Un dirigente chino decía que lo importante no es el color del gato, sino que “el gato cace ratones”.
Lo anterior trasladado a la política quiere decir que lo trascendente no es que el partido en el gobierno sea de derecha, de izquierda o de centroizquierda, sino que lo importante es el que el partido en el gobierno resuelva efectivamente los problemas de la sociedad sin importar que el partido sea de centroizquierda, de derecha o de izquierda.
Pero si el partido en el poder además de resolver eficazmente los problemas de la sociedad tiene una orientación ideológica y moral de avanzada, mejor.
La política generalmente se ha conceptualizado como ciencia y arte de lo conveniente y de lo posible, pero siempre he sostenido que lo conveniente y lo posible tienen que ser configurados y asumidos en función del interés nacional y en el marco de la moral.
Para abordar la solución interesa más que el qué, el cómo, es decir, de cuáles métodos, técnicas y procedimientos me valdré para abordar desde la dirección del Estado la solución a los diferentes problemas sociales de la población, siempre teniendo como norte los grandes objetivos de modernización, institucionalización, crecimiento, desarrollo, progreso y bienestar.
La mayoría de los políticos dominicanos tienen una gran agilidad y facilidad para abordar el qué, pero no ocurre lo mismo en el caso del cómo. En el proceso de abordaje del cómo se cometen, debido a los grandes déficits mentales y estructurales, los más inverosímiles desaciertos, despilfarro de recursos, pérdida de tiempo y lamentables frustraciones sociales.
En el fondo es insoslayable una realidad inocultable: en sentido general nuestros políticos se han formado empíricamente, destacándose grandes déficits en su formación teórica, académica y profesional en el campo de la ciencia política.
Se dirá que con especialistas muy bien formados en los diferentes campos de la ciencia, no es necesario que el dirigente político tenga formación teórica. Eso es verdad parcialmente, porque el político debe tener formación y capacidad para escoger entre las alternativas que le presenten los especialistas o técnicos -para buscarle salida al cómo- la mejor; habida cuenta, además, de que los especialistas tienen sus propios intereses.
De esa manera el político, funcionario público, no queda envuelto en la madeja de los caprichos de los técnicos. Sobra decir que el político debe buscar siempre más de dos opiniones técnicas sobre un mismo asunto para poder elegir con conciencia de causa. Además, debe tener asesores muy buenos en cada una de las áreas.
Pero todos los problemas deben ser sometidos a investigaciones serias y objetivas antes de tomar las decisiones para resolverlos, sobre todo, cuando se trata de problemas de alta envergadura y muy espinosos que tienen que ver con el destino o rumbo de una sociedad.
Esas decisiones de Estado no deben estar basadas en percepciones, ni en preconcepciones, ni en prejuicios. Esas decisiones deben ser siempre racionales, fundadas en la verdad, la razón y el interés nacional o conveniencia nacional.
Pero desde la dirección del Estado hay que ofrecer soluciones de estado a los diferentes problemas que se presentan en la sociedad que son de la incumbencia y de la competencia casi exclusiva del Estado, que encajan, pues, dentro del ejercicio de la soberanía del Estado, y que tienen que ser afrontados en el marco de ésta y del interés nacional. Por ejemplo, en cuanto a la República Dominicana están actualmente sobre el tapete, en la agenda del debate nacional, el caso de la inmigración ilegal y el caso de Loma Miranda.
La política migratoria e inmigratoria de un Estado no debe ser para contemporizar o ser complaciente con el extranjero que esté ilegal en el país. Todo extranjero ilegal debe ser deportado a su respectivo país, sea del país que sea.
En el país no debe impulsarse jamás un proyecto de naturalización para legalizar el estatus de todos los extranjeros ilegales, ni tampoco para aplicar una política de frontera abierta y de cero deportación. Todo eso implicaría violar la Constitución y la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional dominicano. Y estaría en contra de la soberanía y del interés nacional. Ahora, sí podrían ser sometidos a un proceso de naturalización los hijos de haitianos ilegales que tienen 20, 30 ó 40 años viviendo en el país. Pero ese proceso de naturalización no quiere decir que esos hijos de haitianos ilegales recibirán automática e inmediatamente la nacionalidad dominicana.
Porque la nacionalidad de un país no se da ni se regala en bandeja de plata, hay que ganársela demostrando que el hijo de extranjero ilegal ha asumido plenamente la cultura, los símbolos patrios, los valores, los sentimientos, las tradiciones y de que está dispuesto y preparado para respetar de manera irrestricta el orden constitucional y legal de nuestro país.
