Pocas veces en la historia de un país se han conjugado tantos factores adversos como está ocurriendo actualmente en España.
Esta nación vive hoy lo que pudiera denominarse como la crisis perfecta, que es el resultado de la confluencia de cinco crisis distintas, a saber:
La crisis de la economía, que ha forzado el desmantelamiento del estado del bienestar, su principal moneda de cambio;
La crisis del modelo o forma de Estado, que se manifiesta en la creciente pérdida de popularidad de la Monarquía, lo que ya ha provocado la reciente abdicación del Rey Don Juan Carlos I en su hijo, el Príncipe Felipe;
La crisis del esquema de organización territorial del Estado, que se traduce en el reclamo de independencia de importantes sectores en varias comunidades autónomas, como es el caso de Euskadi y Catalunya, justamente las de mayor desarrollo capitalista;
La más profunda crisis política desde la instauración de la democracia tras la muerte de Franco, que se expresa en pérdida creciente de influencia política por parte de las dos organizaciones que le han servido de sustento, los partidos Popular y Socialista Obrero Español;
Y la evidente crisis social que se manifiesta en inconformidad, ira, protestas y rechazos a las medidas de recortes y restricciones que no parecen tener fin.
Todo esto se hace acompañar de un fuerte cuestionamiento a las medidas restrictivas que emanan del grupo de decisión conformado por la Comisión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (la denominada Troika), que alientan el euroescepticismo en la medida en que la gente percibe a las instituciones comunitarias con poca voluntad para adoptar políticas de mayor equidad o como como un obstáculo para un cambio de rumbo.
Para que se tenga una idea del impacto de la crisis en los niveles de vida del pueblo español, es bueno recordar que antes de su estallido en este país estaba vigente el denominado Estado del Bienestar, que garantizaba pensiones dignas, acceso a educación de calidad y excelente atención a la salud a todos los ciudadanos.
En el 2007 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en práctica un programa que la gente denominó como el “cheque bebé”, consistente en una ayuda de 2 mil 500 Euros por cada niño nacido o adoptado en territorio español. En ese mismo año Zapatero anunció también una deducción de 400 euros en el pago del impuesto sobre la renta a favor del trabajador o pensionista como compensación por la inflación y el incremento de las hipotecas, que no era tan significativo en ese momento.
Al anunciar esta última medida, Rodríguez Zapatero se refirió de la siguiente manera al desempeño de la economía española: “En este Champions League de las economías mundiales -dijo-, España es la que más partidos gana, la que más goles marca y la menos goleada”.
Sin embargo, en ese mismo año 2007 se anunciaba en Estados Unidos el estallido de una gran burbuja en el sector inmobiliario que más tarde estremecería todo el sistema financiero del mundo desarrollado, fenómeno que luego se expresaría en forma de crisis económica.
Esta crisis ha tenido repercusiones especialmente graves en el caso de España, en donde el gobierno de Rodríguez Zapatero, luego de una inyección de 100 mil millones de euros en avales para la banca y otros 50 mil millones en el denominado Plan de Estímulo a la Economía y el Empleo, tuvo que revocar el programa del “cheque bebé” y del descuento de los 400 euros, además de iniciar el desmonte del Estado del bienestar, adoptando severas medidas de recortes de los salarios y pensiones, así como del gasto social del Estado.
La economía española entró rápidamente en recesión. Entre el 2008 y el 2013 el PIB de España experimentó una disminución del 7%, lo que significa que el año pasado España era 7% más pobre que en el 2008.
La deuda pública española pasó del 36,1% del PIB en el 2017 (por debajo de la mayoría de los países europeos, algo más que manejable) al 60,1% en el 2010 y al 94,4% en el 2013. Al propio tiempo, la prima de riesgo en el 2012 marcó el record de los 616 puntos básicos respecto al bono alemán a 10 años, lo que contribuyó a aumentar sustancialmente el pago de los intereses de esa deuda.
En el 2007 España tenía apenas 1,76 millones de desempleados, para un equivalente al 7,95 % de su población en edad de trabajar. Esto le permitió a Rodríguez Zapatero enarbolar el pleno empleo como lema de su campaña por la reelección sin que nadie lo tomara como una exageración. Sin embargo, en el 2013, como consecuencia de la crisis, la cifra de desempleados era de 6 millones 200 mil personas, para un 27,16 %. Entre los menores de 25 años la cifra llega al 57.2%.
En el 2012 se calculaba en más de 600 mil (3,5 % de los existentes) los hogares que habían perdido su vivienda, comprada o en alquiler, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo producto de la desocupación y la precarización del empleo.
