El Partido de la Liberación Dominicana agotó un amplio y responsable proceso de estudio y consultas para la elaboración de una propuesta convertida en anteproyecto de Ley de Partidos Políticos.
Por mucho tiempo se le había reclamado a esta entidad asumir una postura con respecto a una legislación que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la vida nacional y que constituye un compromiso asumido por todas las fuerzas que componen nuestro sistema de partidos.
Consecuente con su reconocido estilo de responder a requerimientos de tanta envergadura como éste con respeto a sus lineamientos estatutarios y convicción propia, ajena a presiones o incursiones de cualquier otra naturaleza, el PLD ha cumplido con el deber y el derecho de elaborar y presentar su anteproyecto de Ley de Partidos Políticos.
La entidad oficial ha hecho lo que han debido o deben hacer las demás fuerzas políticas o sectores de la sociedad interesados en el fortalecimiento del sistema de partidos de la República Dominicana.
De ahí nuestra extrañeza ante la desproporcionada embestida con la que algunas instancias partidarias y de la denominada sociedad civil han recibido la iniciativa peledeista.
Como entidad que cree y ejercita la democracia, el PLD ha puesto esa pieza en manos de toda la sociedad para su importante escrutinio. Y entiende que su propuesta no necesariamente tiene que responder a las expectativas de otras entidades políticas o a determinadas organizaciones que puedan responder legítimamente a intereses particulares.
Lo que nos resulta inconcebible es que a esta entidad se le pretenda colocar contra la pared por negarse a aceptar como bueno y válido criterios y fórmulas que no necesariamente guardan relación con el verdadero interés de la colectividad.
Por qué restarle crédito al PLD por defender el derecho de los partidos a la legítima paternidad de los cargos congresionales y municipales.? ¿Por qué ese enfermizo reclamo de que los partidos tengan que revelar o identificar a empresas o empresarios que apoyan financieramente a tales o cuales proyectos políticos?
En el primer caso, llama la atención que quienes se oponen a ese derecho de los partidos son los mismos que han estado reclamando enfrentar el transfuguismo en el país.
Vanguardia del Pueblo, como cualquier sector sensato de la sociedad, no entendería que de buenas a primeras los partidos políticos le reclamaran por ejemplo a nuestro sólido y confiable sistema bancario identificar a sus clientes y sus operaciones financieras bajo el manipulado criterio de la transparencia obviamente calculada.
La realidad es que estos cuestionamientos al anteproyecto presentado por el PLD lo que realmente pudieran estar evidenciando es el marcado interés de algunas instancias o grupos interesados en debilitar las actuales entidades partidarias, a los fines de que sean representantes suyos los que pasen a ocupar los espacios que legítima y constitucionalmente le corresponde a los partidos políticos.
Y siendo así, de verdad que nos apena el que algunos partidos, profundamente debilitados por su incompetencia, pretendan sacar algún tipo de provecho coyuntural, colocándose al lado de esos sectores, quizás desconociendo que afilan cuchillo para su propia garganta.
Pensamos que el PLD, como toda fuerza política de la nación, tiene el deber y el derecho de defender sus espacios. Y que las discusiones sobre la necesaria Ley de Partidos Políticos deben enmarcarse estrictamente en el orden de convertirla en el soporte y nunca en la negación del fortalecimiento institucional y democrático del país, del cual forma parte fundamental nuestro sistema de partidos políticos.
