Hablan los hechos

De manera prácticamente unánime, los dominicanos repudiaban la Ocupación Militar Norteamericana de 1916. Las diferencias de criterios salían a relucir en torno al método de lucha, por un lado los idealistas que exigían la salida “pura y simple” de los invasores frente a los pragmáticos, que entendían más viable el retiro mediante un “plan” negociado.

Es evidente que se descartaba la lucha armada, pues si bien las primeras tropas que llegaron a puerto dominicano fueron recibidas a tiros por un jovencito de nombre Gregorio Urbano Gilbert, poco tiempo después toda la población fue desarmada, se liquidó el ejército dominicano, quedando como única resistencia en ese género las guerrillas aisladas de los calumniados “gavilleros”, para decirlo en el lenguaje del investigador Félix Servio Ducodray.

Como figura principal entre los dominicanos que exigían la salida “pura y simple” de los invasores se destacaba el regio intelectual Américo Lugo, cuyo discurso apelaba a las normas del Derecho Internacional en boga, inspirado en el principio de la “libre determinación de los pueblos” contra “toda injerencia extranjera”.

Otro intelectual brillante, el licenciado Francisco J. Peynado, era el abanderado del “plan” negociado con los Estados Unidos, bajo el criterio de que el origen de la intervención había tenido como pretexto el incumplimiento por parte de República Dominicana de acuerdos que también estaban sancionados por el Derecho Internacional.

Hay que reseñar, para ser justos, que también en amplios sectores políticos e intelectuales de los Estados Unidos se reclamó el retiro de las tropas yanquis de la República Dominicana, con manifiestos dirigidos al Presidente Wilson, ya en el ocaso de su gestión y de su vida.

Los debates, en ocasiones encendidos, tenían como escenario las tribunas de las plazas públicas y las columnas de los periódicos, reaccionando el gobierno interventor con una Orden Ejecutiva que establecía el “delito de opinión pública”, en procura de protegerse de las punzantes críticas periodísticas.

En su obra El Delito de Opinión Pública: censura, ideología y libertad de expresión, tesis con la que se recibió de Doctor en Derecho, el hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández analiza de manera exhaustiva aquella cortapisa a la libertad de expresión de los dominicanos sometidos bajo las botas del ejército yanqui.

La tesis de Fernández es que “el delito de opinión pública” tuvo su origen en el artículo 2 de la Orden Ejecutivo 385 de 1920, del gobierno interventor.

Choque de idealistas y pragmáticos en lucha por desocupación

Como se ha visto hasta el momento, las posiciones dominicanas estaban fragmentadas en las iniciativas tendentes a lograr el retiro de los invasores yanquis. Con la sola lectura de los escritos de Don Américo Lugo, principal exponente de los partidarios de la salida “pura y simple”, puede notarse sus profundas convicciones patriótica y su apasionado civismo, pero que, como demostró luego la real política, no eran practicables al momento de enfrentarse a una potencia capitalista con toda su hambre y sed de expansión imperial.

Se ve claro que mientras los idealistas se limitaban a condenar la acción interventora, los pragmáticos también la censuraban pero reconocían los desaciertos históricos que sirvieron de pretexto para la Ocupación.

Tras rechazar enérgicamente los criterios de quienes, como Don Pancho Peynado propugnaban por una salida negociada, calificando tal actitud como una traición a los valores patrios que dieron origen a la Nación Dominicana, apelando apenas a una serie de jurisprudencias internacionales que le decían muy poco a los interventores, planteaba más o menos que ese Derecho se iba a imponer y que los verdugos se retirarían avergonzados de “su error”.

Precisamente un 24 de diciembre de 1920, día en que los dominicanos celebran la tradicional Nochebuena, Don Américo, a nombre de la Unión Nacional Dominicana, que congregaba a las Juntas Nacionalistas, publica una Hoja Suelta donde sostiene que las condiciones puestas por Estados Unidos para retirarse del país, ante las gestiones de los “pragmáticos” eran como “una orden de quien no tiene ningún derecho para darla, para que el pueblo dominicano se despoje de todo cuanto en sus instituciones fundamentales, le sirve hoy de escudo y defensa contra las miras imperialistas del gobierno de los Estados Unidos de América”.

En el tomo XVI de la colección Biblioteca de Clásicos Dominicanos, aparecen de manera detallada las Páginas Escogidas, de Lugo, en las que invoca la virilidad y dignidad del pueblo dominicano como recursos para imponerse frente a la Ocupación Norteamericana, por lo que entendía, República Dominicana “no necesita ni acepta tutores, ni se siente dispuesta a tolerar, sin protesta, que ninguna voz extrañan se alce, arbitraria y despótica dentro de sus domésticos muros”.

El optimismo de Lugo podría compararse con el de Mahatma Gandi cuando se propuso y logró, años después, liberar a la India, su patria, del yugo británico, sin recurrir al Supremo Recurso de la Rebelión.

