Desde el pasado 8 de julio el ejército israelí lleva a cabo un amplio operativo contra la franja de Gaza, que abarca ataques de la aviación militar, la armada y el ejército de tierra. Cuando escribo estas líneas mil quinientos palestinos, la inmensa mayoría ciudadanos inocentes, han perdido la vida bajo fuego israelí, mientras los heridos, muchos de ellos graves, se aproximan a los nueve mil y a casi medio millón los que han tenido que abandonar sus hogares.
Desde que inició su brutal arremetida contra uno de los territorios más pobres y densamente poblados del planeta, Israel apenas se ha tomado tiempo para respirar. Sus más de 2 mil 150 bombardeos han destruido hospitales, escuelas, mezquitas, la única central eléctrica de la zona, el sistema de alcantarillado y suministro de agua potable, así como cientos de viviendas.
Es una vergüenza para la comunidad internacional y sus órganos representativos que tal masacre se esté cometiendo sin que se produzca siquiera una reacción firme, contundente y unánime para detenerla. Peor aún, que los líderes más importantes del mundo occidental la hayan justificado en nombre de un supuesto derecho de Israel a la autodefensa.
El derecho a la legítima defensa se puede invocar en caso de agresión armada cometida por otro Estado, pero jamás frente a una simple reacción, que no pasa de ser manifestación de impotencia de un pueblo sometido a una brutal ocupación y sistemático castigo colectivo que le niega el derecho a vivir en paz y libertad en su propio territorio, al cual el derecho internacional le el derecho a la rebelión contra los abusos y la opresión.
Israel enfrenta a un enemigo que no tiene aviones, ni tanques, ni buques de guerra. Los palestinos no tienen ejército ni presupuesto para ello. Su arma más potente es la indignación y el arrojo, que en no pocos casos empuja a algunos responsables por el camino de la insensatez.
Pero aún se tratara de acciones en legítima defensa, el uso de la fuerza armada tiene unos límites y está sometida a una reglamentación que Israel ha ignorado en forma fehaciente.
En la resolución que sobre las acciones de Israel aprobara el pasado 23 de julio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puede leerse lo siguiente:
“Observando que Israel, sistemáticamente, no ha llevado a cabo investigaciones genuinas de forma imparcial, independiente, inmediata y efectiva, como exige el derecho internacional, sobre la violencia y los delitos cometidos por las fuerzas ocupantes y los colonos contra los palestinos, y tampoco ha establecido responsabilidades judiciales por sus acciones militares en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”.
“Subrayando las obligaciones de Israel, en su condición de Potencia ocupante, de garantizar el bienestar y la integridad de la población civil palestina que vive bajo ocupación israelí en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y en la Franja de Gaza, y observando la deliberada dejación de sus obligaciones a este respecto por parte de Israel y su negativa a asumirlas”.
“Observando que los ataques deliberados contra civiles y otras personas protegidas y la comisión de vulneraciones sistemáticas, flagrantes y generalizadas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos aplicables en situaciones de conflicto armado constituyen graves violaciones, así como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.
“Deplorando las operaciones israelíes a gran escala llevadas a cabo en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014, que se han acompañado de ataques desproporcionados e indiscriminados y traducido en graves violaciones de los derechos humanos de la población civil palestina, en particular debido al reciente ataque militar israelí contra la Franja de Gaza ocupada, la última de una serie de agresiones militares de Israel, y a medidas como el bloqueo en masa, los arrestos multitudinarios y los asesinatos de civiles en la Ribera Occidental ocupada”.
“Expresando profunda preocupación por la gravísima situación humanitaria en la Franja de Gaza, y en especial por el desplazamiento forzoso de decenas de miles de civiles palestinos y por la crisis de acceso a un suministro adecuado y suficiente de agua y de servicios de saneamiento, que afecta a casi 1 millón de personas, así como por los daños ingentes causados a la infraestructura eléctrica, que han hecho que un 80% de la población tenga acceso a corriente eléctrica durante solo cuatro horas al día, y subrayando la importancia de hacer llegar asistencia humanitaria de emergencia a esos civiles y a otras víctimas”.
Por estas y otras razones el Consejo “condena enérgicamente el hecho de que Israel, la Potencia ocupante, no haya puesto fin a su prolongada ocupación del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión” y “condena en los términos más enérgicos las violaciones generalizadas, sistemáticas y graves de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos internacionalmente, ocasionadas por las operaciones militares israelíes llevadas a cabo en el Territorio Palestino Ocupado desde el 13 de junio de 2014, especialmente la última agresión militar israelí contra la Franja de Gaza ocupada, efectuada por tierra, mar y aire, que ha incluido ataques desproporcionados e indiscriminados, como el bombardeo aéreo de zonas civiles, ataques contra personas y bienes civiles como medio de castigo colectivo, en grave quebranto del derecho internacional, y otras acciones, en particular ataques contra personal médico y humanitario, que pueden constituir crímenes internacionales y que han ocasionado directamente la muerte de más de 650 palestinos, la mayoría de ellos civiles, entre los que hay más de 170 niños, así como heridas a más de 4.000 personas y la destrucción gratuita de hogares, infraestructuras esenciales y bienes públicos”.
Es altamente preocupante que pleno desarrollo de la campaña militar llevada a cabo por Israel contra los palestinos, el gobierno de Estados Unidos aprobara el suministro de armas al gobierno judío, municiones incluidas, por varios cientos de millones de dólares.
Estados Unidos se aleja más aún del rol de mediador en el conflicto, reafirmando su vieja condición de parte de él al lado de Israel, la potencia ocupante en forma ilegal de los territorios palestinos, cuyas groseras violaciones al derecho internacional demuestra y condena un organismo especializado de la ONU.
Si alguna lección se puede extraer de la dinámica de desarrollo del conflicto más viejo de la humanidad es que el mismo no tiene solución mientras se ignoren los derechos del pueblo palestino.
Los esfuerzos llevados a cabo por la administración del presidente Clinton, conjuntamente con las autoridades de otros países y organismos internacionales, se encargaron de evidenciar que, si bien es difícil el camino de la paz negociada, en ambas partes hay personas sensatas, amantes de la paz, dispuestas a ponerse de acuerdo en aras de la convivencia pacífica. Que a pesar de la sangre y todo el odio acumulado la causa de la paz puede reunir a las grandes mayorías en ambas partes y en todo el mundo.
Sin embargo, los violentos de lado y lado se pusieron de acuerdo con miras a crear el ambiente propicio para dar riendas sueltas a sus ansias de venganza y seguirse matando. Y lo peor es que grandes potencias, por comisión u omisión, están haciendo causa común con los sedientos de sangre, cuyas brutales acciones han producido un aterrador saldo en vidas humanas y daños materiales, todo lo cual nos aleja de la solución justa y definitiva del conflicto.
La masacre que actualmente se comete en la franja de Gaza es una vergüenza para la humanidad. Paremos eso en nombre del Hijo de Dios, que hace más de dos mil años anduvo por esos territorios pregonando la paz y el amor al prójimo, y retomemos el diálogo con miras a lograr una paz con justicia para todos.