La producción minera en República Dominicana se encuentra en uno de sus momentos más brillantes y con perspectivas de más alto vuelo. Interesantes cifras definen sus dimensiones: 1.4 mil millones de dólares, equivalente al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en exportaciones de oro, plata y níquel, durante 2013, al tiempo que más de 80 proyectos de exploración se encuentran en marcha actualmente en toda la geografía nacional.
Con pocos meses operando, el Ministerio de Energía y Minas, creado mediante la ley 100-13, trabaja para propiciar el marco regulatorio que impulse el desarrollo sostenible de esta actividad. El Estado dominicano, a través de esta institución, asume entre sus retos la modernización de la Ley Minera de la República Dominicana 146-71, promulgada en el 1971 por el entonces presidente, doctor Joaquín Balaguer.
El director general de Minería, ingeniero Alexander Medina Herasme, indica que todavía tomará un tiempo para que el recién creado ministerio haga ese trabajo, y mientras tanto a la institución que dirige le corresponde hacer cumplir la ley vigente.
“En la organización del Estado dominicano, los ministerios son los que dictan las políticas. Nosotros, desde esta instancia nos toca la tarea ejecutiva. La Dirección General de Minería (DGM) es una institución adscrita al ministerio. No somos un departamento interno, pero sí nos reportamos al ministro de Energía y Mina y al viceministro de Minas”.
Desde su experiencia en el terreno, Medina Herasme detalla los aspectos a ser considerados. “La nueva ley deberá mantener el derecho de prioridad al primero en solicitar un derecho minero. Eso es muy importante. Debemos revisar aspectos como el tiempo de la concesión de exploración, ya que algunos concesionarios consideran que debe ser un poco más amplia”.
Explica que la exploración es un derecho que le da la ley a un concesionario de hacer exploraciones en búsqueda de minerales en un área determinada del territorio nacional. “El derecho de exploración es un derecho a buscar, pero si se encuentra algo se solicita un derecho a explotación”.
Considera que aunque actualmente el derecho de exploración son tres años y se puede extender por dos periodos de un año, éste debe ser por más tiempo, sin que sea a discreción de la DGM extenderlo.
Medina dice que debe mejorar un poco la capacidad que la ley le pueda dar a la DGM para exigirle más trabajo al concesionario. Es decir, la ley le da el plazo pero no establece taxativamente lo que la DGM debe exigir en cada año de trabajo. “Queremos que cuando demos una concesión no haya oportunidad de que el concesionario no haga nada. Queremos que esté obligado a trabajar”.
También destaca importante revisar el estatuto del tamaño de la concesión. Explica que actualmente la ley permite que la concesión tenga hasta 30 mil hectáreas y eso es demasiado. “Tiene que ser más pequeño. A nosotros nos gustarían que podamos dividir las concesiones en bloques, tamaños estándar: 1,000 hectáreas, 1,500 hectáreas. En otros países ha funcionado bien así”.
Medina señala otra alternativa que se debe incluir en la ley: que el concesionario vaya devolviendo las tierras que ya no le interesan o donde no encontró nada para explotar. “Eso va muy de la mano con el tamaño de la concesión y el impuesto que se cobre por superficie”.
Otro aspecto interesante de revisar, asegura Medina, es el derecho de exploración. “Ahora mismo uno de los problemas más serios que tenemos es que el valor que se cobra de impuestos por la superficie concedida es muy bajito. No se ha indexado. Estamos hablando de 10 centavos de peso dominicano por hectárea”.
Le preocupa que desde entonces el peso se ha devaluado 100 por uno, y el Estado no recibe nada prácticamente. “Es algo que tenemos que ver. Probablemente eso podamos mirarlo primero que cualquier otra cosa. Desde la DGM estamos preparando un proyecto para presentarlo al Ministerio de Energía y Mina a los fines de que pueda ser enviado al Congreso en el próximo año”.
Un aspecto que interesa mucho a la actual gestión de gobierno, y que presenta una oportunidad de mejoría en la Ley Minera, es crear las condiciones para impulsar adecuadamente la minería artesanal.
Resulta que los mineros artesanales, por ejemplo, no tienen la capacidad económica ni técnica para poder satisfacer lo que demanda la ley minera actual para dar un derecho de explotación. Medina explica que se hace necesario crear un espacio dentro de la ley, con un estatuto, a fin de que los mineros artesanales puedan tener ciertos derechos, como el otorgamiento de zonas reducidas de áreas para explotar, o un volumen de toneladas que puedan movilizar, y un tamaño reducido de los impuestos que el Estado pueda cobrarles.
“Entendemos que esta actividad se puede formalizar. Hasta ahora no paga impuestos, no está reconocida para ser viable para crédito bancario. Entonces tenemos que organizar el Estado de modo que pueda ayudar a esta gente a formalizar su actividad”.
Medina explica que un minero artesanal puede producir por encima de los 30 mil pesos mensuales. “Usted los puede encontrar trabajando en las minas con un aspecto harapiento, pero no se deje confundir. Esto solo es parte del sistema de trabajo. Se trata de una regla, que busca evitar el hurto”.
Actualmente la estructura de explotación minera artesanal se maneja en la completa informalidad. En muchos casos, al no pagar impuestos, el dueño de la finca sustituye al Estado como propietario de la riqueza del subsuelo, como establece la ley.
“En otros casos la mina es desarrollada por un inversionista que invierte en la excavación en los tiempos en que no se está produciendo nada. Alguien tiene que financiar el mes o los dos meses de exploración antes de encontrar algo. Y después que ya esté en producción, el inversionista comienza a ganar, pues tiene el derecho absoluto de comprar todas las piedras a los mineros”.
Lo que se quiere es formalizar este sistema, dice Medina. “Primero que los mineros tengan seguridad social, que tengan seguro médico y derecho a pensión, porque esa actividad genera suficiente riqueza para que ellos puedan gozar de esos beneficios. Segundo, que los mineros reciban más beneficios por este trabajo. Ellos reciben buen dinero ahora; pero el inversionista, al ser el intermediario se lleva la mayor tajada. Queremos lograr que el artesano le pueda comprar las piedras directamente al minero”.
