En materia de salud, la República Dominicana tiene un largo camino por delante. Un camino que está trazado por un conjunto de políticas diseñadas y consensuadas, las cuales vienen poniéndose en práctica desde la primera gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y su sistema de reformas y modernización del Estado dominicano.
Uno de los principales hitos de la modernización del sector salud lo constituye la promulgación de La ley General de Salud No. 42-01, de fecha 8 de marzo de 2001 y la que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01, de fecha 10 de mayo de 2001. Con estas dos leyes, inspiradas en la reforma colombiana, se modificó en cuanto a su estructura la forma en que estaba organizado el sistema dominicano de salud, separando las funciones de provisión de servicios, financiamiento y rectoría.
Este cambio fue el resultado de un proceso de discusiones, entre los actores del sector sobre una reforma de salud, a lo largo de la década de los 90. A partir del trabajo realizado por la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS), Julio de 1997, se comienza a ver este tema con un nuevo enfoque que coloca al individuo en el centro priorizando la prevención y promoción de los valores de la salud.
A partir de ese momento se comienza a valorar la implementación de ese nuevo modelo que incluye al individuo y la comunidad en los programas de salud convirtiéndolos en parte integral de la solución.
Tal y como se estila en países con sistema de salud más avanzado, como Chile, el nuevo modelo de atención en salud plantea la sustitución de la obsoleta y costosa medicina curativa practicada en los hospitales del Estado por la medicina preventiva impulsada en el medio donde se desenvuelve cotidianamente el individuo.
La ley General de Salud No. 42-01 dio paso a esta reforma, cuya visión fue la de transformar radicalmente su sistema de salud. Sin embargo, no comenzó a operar sino hasta septiembre del 2007, cuando un decreto presidencial obligó a la puesta en marcha del régimen contributivo. Esta medida propició que la cobertura de aseguramiento público pasara de un 6% (cerca de 500 mil personas en 2007), a 48% (cerca de 4.6 millones de personas en 2012).
Según estudios, en el sistema anterior coexistían tres subsistemas segmentados por nivel de ingreso y tipo de vínculo laboral. Un instituto de seguros sociales ofrecía cobertura de aseguramiento a los trabajadores del sector formal; un sector público que buscaba proteger a la población sin recursos, y un sector privado de prestadores y aseguradores que captaba a las personas de mayores ingresos o a las personas que no encontraban solución en la prestación de servicios ofrecidos por los prestadores del sector público.
Al interior de los subsistemas público, Ministerio de Salud Pública e Instituto Dominicano de Seguros se encontraban integradas, de manera vertical y aisladas, las funciones de rectoría, y del financiamiento tanto de la prestación como de la generación de recursos. Esto, según se analizó, conllevaba implicaciones negativas para la equidad y para la eficiencia del sistema.
El nuevo marco legal consagra el deber del Estado de garantizar la salud a toda la población y ordena realizar las transformaciones necesarias para que estas funciones del Sistema Nacional de Salud: rectoría, provisión, y financiamiento, se separen y sean asumidas por las diferentes instituciones que lo conforman.
Este nuevo marco legal fue ratificado por la Ley 1-12, promulgada en enero de 2012, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) para el período 2010-2030. Una de las medidas adoptadas sobre este contexto, fue la promulgación del decreto 379-14 que ordena la desconcentración administrativa, funcional y territorial del Viceministerio de Atención a las Personas y de los Servicios Regionales de Salud.
En el decreto se establece que su objetivo es iniciar el proceso de separación de las funciones de provisión de servicios de salud, la rectoría y salud colectiva en el Ministerio de Salud Pública.
Este se considera un importante paso de avance ya que el modelo anterior permitía poco avance debido a que por dedicar gran parte de su quehacer a la producción directa de los servicios de salud, el MSP se auto marginaba en el ejercicio de la función de rectoría.
Al respecto, La ministra de Salud, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, declaró que gracias a esta medida ahora la institución podrá dedicarse a fortalecer el desarrollo institucional, la gestión efectiva del talento humano y consolidar el liderazgo sectorial. “Hay problemas de salud colectiva en los que el Ministerio debe enfocarse como: fortalecer La salud ambiental, el acceso a vacunas, drogas, farmacia y alimentos; coordinar acciones con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro-consumidor para garantizar la calidad de los alimentos, con las alcaldías para trabajar lo referente al problema de higiene en la ciudad y las implicaciones que tiene para la salud, entre otros temas”.
La ministra dijo también que el momento es preciso para hacer un Pacto Nacional de la Salud, y en ese sentido ya ha iniciado reuniones con el Colegio Médico Dominicano y continuará con otras entidades públicas y sociales.
De acuerdo a los estudios del sector, los principales desafíos radican en elementos de la reorganización del sistema que fueron adoptados en la reforma. Con estas nuevas medidas que buscan descentralizar la función del ministerio, el gobierno da un paso importante de avance. Pero como en todo, hay que esperar para medir los resultados.