Es bueno decir que, con todas sus limitaciones, el modelo social europeo fue durante muchos años un punto de referencia a nivel mundial, un modelo para los pueblos que aspiraban a alcanzar un alto nivel de bienestar social en democracia, si bien es cierto que el mismo acusaba algún deterioro antes de la gran recesión a consecuencia de las políticas neoliberales.
Dentro de los países europeos España estuvo siempre a la vanguardia en la aplicación de políticas sociales, que se sustentaron siempre en la fortaleza de su economía. El argumento de que los españoles estaban viviendo por encima de sus posibilidades es una gran mentira imposible de sustentar en base a números fríos. Lo que Zapatero decía en el 2007 sobre el desempeño de la economía española no dejaba de tener algo cierto. Pero lo que el líder socialista ignoraba es que fuera de las fronteras de España se había incubado una crisis que repercutiría seriamente en su economía, que dicha repercusión terminaría echándolo del poder a él y a su partido y que, además, derribaría todo el modelo social español, cuya construcción fue obra principalmente del PSOE.
Sin embargo, la organización política más castigada en las recientes elecciones europeas fue justamente el PSOE, pese a encontrarse en la oposición desde hace más de dos años. Su Secretario General, Alfredo Pérez Rubalcaba, dimitió de su cargo tras conocerse los resultados electorales.
Pero hay otro dato que ha estremecido al establishment español, y es que los votos obtenidos por el PSOE y el PP juntos no llegan al 50 por ciento del total. Esto plantea la posibilidad de un colapso del sistema bipartidista y un viraje de España hacia la izquierda radical, que se alzó con el 18 por ciento de los votos.
Que el Partido Socialista haya sido la organización más castigada por el electorado en las recién pasadas elecciones no puede sorprender a nadie. La crisis le estalló en las manos al gobierno de Rodríguez Zapatero, quien inició el desmonte del Estado del Bienestar, como ya dijimos, y aplicó las políticas que provocaron el rechazo inmediato y decidido de todo el movimiento laboral que no tardó en convocar jornadas de protestas, incluyendo una huelga general que paralizó completamente a España.
Como respuesta a la crisis surgió el 15-M, un movimiento integrado mayoritariamente por jóvenes que ha inspirado movimientos sociales en otros países, como “Occupy Wall Street” en Estados Unidos y “YoSoy132” en México. La contribución de este y otros grupos independientes al mantenimiento del espíritu de rebeldía entre los afectados por la crisis ha sido significativa.
Al Partido Socialista le tocó manejar la crisis durante más de tres años, viéndose obligado a adoptar medidas muy dolorosas que solo provocaron el agravamiento de los problemas. La gente percibió a un PSOE muy alejado de sus principios. A los hombres y mujeres progresistas del pueblo español, en su mayoría trabajadores y gente de clase media que durante décadas se movilizaron al compás de las banderas socialistas porque ese partido les mejoró sus condiciones de vida, les ha costado entender por qué se acudió con tanta prisa al rescate de los bancos y no se les tendió la mano cuando perdían sus viviendas. De ahí su reacción airada, su nivel de radicalización.
Que los dos grandes partidos del sistema estén ahora bajo amenaza de ser barridos es el producto de la reacción natural de los afectados por la severa y prolongada crisis. Cuando en Argentina se implantó el denominado “corralito”, la gente se tiró a las calles bajo la consigna: ¡Que se vayan todos!”.
Después de cierto período de acefalía presidencial se impuso en el poder Néstor Kirchner, quien sacó al país de la crisis produciendo en Argentina un giro hacia la izquierda que aún se mantiene con su esposa en la presidencia, quien ya agota su segundo mandato. Kirchner desmanteló el modelo económico neoliberal que había instaurado en ese país el señor Carlos Menem y su flamante ministro de Economía Domingo Cavallo.
En Venezuela la crisis económica provocada por las políticas del gobierno de Carlos Andrés Pérez, un hombre de glorioso pasado progresista que volvió a la presidencia convertido al neoliberalismo, puso fin al largo predominio en ese país de adecos y copeyanos, provocando la irrupción en el escenario político del coronel Hugo Rafael Chávez Frías, quien encabezó un intento de golpe de Estado.
Rafael Caldera, elegido como presidente de Venezuela en dos ocasiones, comentando en aquel momento el hecho protagonizado por Chávez en un discurso dirigido a toda la nación, dijo: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer…El golpe militar es censurable y condenable de toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos…Yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Carlos Andrés Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia, ¡entiendan que la democracia no puede existir si los pueblos no comen!”.
Siete años después de aquel intento de tomar el poder por la fuerza, Chávez se impuso en unas elecciones provocando un espectacular viraje hacia la izquierda radical en la patria de Simón Bolívar.