“Por cuanto ya está cercano el día en que el Pueblo Dominicano recogerá el fruto de su viril resistencia y en que los Estados Unidos de América se retiren convencidos de su error, porque las Repúblicas Hispanoamericanas, la Europa misma y aún una parte muy considerable del pueblo americano se han dado cuenta del hurto internacional, perpetrado por el gobierno de aquella poderosa nación en territorio e instituciones dominicanos”, dice Lugo, de acuerdo con la edición de sus obras publicadas con el auspicio de la Fundación Corripio.

Confiaba el ilustre idealista en la solidaridad de las naciones hispanoamericanas, y terminaba advirtiendo que “la voz de esas repúblicas hermanas está alzada contra ese delito nefando y su mano está golpeando a cada instante con el mayor estruendo, los templos de la Suprema Justicia Internacional”.

Con Lugo coincidían personalidades que luego brillarían en la política y la intelectualidad dominicana, como Manuel Arturo Peña Batlle, Viriato A. Fiallo, Enrique Apolinar Henríquez y un jovencito de nombre Joaquín Balaguer, quien pronunció dramáticos discursos en demanda de la salida “pura y simple” de la tropas norteamericanas.

El pragmatismo se impone al idealismo

Mientras aquí Lugo y los “idealistas” hablaban un lenguaje que a los pragmáticos les parecía demasiado sublime para la acción práctica, Don Pancho Peynado encabezaba en Washignton una comisión que se hacía llamar “de Representativos Dominicanos” negociando con el Gobierno de los Estados Unidos un Plan de Evacuación de la tropas norteamericanas del territorio nacional.

El fino olfato político de los comisionados les llevó a concluir en que finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918 y terminada la administración del Presidente Wilson en 1920, en los círculos de poder de la potencia del norte predominaba el criterio de que Estados Unidos ganaba más retirando las tropas de Santo Domingo que manteniendo la Ocupación.

De hecho, los verdaderos objetivos de la Ocupación, que eran consolidar el poder norteamericano en la región del Caribe, eran evidentes con la transformación económica y política impuesta por “el garrote Yaqui”. El orden instaurado era, en realidad, el de los Estados Unidos.

La comisión vino a buscarle, como se dice ahora, un “bajadero” honorable a una situación que empañaba internacionalmente la imagen de los Estados Unidos por las efectivas campañas de denuncias llevadas a cabo por dominicanos por todo el mundo poniendo en relieve los abusos de que había sido víctima su pequeña nación.

El Plan para una salida negociada de los interventores lo suscriben los “representativos” Francisco J. Peynado, Horacio Vásquez, Federico Velázquez, Elías Brache hijo y Monseñor Adolfo Nouel, Arzobispo de Santo Domingo, en tanto que, por los Estados Unidos firmaron el ministro norteamericano William W. Russell y el comisionado Summer Welles.

De acuerdo con un Memorandum que aparece en el libro Papeles de Francisco J. Peynado, compilación del historiador Juan Daniel Balcácer con auspicio de la Fundación Peynado Alvarez, el documento contentivo del Plan data del 30 de junio de 1922. Como era de esperarse, los adversarios criollos tronaron contra los negociadores acusándolos de “traidores a la patria”, por validar disposiciones del gobierno en armas, que debían respetarse tras el retiro de las tropas.

Una serie de Órdenes Ejecutivas del Gobierno Interventor quedarían validadas con fuerza de Ley, así como una emisión de bonos del 1918, como parte de la negociación, eran el centro de las críticas.

A los ataques de los “idealistas” que orientaba Lugo le responde el periodista Abelardo R. Nanita, defensor del Plan, con sutilezas e ironías antológicas en un artículo titulado “El programa de los idealistas contra el Plan de los Representativos”, que apareció en la edición de Listín Diario, del 3 de agosto de 1922.

Nanita se mofaba de la convicción idealista de que “con solo perseverar dignamente en la resistencia se le impondrá el inerme Pueblo Dominicano al Gobierno de los Estados Unidos”, con el argumento de que “los Estados Unidos son un reo a quien todo el mundo acusa, a quien todo el mundo condena y Santo Domingo en cambio es el defensor de la libertad y el derecho del principio de nacionalidades y el respeto a la personalidad internacional de los Estados”.

Sutilmente, el articulista califica de “muy brillante sin duda” el discurso de Lugo y demás idealistas, y agrega venenosamente, “pero no basta para convencer al testarudo sentido común de Sancho Panza de que debe abandonar la promesa de una vida decorosa y libre, para seguir a Don Quijote en un suicidio tan deslucido cuanto inoportuno”.

Y que juzgue el lector si no es burlesca la forma en que Nanita concluye: “Confieso, ingenuamente, que mientras estuve soñando, el proyecto de redención universal me pareció magnífico, sobre todo muy hacedero; pero ahora que estoy despierto y que he reflexionado un poco sobre los medios de ejecutarlo, creo, sinceramente, que Sancho Panza tiene razón…”.

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