Hablan los hechos

A finales de 2001 la República Argentina se vio en la obligación de suspender los pagos de su deuda pública a consecuencia de la peor crisis económica, social, financiera y política de su historia moderna.

Dicha crisis fue el producto de la combinación de una serie de factores, entre ellos los efectos de las crisis del sudeste asiático y Rusia de 1997 y 1998, respectivamente, las cuales impactaron abrupta y drásticamente en el flujo de capitales hacia Argentina, situación a la que se sumó, un año después, las repercusión negativa de una severa baja en las importaciones de Brasil, su principal socio comercial, que produjo una devaluación de su moneda debido a una merma en sus ingresos de divisas. Para colmo, los precios de los comoditties exportados por Argentina también experimentaron bajas significativas.

A consecuencia de todo esto, el Producto Interno Bruto argentino experimentó contracciones significativas en el período 1998-2001, lo que se tradujo en un crecimiento inusitado del desempleo y la pobreza, que llegó a afectar a más de la mitad de los argentinos, viéndose un tercio de la población en dificultad para cubrir necesidades básicas como la alimentación.

Durante ese período, el gobierno, que vio sustancialmente disminuidos sus ingresos por la recesión y el acceso limitado a los mercados de capitales, intentó desesperadamente contener la pérdida de valor de su moneda y aumentar la liquidez haciendo uso de sus reservas internacionales. A fin de evitar el colapso de la banca y de contener la fuga de capitales debido a la pérdida de confianza, se impusieron restricciones al retiro de depósitos bancarios (corralito), lo que provocó estallidos sociales en todo Buenos Aires que se saldaron con numerosos muertos, heridos y detenidos. El país tuvo cinco presidentes en tan solo diez días.

En diciembre de 2001 Argentina anunció la suspensión del pago del capital y de los intereses de la totalidad de su deuda externa, ascendente para entonces a unos 100 mil millones de dólares. Según algunos especialistas, se trató del mayor default en la historia financiera mundial.

La renegociación de la deuda

Argentina hizo hasta lo indecible por evitar la cesación de pagos dados los numerosos conflictos políticos y económicos que una situación como esta suele provocar. Sin embargo, ya para el 2003, en interés de honrar sus compromisos, las autoridades de este país se plantearon la necesidad de una reestructuración de la deuda en default desde 2001, a fin de reducirla a niveles que la hicieran sostenible siguiendo la práctica internacional.

El primer paso consistía en lograr un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual se produjo en septiembre de 2003 con la firma de un acuerdo de tipo Stand By por un período de 36 meses y un monto equivalente a 12 mil 500 millones de dólares. El programa se basó en el mantenimiento por el FMI y el Banco Mundial (BM) del nivel de exposición en la Argentina y en el propósito de pagar intereses sobre la totalidad de la deuda con el FMI, el BM y el BID con recursos propios.

Normalizadas las relaciones con el FMI, Argentina obtuvo vía libre para la reorganización de la deuda privada. La mayor dificultad para alcanzar esta meta derivaba no solo del monto de la deuda en default (81 mil millones de dólares), sino también de la inmensa cantidad de tenedores de bonos de la misma, que sumaban decenas de miles, y de la gran variedad de títulos que la representaban (152 en total).

No obstante, Argentina abordó con éxito dichas dificultades produciendo dos ofertas de canjes. La primera se presentó el 14 de enero de 2005 y resultó altamente exitosa, pues logró un nivel de aceptación de los bonistas por un monto de 63,3 mil millones de dólares (76,15 por ciento de la deuda total).

A instancia de los bonistas el nuevo acuerdo incluyó la cláusula del “acreedor más favorecido” o cláusula RUFO. Conforme a esta disposición, si luego del vencimiento de la oferta y hasta el 31 de diciembre de 2014 la Argentina voluntariamente hiciera una oferta de compra o canje, o solicitara consentimiento para modificar cualquier título elegible que no hubiera ingresado al Canje de 2005, debería adoptar todas las medidas necesarias para que cada tenedor de los títulos emitidos en el canje tenga derecho durante un período de 30 días después del anuncio de la oferta a canjear cualquiera de sus títulos por el de la nueva oferta.

Con su segunda oferta, que tuvo lugar el 30 de abril de 2010, la Argentina logró regularizar el 94,4 por ciento de la deuda elegible, lo que significó un éxito rotundo.

La colaboración oficial de estados unidos

La reorganización de la deuda pública de cualquier Estado es un acto que se lleva a cabo siguiendo una determinada práctica generalmente aceptada, con miras a garantizar el tratamiento justo de todos los intereses involucrados, dotando de las debidas garantías todos los acuerdos adoptados. Se trata de algo sumamente complicado que conlleva enormes esfuerzos por parte de todos los involucrados y que entraña grandes sacrificios para el que se ve compelido a apelar a este mecanismo.