En España, como en Argentina y Venezuela, la gente parece mirar hacia la izquierda más radical para deshacerse del látigo de las políticas de austeridad llevadas al extremo. La explicación a esto puede estar, como señalamos en nuestro artículo anterior, en el hecho de que la ultraderecha gobernó a España durante 39 años ininterrumpidos, hasta 1975, con saldos todavía frescos en la memoria colectiva, y que la derecha más moderada, encarnada en el PP, se ha alternado en el poder con los socialistas y ha sido corresponsable del manejo de la crisis junto con éstos. De hecho el PP es el partido en el gobierno desde el 2011.
El avance de la izquierda más radical en medio de todo esto ha ido acompañado de una pérdida de popularidad de la monarquía. Como se recordará, la corona española fue el producto de una transacción con el franquismo. Franco murió, pero la maquinaria que le dio sustento a su régimen durante 39 años siguió intacta. El rey fue designado de dedo por el franquismo, es cierto. Pero si se analiza la correlación de fuerzas del momento, la restauración de la monarquía bajo el principio de que “el rey reina pero no gobierna”, significó una tremenda concesión a favor del sector democrático. El pacto hizo posible el desmonte gradual de la maquinaria franquista y el tránsito de España a la democracia y el progreso.
La corona española se legitimó ante los ojos de la mayoría, pues supo jugar su papel de ente cohesionador del pueblo español. Incluso, cuando sectores del franquismo más rancio intentaron retomar el poder en 1981, el rey supo honrar su compromiso inclinando la balanza hacia el lado de la democracia.
La democracia española no tiene nada que envidiarle a la de los demás países europeos, incluidos aquellos con esquema de Estado Republicano. La vuelta a la república (sería el tercer intento, después de dos anteriores fallidos) no garantiza una profundización de la democracia. De todos modos, es difícil oponerse al reclamo que hacen muchos del derecho a decidir.
Ahora bien, todo indica que el Rey don Juan Carlos incurrió en algunos excesos y que miembros de la familia real cometieron algunas faltas. Sobre el segundo caso un tribunal apoderado está pendiente de pronunciarse. Sobre el primero la corona anunció en su momento medidas de enmienda que incluyeron hasta un auto recorte de su presupuesto. Y ante la persistencia de los cuestionamientos, el Rey optó por la abdicación en su hijo heredero, un joven bien preparado y de conducta sana, como forma de proteger la corona.
Si se analiza el caso en forma detenida y sin pasión, se podrá observar que existe claramente un sistema de consecuencias en funcionamiento, lo cual habla muy bien de la democracia española. Desde luego, esto no ha sido suficiente porque lo que interesa es potenciar el rechazo a la monarquía para forzar el cambio político.
En coyunturas especiales como las que está viviendo España hasta los hechos más irrelevantes pueden tener repercusiones serias. Recuérdese que un presidente de los Estados Unidos estuvo a punto de ser destituido por un ligero roce consentido con una becaria en la Casa Blanca. Se le acusó de perjurio por haber hecho lo que haría cualquier caballero en su caso: proteger la honra de la dama. Esto ocurrió en un país en donde se han cometido crímenes atroces desde posiciones de poder sin consecuencia ninguna y en donde las pruebas de muchos de ellos permanecen ocultas en documentos declarados como “clasificados”, sin que a nadie le interese que se den a conocer.
Pero bien, se equivocaron los que pensaron que la abdicación del rey bajaría el estado de crispación política. Como era previsible, ha ocurrido todo lo contrario. La izquierda radical actualmente en ascenso ha aprovechado el hecho para presentarlo como una admisión de culpabilidad, para exigir la restauración de la república y el correspondiente castigo para los partidos políticos “soportes de la monarquía corrupta”. Multitudinarias manifestaciones se han producido en numerosas ciudades españolas bajo estas consignas.
Las organizaciones del sistema, aún con gran respaldo y con casi todo el poder, lucen sin capacidad de respuesta, parecen haber perdido la iniciativa política. Incluso, lo que Felipe González veía como la salvación, o sea, la unidad del PP y el PSOE, se evidencia como insuficiente después de las elecciones europeas. Y más aún, hasta como peligrosa.
Lo que actualmente ocurre en España se produce en un contexto de enrarecimiento del clima político en toda Europa. Significa que toda Europa adolece de un mal común. Por tanto, la primera palabra la tienen las instancias europeas. Y resulta muy curioso que instancias integradas por países en dificultades observen tanta desconexión con esas realidades, tan poca capacidad de reacción frente a urgencias evidentes.
No hay que ser un genio para advertir que grandes cambios se avecinan en el viejo continente, aunque todavía resulta difícil adivinar por dónde comenzará la cosa, si por el centro o por la periferia.
