La actividad minera implica la modificación de la geografía y del paisaje natural. El proceso relacionado con el descubrimiento y extracción de minerales que se encuentran debajo de la tierra, repercute en elementos naturales como el suelo, agua, aire, flora y fauna, y también en los grupos humanos y su interacción con la naturaleza.
Desde la visión de que los minerales son recursos no renovables, podría decirse que la minería no es una actividad sostenible. Sin embargo, los productos generados por esta actividad permiten crear la infraestructura sobre la que es posible desarrollar una actividad económica sostenible.
Esto trae como consecuencia que el sector minero y sus empresas consideren la necesaria integración de los aspectos económicos, ambientales y sociales a la hora de diseñar e implementar sus estrategias de negocio.
Como resultado de este interés global, y a la vez local, varios países han discutido criterios ambientales y establecido regulaciones para los proyectos mineros. No han faltado los análisis desde la perspectiva de los gobiernos, las empresas, los académicos y los ciudadanos, especialmente en las sociedades donde la minería es una actividad económica de importancia.
El Consejo de Minería Ambiental de British Columbia, una provincia de Canadá, considera que la velocidad y la extensión de la reciente globalización de la inversión en minerales ha creado desafíos ambientales, económicos y regulatorios que, en muchas regiones, están rebasando o pueden llegar a rebasar la capacidad comunitaria, gubernamental e industrial para proteger la salud del ecosistema.
“Al mismo tiempo, promisorias oportunidades y ejemplos positivos señalan el camino para la evolución del rol de la minería, más allá de la devastación social y los impactos ecológicos que han sido parte inescapable de su historia”.
Por su parte, el Banco Mundial, señala en su Manual de Evaluación Ambiental, que en la evaluación ambiental de proyectos mineros es importante asegurar que los costos ambientales, sociales y de salud se toman en cuenta para determinar la viabilidad económica y la aceptabilidad de escenarios alternativos para el proyecto; y segundo, asegurar que se han incorporado medidas adecuadas de mitigación y de protección en el diseño del proyecto, su implementación y planes de cierre y abandono.
El documento, que tiene como antecedente la Conferencia Internacional en Desarrollo, Ambiente y Minería, llevada a cabo en Washington en junio de 1994, señala también que “se hace necesario una legislación ambiental efectiva reforzada por instituciones regulatorias, y prácticas de manejo ambiental en los sectores público y privado”.
Respecto a la participación pública, indica, sin embargo, que “mientras se han desarrollado buenas aproximaciones técnicas para manejar y mitigar los impactos ambientales de la minería, los asuntos socioeconómicos asociados representan significativos desafíos sin resolver. Muchas compañías están teniendo dificultades para el manejo de los asuntos sociales”.
Durante la última década las inversiones en minería se han incrementado exponencialmente. El caso del Perú, por ejemplo muestra un incremento de las inversiones de US$109 millones en el 2003, a US$3.5 billones en el 2013. En Colombia, desde el 2009 hasta el 2012 la participación de los ingresos públicos generados por la minería duplicaron de 12% a 25%.
Este aumento de las inversiones ha sido un estimulante económico, sin embargo, también plantea retos para los gobiernos en cuanto al manejo de estas inversiones.
En una reunión celebrada recientemente entre el Banco Mundial y líderes de los sectores de minería para analizar cómo están manejando los países latinoamericanos el aumento de los ingresos por la producción minera, se concluyó que los retos pendientes son fortalecer el manejo responsable con relación al medio ambiente y a las comunidades. También fortalecer la transparencia financiera y ser proactivo en el estímulo del desarrollo de la economía local de las comunidades.
La actividad minera ha aportado históricamente un porcentaje relevante de las materias primas para el desarrollo económico e industrial. En este aspecto Chile, en las décadas de 1980 y 1990, le toco jugar un papel importante llegando a ser el primer productor de cobre del mundo, y un actor relevante en la producción de otros minerales.
La industrialización de la actividad minera en Chile, mostró la necesidad de contar con una legislación que regulara el impacto medioambiental. Por ese motivo, a partir de la década del 1990 ese país se ha ocupado de buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
Pero no fue sino hasta 1990, cuando las autoridades comenzaron a discutir posibles medidas para detener el impacto ambiental de la actividad minera. Se comenzó a regularizar la contaminación minera, iniciándose la búsqueda de una coexistencia de la protección ambiental con el desarrollo económico a través del impulso de una legislación apropiada.
A partir de un acuerdo voluntario entre diversos sectores productivos y el Estado, se iniciaron planes de descontaminación y se implementaron estudios de impacto ambiental en toda nueva proyecto. Por igual, la Ley de Bases del Medio Ambiente (1994) y la promulgación de su reglamento en 1997, impusieron una mayor conciencia ambiental en las actividades mineras del país.
A su vez, en materia legal, resultó fundamental la promulgación de la Ley de Bases del Medio Ambiente, en 1994. A partir de ella, la minería, como otras actividades productivas, debió seguir evaluaciones de impacto ambiental, por lo que el efecto de sus acciones sobre el medio ambiente se viene regulado de modo creciente.
A decir de las autoridades competentes, la República Dominicana se encuentra en un momento brillante en la actividad minera, con cuatro operaciones mineras importantes produciendo oro en Barrick Pueblo Viejo y Envirogold Las Lagunas, níquel en Falcondo Xstrata y cobre en Perillia Cormidom. Próximamente serán reiniciadas las exportaciones de bauxita para la producción de aluminio, desde el depósito de Las Mercedes en Pedernales.
Decenas de empresas de exploración mineras, están activas en más de 80 proyectos de exploración, diseminados en toda la geografía nacional.
La creación de Ministerio de Energía y Minas, mediante la ley 100-13 es una acción contundente de los pasos que se van dando por el camino del fortaleciendo del marco regulatorio que impulse el desarrollo sostenible de esta actividad. Sin embargo aún está pendiente la modernización de la Ley de Minería 146-71, promulgada en el 1971 por el entonces presidente, doctor Joaquín Balaguer.