El gobierno argentino tuvo que aceptar un severo programa de ajustes del FMI como prerrequisito para la renegociación de su deuda privada, debiendo presentar al organismo, luego de alcanzado el acuerdo en tal sentido, los lineamientos generales de reorganización de su deuda. Argentina cumplió con esta formalidad el 22 de septiembre de 2003 en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial celebrada en Dubái.

Las propuestas argentinas (tanto la del 2005 como la del 2010) fueron sometidas, además, a la consideración de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S Securities and Exchange Commission), la cual emitió en ambos casos una notificación de efectividad del registro (Notice of Effectiveness of the Registration Statement) de los documentos de la oferta de canje propuestos, con lo cual Argentina quedó habilitada para ofertar sus títulos valores.

De la misma forma se procedió por ante los entes reguladores de Alemania, Italia y Japón, los cuales avalaron la propuesta del país sudamericano.
Como puede verse la reestructuración de la deuda argentina, que se haría en jurisdicción de Estados Unidos, contó desde sus inicios con el apoyo expreso del gobierno de ese país. De hecho dicha reestructuración se llevó a cabo siguiendo los lineamientos por primera vez establecidos en el denominado Plan Brady, diseñado por el gobierno de Estados Unidos como forma de aligerar la carga de la deuda de países en dificultades económicas.

Argentina, por su parte, ha venido cumpliendo religiosamente con el pago de su deuda reestructurada. Además, saldó su deuda con el FMI, el BID, el BM y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Además, en el mes de julio recién pasado, hizo efectivo el pago correspondiente al año 2014 de su deuda con los miembros del Club de París, recientemente reestructurada por un monto global de 9 mil 700 millones de dólares.

Todo esto ha implicado un gran esfuerzo, toda vez que Argentina no ha tenido acceso al mercado financiero internacional.

Los fondos buitre en acción

Los fondos buitre o fondos rapaces son entidades financieras especuladoras que se dedican a comprar deuda de países en dificultad a precio vil en el mercado secundario, con el propósito de cobrar luego el 100% de los títulos (junto con los intereses, moras y honorarios profesionales), mediante demandas judiciales, embargo de activos y presiones políticas.

Estas entidades son constituidas generalmente en los denominados paraísos fiscales, pues desde allí pueden operar bajo la más absoluta discreción. La tasa de rendimiento de sus inversiones suele oscilar entre el 300 y el 2000%.

Los fondos buitres cuentan con equipos de expertos en asuntos financieros, abogados altamente especializados en litigios con entidades soberanas, agencias de lobby que se mueven ágilmente en los círculos de poder y organizan campañas contra los países deudores, a los que generalmente acusan de incumplir sus obligaciones, reclamando contra ellos “sanciones ejemplarizadoras”.

El calificativo de buitre que se utiliza para referirse a estos fondos deriva de su práctica de escoger presas en dificultades, esperando para atacar el momento más crítico, generalmente cuando el deudor entra en default, pues es el momento en que los títulos alcanzan su mayor nivel de depreciación. Los buitres muchas veces entran en acción cuando el deudor ha alcanzado planes de reestructuración de su deuda.

Los fondos buitre que acosan actualmente a la Argentina son NML Capital, Ltd. (NML), Aurelius Capital Master, Ltd. (Aurelius), ACP Master, Ltd., Blue Angel Capital IC, entre otros. El más activo contra el país sudamericano es NML, propiedad del señor Paul Singer.

Estos fondos se encuentran en posesión de aproximadamente un 1,6% del total de la deuda correspondiente a los tenedores de bonos argentinos. Como se ve, una parte ínfima de la totalidad de los bonistas que no quisieron acogerse a las ofertas de 2005 y 2010.

Sin embargo, con esta pequeña posesión de bonos adquiridos mayormente luego del default y, sobre todo, luego de los canjes, los fondos buitre han logrado poner en jaque a una nación soberana.

Aprovechando el reconocimiento por parte de Argentina de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para dirimir cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes, estas entidades financieras iniciaron numerosos procesos legales para conseguir sus objetivos.

Luego de obtener el reconocimiento de sus acreencias por una corte estadounidense intentaron cobrar esos créditos mediante el embargo en Estados Unidos de activos pertenecientes al Banco Central de la Argentina, Banco de la Nación Argentina, Administración Nacional de la Seguridad Social, Energía Argentina, Comisión Nacional de Actividades Especiales y Caja de Valores. También intentaron embargar varios fondos fiduciarios argentinos, propiedad diplomática y hasta el satélite Acquarius SAC-D.

