Hablan los hechos

La victoria moral obtenida por los dominicanos en foros internacionales y el deterioro de la imagen de los Estados Unidos por la Ocupación a Santo Domingo condujeron a la potencia del Norte a buscar “un retiro honorable” de sus tropas frente a las posiciones nacionales divididas entre los que exigían la salida “pura y simple” y los que entendían que era más realista la búsqueda de una negociación.

Como se ha resaltado en esta serie para Vanguardia del Pueblo Digital, los partidarios de la “pura y simple” eran liderados por el brillante intelectual Don Américo Lugo, mientras los partidarios de la negociación o “entendimiento” estaban encabezados por el jurista Don Francisco J. Peynado, quien junto al caudillo Horacio Vázquez, el licenciado Federico Velázquez, el señor Elías Brache hijo y Monseñor Adolfo A. Nouel, integró el núcleo que tanto en Santo Domingo como en Washington se les conoció como “los representativos”.

Las conversaciones dominico-americanas en procura de la Desocupación de las tropas se desarrollaron en la capital estadounidense entre el secretario Charles Evans Hugues, en representación del presidente Warren Harding y el jurista Peynado como contraparte dominicana. Al entendimiento surgido de este diálogo bilateral se le conoció luego como “Plan de Evacuación Hugues-Peynado”.

En las negociaciones tuvieron una participación protagónica el ministro norteamericano en República Dominicana William W. Russell y el comisionado Summer Welles, quien fuera el primer funcionario imperial en reconocer que la imagen de Estados Unidos de habría deteriorado internacionalmente con la Ocupación, muy especialmente entre los pueblos hispanoamericanos.

Como era de esperarse, los partidarios de la salida “pura y simple” de las tropas norteamericanas condenaron el Plan de Evacuación, con tanta virulencia, que antes de que se diera a conocer su contenido ya había sido objeto de una tenaz campaña en su contra, calificándolo en comunicados y discursos de barricadas, como una maniobra de los Estados Unidos para validar legalmente todas las acciones antinacionales cometidas durante la intervención.

El Plan no fue ideal pero sí conveniente para la República

Quienes olvidaban la situación de desorden, anarquía e inseguridad que vivía el país en los años que antecedieron a la intervención militar norteamericana podría no satisfacerles lo logrado con el Plan de Evacuación Hugues-Peynado para el retiro de las tropas norteamericanas. Sin embargo, los de memoria más privilegiada llegarían a la conclusión de que los dominicanos, con el acuerdo para el retiro de las tropas, quedaron más libres de lo que eran antes de la Ocupación del 1916, año para el que, de hecho, hacía mucho tiempo que la Soberanía Nacional se había extinguido.

Es cierto que con el Plan mantuvo vigencia la Convención de 1907 que ponía en manos de Estados Unidos las aduanas dominicanas y permanecería en vigor hasta que se pagaran unos bonos emitidos por el gobierno interventor en 1918 y 1922 por varios millones de dólares. Pero esa situación era una continuación de lo que significó la pérdida de la soberanía económica antes de que la nación fuera ocupada militarmente.

No obstante, la dignidad nacional comenzó a renacer cuando la potencia imperial convino en que el Plan de Evacuación tendría efecto después de su aprobación “por el Senado de los Estados Unidos y el Congreso de la República Dominicana”, integrado este último por sus miembros electos de acuerdo con la Carta Magna vigente en el país.

En su acápite número 9, el Plan establecía que “inmediatamente después de haberse hecho todo lo especificado en los artículos anteriores, y de que el Congreso Dominicano haya aprobado la Convención y votado la ley mencionada en el artículo 7, se procederá a la elección de los miembros del Poder Ejecutivo conforme lo determine la Constitución”.

La vuelta al respeto a la Constitución de la República, proscrita durante la Ocupación, debió ser vista por los dominicanos de entonces como una conquista invaluable. El artículo 9 del Plan concluye en que “Tan pronto el Presidente tome posesión de su cargo, firmará la ley de ratificación y la mencionada Convención, y entonces las fuerzas militares de los Estados Unidos abandonarán el territorio de la República Dominicana”.

Esas fueron prerrogativas aprobadas en el Plan, convenientes para los Estados Unidos, que la renaciente nación debía comprometerse a respetar para que el yanqui volviera a su casa.

Los defensores del Plan de Evacuación veían como conquistas a celebrar por los dominicanos que con el mismo quedaba eliminada “en absoluto la misión militar, con o sin mando, en cualquiera de sus formas”, de igual manera la Guardia de la Legación, el Consejero Financiero, “el control sobre nuestra Hacienda” y “la garantía subsidiaria de nuestras rentas internas para el servicio de la deuda”.

