Desde que se inició la era satelital y el planeta ha podido ser visto desde el espacio hasta en sus pequeños detalles y más aun desde la aparición de la Internet (año 1993) y de la era digital que le ha seguido, se ha planteado el concepto de “aldea global”, para significar lo que ciertamente se ha convertido en un hecho desde el punto de vista comunicacional y de la información y en cierta medida del conocimiento: La Globalización.
¿Qué es la globalización? La definición puede variar, pero no hay dudas de que se trata de un proceso político, económico, social y ecológico, que comenzó hace mucho tiempo pero que es más visible a nivel planetario desde hace un par de décadas. Cada vez existe una mayor interrelación económica entre Estados y cada vez más ámbitos de la vida son regulados por el mercado. La política no se puede entender al margen de los centros hegemónicos de poder mundial, y por su parte, los problemas ecológicos más importantes del planeta, como es la destrucción de la capa de ozono, que produce el llamado efecto invernadero y crea las condiciones para el calentamiento global y el cambio climático, es mayormente una responsabilidad de las grandes economías desarrolladas, de donde provienen las enormes emisiones de CO2 y otros gases con ese efecto dañino.
Dentro del contexto global, las dos instituciones más importantes que imponen los proyectos y las políticas son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, respectivamente. Pero la primera institución del proceso de globalización o de la generalización del libre comercio -que es su objetivo- es la Organización Mundial del Comercio (OMC),. Siendo así, examinemos un poco el interior de esta organización y otros tratados multilaterales de comercio en los que participa la República Dominicana, tales como el Acuerdo de Libre Comercio con el CARICOM y el DR-CAFTA, para ver como abordan la temática ambiental y los recursos naturales.
La Organización Mundial del Comercio (OMC)
En su acuerdo con el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), sistema multilateral de comercio precursor de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el Art. XX, sobre Excepciones Generales, la OMC incorpora el párrafo b) sobre “medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales”; y el párrafo g) sobre “medidas relativas a la conservación de los recursos naturales agotables”.
Al final de la Ronda Uruguay del GATT (1994), los Ministros de Comercio establecieron el Comité de Comercio y Medio Ambiente que ha incorporado las cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo sostenible en la OMC. Mientras que, excepto por lo relativo a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), el Acuerdo de Marrakech (1995), que dejó establecida la OMC, no plantea ningún acuerdo específico sobre medio ambiente, aunque sí, varios de los acuerdos de la OMC incluyen disposiciones que reflejan preocupaciones ambientales y existen numerosas “disposiciones verdes” que favorecen el medio ambiente y los recursos naturales.
Más adelante, la Declaración Ministerial de Doha (Nov., 2001), precedida de una reunión del Comité de Comercio y Medio Ambiente, abordó la relación entre las normas vigentes de la OMC y las obligaciones comerciales de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMAs), con miras a potenciar el apoyo mutuo del comercio y el medio ambiente. Específicamente se concentró en los siguientes acuerdos, de los cuales la República Dominicana es signataria de la mayoría:
Así mismo, el Comité de Comercio y Medio Ambiente ha tratado formalmente a nivel ministerial:
Independientemente de la capacidad del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC para dirimir conflictos de carácter ambiental que interfieren el comercio, no podemos ignorar las diversas opiniones que sostienen que el medio ambiente y el bienestar social se subordinan absolutamente a los imperativos del sistema económico que impone el libre comercio, cuyo fin último, como se sabe, es la ganancia y la acumulación de riqueza.
Otros críticos ven efectos negativos de la globalización en el medio ambiente y señalan concretamente los alimentos transgénicos. Dicen que no es cierta la promoción de que estos alimentos pueden acabar con el hambre en el mundo, puesto que el hambre tiene causas sociales y no de falta de producción de alimentos.
Un problema frecuentemente señalado es que los organismos manipulados genéticamente pueden generar problemas medioambientales, ocasionando daños impredecibles en la biodiversidad, temor que sin proponérselo, la industria del celuloide puede haber magnificado, pues casi desde su nacimiento ha utilizado la real o supuesta peligrosidad de algunos animales, especialmente insectos, magnificándola en experimentos en laboratorio, como forma de aterrorizar a los aficionados a este género de películas de ficción.
Otro señalamiento, no menos importante, es que este tipo de productos es fuente de poder monopólico, ya que son patentables y favorecen la concentración de capital. Lo cual es cierto, pero debe encontrarse una solución fundamentada en el poder del Estado para establecer mecanismos de participación junto a la empresa privada, participación que luego sería transferida a la sociedad si los resultados salen positivos.
La realidad es que la investigación biotecnológica debe continuar, en la búsqueda de soluciones a los diversos problemas que presenta la producción en el campo, tales como la resistencia al ataque de plagas y enfermedades, para adaptar la producción a condiciones variables de fotoperiodismo, para reducir el ciclo de producción, para aumentar o cambiar el tamaño, para cambiar el color, el olor, el sabor, y la presentación de los productos, para hacerlos más nutritivos, para mejorar las cualidades culinarias, para disminuir las pérdidas post cosecha, para incrementar la durabilidad entre cosecha y consumo, para adecuarlos a condiciones de transporte, para incrementar la productividad, en fin, para hacer posible la producción de alimentos en lugares insospechados y mejorar las condiciones de competitividad en los mercados. ¿Cómo pueden ser criticables propósitos como los señalados?.
Ahora bien, es al Estado a quien corresponde la responsabilidad de establecer las reglas de juego y especialmente las normas de bioseguridad que son imprescindibles para llevar a cabo este tipo de investigaciones, así como los programas de monitoreo correspondientes, hasta el otorgamiento de la licencia de uso del producto obtenido. En tal sentido, los países tienen disponible el acuerdo multilateral conocido como “Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología” y en el caso particular de la República Dominicana, hace tiempo que en el Congreso duerme un proyecto de ley sobre el tema.
En el próximo artículo veremos como se abordan los temas ambientales en los Acuerdos con el CARICOM Y EL DR-CAFTA.