Como si todo esto fuera poco, los fondos buitre EM y NML intentaron embargar en Francia, Bélgica y Suiza cuentas bancarias y bienes pertenecientes a la embajada de argentina, propiedades de Aerolíneas Argentinas en Francia y las reservas del Banco Central de la República Argentina en el BIS de Suiza. En octubre de 2012 el NML logró retener la Fragata ARA Libertad, buque insignia de la armada argentina, en el puerto de Tema, al este de Acra, la capital de Ghana. El 15 de diciembre de 2012 el Tribunal Internacional de Derecho del Mar ordenó la liberación de la fragata. Aunque Argentina logró sentencias favorables en cada uno de estos casos, tuvo que invertir tiempo y cuantiosos recursos en su defensa.

No conforme con todo este acoso judicial y en un intento por sabotear el proceso de reestructuración de la deuda argentina, el NML y otros fondos depositaron una instancia ante la Corte del Distrito de Nueva York con la petición de que ordenara el pago a su favor de las sumas adeudadas conjuntamente con los pagos a los bonistas que participaron en la reestructuración de 2005 y 2010. Alegaron la violación por parte de la Argentina de la cláusula pari passu, que prohíbe al país emisor de deuda otorgar a futuros acreedores condiciones más favorables que al resto de los adquirientes de dicho empréstito.

El juez Thomas Griesa emitió un fallo favorable a los fondos buitre por alegada violación de la mencionada cláusula por parte de Argentina. Esa sentencia fue ratificada posteriormente por la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, mientras que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, el 16 de junio de 2014, no examinar la cuestión de fondo, con lo que se hizo firme la decisión del juez Griesa, que obliga a Argentina a pagar 1,330 millones de dólares a los demandantes, o sea, el 100% del valor nominal de sus bonos. Esto significa que solo NML pudiera llegar a cobrar más de 800 millones de dólares por unos bonos que compró en el 2008 por alrededor de 50 millones de dólares.

Desde luego, la decisión del poder judicial de Estados Unidos impide que los acreedores reestructurados puedan disponer de los fondos depositados por la Argentina en el Bank of New York Mellon para hacer efectivo el pago de la cuota de las acreencias que vencía el 30 de junio de 2014.

Al no hacer efectivo el pago de la cuota vencida en la mencionada fecha más la suma ordenada en por la sentencia del juez Griesa, la calificadora de Riesgos Standard and Poor´s declaró a la Argentina en “default selectivo” sin haber concluido las conversaciones entre las partes con la ayuda del facilitador designado por la corte para viabilizar un entendimiento.

El 7 de agosto de 2014 Argentina llevó el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, el Departamento de Estado comunicó que Estados Unidos rechaza la jurisdicción del tribunal de la ONU para resolver la acusación formulada en su contra por el gobierno del país sudamericano de no cumplir sus obligaciones internacionales.

El repudio internacional

La decisión de la justicia norteamericana ha merecido el repudio por parte de la comunidad internacional, entiéndase gobiernos, organismos internacionales (FMI, BID, Banco Mundial, OEA, CELAC, UNASUR, etc.), entidades vinculadas al mundo de las finanzas, profesionales de la economía y destacadas personalidades de prestigio internacional.

El propio gobierno de Estados Unidos, que en su momento dio su aval a la reestructuración de la deuda argentina, dijo que la interpretación del juez Griesa “podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, para promover un sistema de cooperación y resolución de la crisis de deuda soberana”.

La decisión de la justicia norteamericana resulta más que incomprensible toda vez que la reestructuración de la deuda argentina se produjo siguiendo las prácticas generalmente aceptadas para esos fines, contando con el aval previo del FMI, los entes reguladores de distintos países, incluido Estados Unidos, y, lo que no es menos importante, de la mayoría aplastante de los acreedores. Y más aún, teniendo conocimiento previo del comportamiento inmoral de las entidades que con toda justicia se han ganado el calificativo de buitres o rapaces. Según estimaciones del Banco Mundial, suman un tercio los países que cumplieron con los requisitos de sus respectivos programas de reestructuración de deudas que han sido blanco de los ataques de los fondos buitre.

Pero extraña no deja de ser también la actitud del presidente de Estados Unidos, que si bien apoyó a Argentina de palabra, en los hechos, según el afamado analista de The New York Times Greg Palast, se rehusó a utilizar el recurso del respeto mutuo (comity) para dejar resuelta la situación.

Palast recuerda que el “comity”, que se utiliza para recordarle a la justicia que está interfiriendo con la política exterior del gobierno, fue el recurso utilizado por George W. Bush para resolver la situación que se creó cuando el fondo buitre de Paul Singer puso en ascuas a la República del Congo.

Según Palast, Barack Obama le tiene mucho miedo a Paul Singer “por ser el donante más influyente de la política norteamericana”.

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