Con el Plan de Evacuación se prohibía la participación del gobierno militar en la convocatoria y dirección de las elecciones para escoger los nuevos gobernantes dominicanos, así como la presencia de tropas norteamericanas en las cercanías de las mesas electorales.

“Ha quedado eliminada en absoluto la necesidad de que aceptemos contractualmente la imposición de técnicos por el gobierno americano”, explicaban los negociadores dominicanos y añadía que con el plan también se eliminaba “la necesidad de ratificar todos los actos del gobierno americano que engendraron efectos jurídicos y orden administrativo al cual se ajusta transitoriamente la vida de la Nación”.

Los representativos dominicanos explicaron también que “no hemos consentido en ratificar la proclama del capitán Knapp”, con la que se dio inicio al gobierno militar norteamericano en mayo de 1916, “ni hemos consentido en ratificar un sinnúmero de estos actos del gobierno militar que han engendrado efectos jurídicos de grandísima importancia”.

Ante el recelo de los partidarios de la salida “pura y simple”, advertían a la población que “ese entendido celebrado en Washington el 30 de junio de este año, estipula la evacuación del territorio dominicano por las fuerzas americanas, coincidentemente con la instauración del Gobierno Constitucional, que se instalará por la sola y libre voluntad del pueblo dominicano”.

Reconocían que “esa evacuación está sometida únicamente a esta condición ya mencionada: el reconocimiento de la validez de las órdenes y resoluciones ejecutivas promulgadas por el Gobierno Militar y publicadas en la Gaceta Oficial, que hayan establecido rentas, ordenado erogaciones o creado intereses a favor de terceros y de los reglamentos administrativos que se han dictado y publicado de los contratos que se hayan celebrado en virtud de tales órdenes o de alguna ley de la República”.

Argumentaron en defensa del Plan que “ese reconocimiento es como hemos dicho, tan esencialmente necesario para prevenir los males de una situación caótica en nuestra futura vida de la nación independiente, que nosotros lo habríamos prometido aún cuando la Cancillería norteamericana no hubiese hecho ninguna insinuación a ese respecto: tan profunda es nuestra convicción”.

Los compromisos ratificados, aseguraban, lo habría contraído el gobierno interventor para obras públicas necesarias para el desenvolvimiento del país y para saldar “deudas que agobiaban nuestra hacienda”.

Campañas y contra campañas zarandean Plan de Evacuación

Con el criterio de que el Plan de Evacuación implicaba el reconocimiento jurídico de la Intervención, se celebró en Santiago de los Caballeros un congreso presidido por Américo Lugo el 6 de octubre de 1922, el que los presentes protestaron contra el tratado, llamaron al pueblo a combatirlo en las calles y aconsejaron la abstención electoral.

A la campaña nacionalista de Lugo y sus seguidores le salieron al frente Don Francisco J. Peynado y el comisionado estadounidense Summer Welles, quienes recorrieron el país defendiendo las virtudes del Plan de Evacuación, definiéndolo como beneficioso para futuras relaciones de amistad y cooperación entre las naciones signatarias.

Mientras Peynado prefería las plazas públicas para sus alocuciones, Welles se reunía bajo techo con representativos de las ciudades. Resaltaban que tan pronto se instalara el Gobierno Dominicano, el pueblo recuperaría su independencia con el retiro de las tropas que ocupaban la República desde 1916.

“La República saldrá tan libre y pura de nuestras manos, como de la de los Padres de la Patria el 27 de febrero de 1844”, proclamaba el precursor dominicano, tal como se consigna en Los Papeles de Francisco J. Peynado, compilados por el historiador Juan Daniel Balcácer.

Don Pancho estaba tan entusiasmado con su Plan que hasta se dejó arrastrar por su proverbial franqueza, o quizás motivado por su pragmatismo, ya que para advertir sobre la superioridad militar, geográfica, política y económica del país con el que negociaba República Dominicana dejó escapar una expresión que sirvió de arma para sus adversarios: “la cucaracha no tiene razón ante la gallina”.

No obstante, los recorridos de Peynado y Welles fueron tan exitosos que hasta los más radicales nacionalistas terminaron creyendo en sus discursos, convencidos de que los dominicanos volverían a ser libres, y de que en los sucesivo “los Estados Unidos no se inmiscuirían nuevamente en nuestros asuntos internos, sino serían nuestros mejores amigos”, como lo reseña el investigador Luis F. Mejía.

Y concluye en su exhaustiva obra De Lilís a Trujillo: “los representativos concertadores del Plan estuvieron deliberando durante más de una semana sobre la persona escogida para la Presidencia interina de la República. El 3 de octubre de 1922 se designó al señor Juan Bautista Vicini Burgos, quien asumió el cargo, y prestó juramento el 22 de octubre de 1922. Se iniciaba la fase final de la intervención”.

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