación al Presupuesto Nacional. “A veces se interpreta que era una posición de tipo neoliberal y no fue así. Estábamos ante una realidad que obligó a buscar fórmulas para resolver el problema”.
A la vuelta de dos décadas de iniciado el proceso de la reforma de la Corporación Dominicana de Electricidad, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera, Isa Conde señala que “el proceso se manejó con una transparencia que con todas las auditorias que hicieron no pudieron sacarle ni siquiera algo que pudiera decir: ‘hubo un manejo administrativo inapropiado”.
Sin embargo, al analizar el proceso de capitalización de las empresas del Estado, el ex presidente del Consejo de Reforma de la Empresa Pública, habla en primera persona del plural y asegura que en todos los gobiernos se han cometido errores.
“Lo que toca a los dominicanos ahora es aprender a desaprender, ya que lo que en otra época fue bueno, ahora tal vez no sea lo que funcione. “Por eso hay que verlo con otro ojos, con otras realidades”, dice.
CORDE, CEA y CDE
La CREP trabajó con varias comisiones temáticas en los procesos de licitación de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Cooperación de Hoteles del Estado y las empresas que conformaron la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
En CORDE, el proyecto se inició con las empresas productoras de harina de trigo: Molinos Dominicanos y Molinos del Norte, las cuales fueron fundidas en una nueva empresa de capital mixto bajo la administración del sector privado denominada Molinos del Ozama.
También fueron capitalizadas y agrupadas en La Tabacalera, las empresas tabaqueras Compañía Anónima Tabacalera, Compañía Tabaquera Santiaguense y la Habanera. Igualmente se arrendaron las minas de yeso y mármol propiedad del grupo.
La reforma dio un destino a los activos que todavía tenían 14 de las empresas cerradas de CORDE de manera que los mismos sirvieran en unos casos para fines sociales y en otros para pago de deudas.
Se procedió además a la reformas de los ingenios propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a través del arrendamiento, una de las modalidades previstas en la Ley. Se arrendaron los 10 ingenios y se trabajó en el diseño de lo que sería la reforma no azucarera del CEA, sobre todo el área inmobiliaria y la problemática social.
Isa Conde destaca que en el caso de los ingenios del CEA, aunque se esperaba que las empresas que lo arrendaran tenían que ponerlo a producir, se vieron afectados porque desde que inició el gobierno del PRD con Hipólito Mejía como presidente, comenzó a amenazar con revisar esos contratos de arrendamiento de los ingenios azucareros.
“Los principales arrendatarios solo tenían como apoyo los contratos porque no eran propietarios. Si iban a un banco para solicitar préstamos su principal garantía era el contrato. Pero un contrato en peligro, amenazado, no es suficiente garantía y comenzaron los problemas financieros de algunos de ellos”, explica.
Por otro lado, dice, hubo un deficiente manejo de las relaciones con los colonos. “Aquí uno de los problemas era que si tu manejabas uno de esos ingenios debías tener una relación armoniosa con los colonatos, que en algunos ingenios eran los principales dueños de las tierras y la ley preveía para ellos precios especiales”.
Comenzaron a colapsar y el deterioro que venía dándose desde antes de la capitalización se siguió produciendo. Salvo el Ingenio Barahona, el cual no tenía colonos, era propietario de sus propias tierras, era más pequeño. Todo esto permitió que la empresa pudiera enfrentar mucho mejor sus problemas financieros.
En el caso de las empresas molineras estatales, en cambio, los beneficios de la capitalización fueron rápidos y elocuentes. A penas a los nueve meses de operación, Molinos del Ozama comenzó a reportar utilidades ascendentes, del los cuales el Estado no solo dejo de cubrir el déficit operativo sino que comenzó a recibir beneficio de sus acciones e ingresos impositivos que nunca antes había obtenido.
El proceso de capitalización en este sector, ha permitido recuperar una empresa que se encontraba prácticamente en una situación de quiebra y cuyo funcionamiento era posible únicamente gracias al financiamiento del Estado.
Adicionalmente, la racionalización a la que fue sometida hizo evidente las ineficiencias con las que operaba. Luego del cambio, Molinos del Ozama tenía una producción tres veces superior y se manejaba con unos 80 empleados en contraposición con los 715 empleados en la etapa de precapitalización.
Sector eléctrico
En el sector eléctrico la capitalización fue un proceso que consistió en dividir las empresas en empresas de generación, transmisión y distribución. El Estado se mantuvo en posesión de las empresas hidroeléctricas, y las empresas de transmisión. Solo se capitalizaron las tres empresas de distribución y las dos de generación.
Isa Conde asegura que este fue un proceso transparente y se hizo una tasación a través de una licitación pública internacional para escoger la empresa que haría la tasación y esta se hizo por el valor del mercado, que es la capacidad que tiene la empresa para generar el flujo. Se hizo ese diseño, independientemente de que también se hizo una auditoria patrimonial.
Ese valor aunque la ley no lo preveía, asegura, se puso como precio mínimo. El que quería participar en la capitalización tenía que ofrecer un precio mayor de lo que la auditoria ponía como el precio.
“Como resultado la inversión en la generación fue millonaria y todavía esa generación le está dejando dinero al Estado. En el caso de las empresas de distribución, era un caso más complejo, sabíamos que no iban a producir de una vez. Pero el diseño era que funcionaran y a principio funcionaron”.
Isa Conde señala que una de las cosas que quería la reforma era que la electricidad no se viera como una mercancía política y que las otras empresas del Estado no se vieran como un botín político.
¿Pero qué paso?, Cuando se diseñó el proceso de capitalización el petróleo estaba a 13 dólares el barril y los contratos tenían valores de indexación de la tarifa hasta cuando se pusieran por encima de 22 dólares el barril. “Entonces el Estado decidió subsidiar el diferencial de precio para no incrementar la tarifa”.
Los contratos de compra y venta de energía se diseñaron de la siguiente forma los contratos establecían que el 80 % debía ser energía contratada y el 20% en el mercado sport. Se dividió entre las tres empresas de distribución tenía 4 contratos con las empresas de generación. Que iban venciendo cada año. Se suponía que cuando se vencía el primer año se debía licitar y conseguir mejor contrato porque supuestamente iba a haber mejor energía.
Esas licitaciones en busca de mejor energía no se fueron haciendo y cuando el tercer contrato estaba a punto de vencer, ahí fue que se realizó el acuerdo de Madrid. Esto iba a significar una mejoría en el flujo de caja del gobierno, ya que iba a bajar el precio de compra y venta de energía un poco. “Pero el gancho estuvo en que por ese bajoncito, por no haber licitado los contratos como preveía la Ley se firmó un contrato donde efectivamente bajaba el precio de compra un poco, pero los parámetros para el precio de compra los mandaba para el año 2016”.
De cara al futuro, Antonio Isa Conde, es optimista con relación al tema eléctrico, un aspecto fundamental para garantizar un buen rumbo al desarrollo nacional. Lo que necesita el país es un plan integral, que tome en cuenta todos los aspectos de este complejo sector.
“El presidente Danilo Medina está dando los pasos indicados”. Este es un proceso de largo plazo, analiza, los beneficios de las acciones que haga este gobierno no se verán en lo inmediato, pero son necesarios para heredar soluciones reales a las futuras generaciones.
