El Centro de Operaciones de Emergencia es la única institución que mediante ley No. 147-02 está llamada a tomar acción para prevenir los accidentes de tránsito y sus consecuencias; pero esa intervención solo es tres veces al año. Una de las cuales es en el período de asueto de la Semana Santa.
Durante la Semana Mayor el desplazamiento de personas se incrementa inusualmente en las carreteras, que combinado con una serie de factores considerados de alto riesgo para la vida, convierten esos días de desenfreno en tragedias y luto.
La violencia en las vías se hace una rutina, al igual que las medidas tomadas para prevenirlas, a pesar de un despliegue de recursos incuantificable.
En sentido económico, ¿Cuánto le cuesta al Estado movilizar las tantas instituciones para tratar de preservar la vida de los usuarios de la red viaria nacional en esos días de vacaciones? Nadie se ha atrevido a decirlo o no se ha tomado el tiempo para calcularlo.
Sin embargo, queremos nuevos resultados haciendo siempre lo mismo.
Se habla de 29 muertes por siniestros viales este año, dos más que en el 2012. La realidad es que se produjeron 787 víctimas, de los cuales seguirán muriendo los heridos graves y aquellos que por descuido, complicaciones de salud o por falta de recursos no podrán llevar su tratamiento adecuadamente, ellos no formarán parte de las estadísticas fatales, aunque están muertos.
El COE realiza, en un esfuerzo sobrehumano, un trabajo envidiable de gestión, y aún más, cuando por segunda vez que se recuerde, las expresiones de llamado a la prudencia de los más elevados niveles de la autoridad nacional, motivaron a la integración y al trabajo de los diversos organismos como nunca.
Los resultados eran de esperarse, pues en todo lo que se hizo no hubo novedad.
Me refiero a que la planificación para la prevención se fundamenta en medidas duras y concertar acuerdos. Tiene que considerarse dedicar 360 días a crear conciencia social, para que en 5 no se afecten tantas familias.
Las estadísticas no son para contar víctimas, sirven para tomar decisiones.
Si los motoristas son los más vulnerables, valdría la pena enfocar este sector para un análisis sopesado y coherente. Lo mismo podría hacerse en los demás grupos de usuarios de las vías públicas para poder concluir en políticas verdaderamente eficaces para salvar vidas.