El otro asunto grueso y delicado es el relativo a Loma Miranda. En base a una investigación realmente científica, coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas y que involucre a las universidades más prestigiosas del país, debe ser tomada una decisión enteramente racional por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con respecto a este intrincado tema. El actual debate con relación a este tema está matizado por las pasiones, los intereses grupales, sectoriales y políticos, los cuales, por lo general, están basados en percepciones que nublan la objetividad.
El tema de Loma Miranda guarda similitud con el tema del parque Yauní en Ecuador. Aquí y allá la esencia del debate es prácticamente la misma. Y la pregunta es la siguiente: ¿Se explota o no se explota el petróleo que está en el subsuelo del parque Yauní? La explotación de esa enorme riqueza petrolera le generaría a Ecuador aproximadamente 18 mil millones de dólares. Pero el gobierno de Rafael Correa les propuso a los donantes de la comunidad internacional que si aportaban 3 mil millones de dólares renunciaría a la explotación de éste. Hasta ahora la comunidad internacional ha presentado recursos financieros equivalentes a un pírrico uno por ciento de esos 3 mil millones de dólares.
Pero definitivamente Rafael Correa ya tomó una decisión de Estado: explotar la enorme riqueza petrolera que hay en Yauní. ¿Qué opinan los socialistas y los ecologistas de hojalata que hay en el país respecto de esa decisión de Rafael Correa? Directamente allá e indirectamente aquí, Rafael Correa ha desnudado o desenmascarado a los rabiosos oponentes a todo esto, los cuales se cobijan bajo el disfraz de “ecologistas”.
Ya dije en un artículo anterior que es posible armonizar los derechos difusos y los derechos sociales en el caso de Loma Miranda sin alterar ni el equilibrio ecológico ni el equilibrio social en la zona, porque el ser humano en su proceso de desarrollo nunca ha dejado de usar los recursos que nos brinda la naturaleza, los cuales están constituidos por la tierra, los recursos que hay en el subsuelo, los recursos que hay en los ríos, mares y océanos, etc. Ahora, lo que se plantea no es que no se usen estos recursos, sino que se usen pero con la condición de preservar el equilibrio ecológico o medioambiental, y allí donde se afecte éste la empresa tiene la obligación de restaurar lo dañado o lesionado asumiendo efectivamente el pasivo ecológico.
Así como estos dos macro-problemas, el Estado dominicano está llamado a afrontar otros como la continuación o no del DR-CAFTA.
El DR-CAFTA es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Pero ocurre que la República Dominicana se adhirió a éste cuando haya había concluido, prácticamente, la discusión de este acuerdo entre Estados Unidos y los países de Centroamérica. Esa adherencia incondicional se produjo en el gobierno de Hipólito Mejía.
Cuando se estaba discutiendo este acuerdo entre Estados Unidos y Centroamérica, la República Dominicana hacía aprestos inauditos para incorporarse como suscribiente de un acuerdo que no negoció, y dijimos en esa ocasión que nuestro país no lograría más de lo que ya había logrado en sus relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos, y era que exportábamos más del 80% al mercado estadounidense, que era desde hacía bastante tiempo nuestro principal mercado de exportación.
Además, no hay manera de que la República Dominicana pueda competir de igual a igual, en una zona de libre comercio, con ese coloso de la economía mundial, única potencia global, que es Estados Unidos en cuanto al desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, factores clave en la construcción de la competitividad sistémica y de la competitividad en los mercados internacionales.
En realidad los grandes beneficiarios de este acuerdo comercial han sido Estados Unidos y los países de Centroamérica. El gran perjudicado, en términos de competitividad y de ganancias del comercio, ha sido la República Dominicana tanto en sus relaciones comerciales con Centroamérica como con Estados Unidos.
En el caso de Centroamérica, su mejor posición competitiva en el marco del DR-CAFTA se debe no a los factores de ciencia, tecnología e innovación, sino a fallos y descuidos en nuestra política comercial.
Creo que el Estado dominicano debe ponderar seriamente la decisión de seguir o no seguir en este acuerdo, y en el caso de que decida no seguir debe presentar la protesta formal del acuerdo ante la OEA. Y ello así porque la economía dominicana no esta en capacidad de asumir en estos momentos, sin perjuicios sensibles para nuestro país, un desmonte arancelario total en el marco de este acuerdo de libre comercio.
Definitivamente no importa que el partido en el poder sea de centro-izquierda, de izquierda o de derecha, lo importante, lo trascendente es que tome decisiones racionales, eficaces y oportunas para ofrecer respuestas idóneas a los problemas de la sociedad.
