Opinión

El deterioro ambiental en sus componentes ecológico y social, ha llevado a muchos países al planteamiento de estrategias, políticas y medidas concretas que buscan no solo detenerlo, sino revertirlo. En este orden, crece el nivel de conciencia y la convicción generalizada de que los cambios jurídicos relativos a nuevas normativas y leyes, y las innovaciones tecnológicas que se lleven a cabo para tal fin, no tendrán el impacto deseado si no se acompañan de un fortalecimiento del Sistema Educativo en los diferentes niveles que lo componen, así como hacia los distintos sectores sociales hacia los cuales orientan sus acciones.

En este sentido, dentro de las conclusiones arribadas en la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y conciencia pública para la sostenibilidad (Tesalónica, Grecia, 1997), se destaca al valor de la interdisciplinariedad para abordar la perspectiva educativa del desarrollo sostenible. Asimismo, se considera necesario un planteamiento intersectorial que implique a todos los agentes sociales en la acción educativa orientada a la sostenibilidad. En el mismo orden se hace hincapié en la necesaria redefinición de los sistemas educativos formales a fin de que se diseñen y planifiquen con un enfoque global, que integre los aspectos ecológicos con los socioculturales y los éticos, no solo en la currícula de los niveles básico y medio, sino también en los niveles de educación superior.

Así la educación ambiental se convierte en una nueva dimensión del quehacer educativo con amplias posibilidades, tanto por su potencialidad interdisciplinaria y crítica, como por sus aportes a la concepción pedagógica misma.

En este contexto cabe citar el Seminario: “Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe”, llevado a cabo en Bogotá, Colombia, en el 1985; que a pesar del tiempo transcurrido, podemos apreciar como sus conclusiones mantienen aun vigencia. En este evento se analizó el importante papel que desempeñan las universidades en los procesos de desarrollo, y por lo mismo la necesidad de vincular la educación superior con la temática ambiental.

Del citado Seminario se trazaron pautas que delegan a las universidades la responsabilidad de generar una capacidad científica y tecnológica propia, capaz de movilizar el potencial productivo de los recursos naturales y humanos de la región a través de una producción creativa, crítica y propositiva de nuevos conocimientos para promover nuestras estrategias y alternativas de desarrollo.

La incorporación de la temática ambiental en las funciones universitarias y la internalización de la dimensión ambiental en la producción de conocimientos, replantea la problemática interdisciplinaria de la investigación y la docencia. Está claro que dicho proceso requiere de grandes esfuerzos teóricos y metodológicos para la conducción de investigaciones concretas y participativas en los problemas prioritarios de nuestro medio social, incluyendo la utilización sostenible del medio natural; sin embargo, este esfuerzo debe provenir sobre todo del medio universitario, espacio en el que nuestros jóvenes desarrollan su potencial académico, forjan liderazgo, capacidad de emprendurismo, y análisis para la toma de decisiones en las diferentes áreas del ejercicio profesional.

Consciente de esa realidad, en la República Dominicana se han dado pasos firmes en la readecuación de la infraestructura de desarrollo y generación de conocimiento, asociando y considerando en el más alto nivel de planificación las bases legales que sustentan y dan impulso a los planteamientos citados en el Seminario de referencia.

La aprobación en materia de medio ambiente y recursos naturales en el país del marco legal vigente, que introduce variantes significativas en la estructura y normativas que rigen este sector, y en sus vínculos con las diferentes áreas del desarrollo, refleja lo que ha estado aconteciendo dentro del ámbito nacional, y que concomitantemente trae al plano de discusión la necesaria revalorización y adecuación de la currícula educativa de las universidades a fin de que responda a esta dinámica de cambios.

En ese sentido, la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales promulgada en 18 de agosto del 2000, establece en su Artículo 58 que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, garantizará la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudios de pre y postgrado, curriculares y extracurriculares, dirigidos a la formación y el perfeccionamiento de los profesionales de todas las ramas, en la perspectiva de contribuir al uso sostenible de los recursos naturales y la protección y mejoramiento del medio ambiente.

La introducción de la dimensión ambiental en el nivel de la educación superior, no debe ser vista solamente como la inserción de una asignatura, o actividades extracurriculares puntuales, sino como parte de las bases filosóficas institucionales (misión/visión) en las cuales sustentan la estructura curricular de formación de egresados, matizados por valores y conocimientos que inducirán conductas y toma de decisiones ambientalmente responsables.

Lo anterior debe conducir a este sector de la educación a la reflexión y ponderación del rol que está llamado a cumplir en la sociedad, y en el marco del orden mundial contemporáneo, en el cual se configura la realidad latinoamericana y del Caribe.