Nada tan evidente hoy en día como el doble rasero, la selectividad y la hipocresía en el abordaje del asunto de los humanos, un tema claramente utilizado para imponer intereses geoestratégicos en detrimento de la soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
La causa de los derechos humanos se utiliza sistemáticamente para agredir y desacreditar a los gobiernos progresistas de la región como Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, Argentina y Brasil. Sin embargo, quienes hoy se nos presentan como los más fervientes defensores de tales derechos justifican la tortura, el traslado secreto y al margen de la ley de prisioneros de un país a otro, los vuelos y las cárceles secretas, las ejecuciones extrajudiciales, el empleo de drones que causan daños a personas inocentes y a las propiedades, etc.
De forma recurrente la cuestión de los derechos humanos se aborda al margen de las normas del Derecho Internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Además, el sesgo claramente político conduce a una interpretación muy reduccionista de lo que son derechos humanos.
Derechos humanos son no solo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos y sociales, como el derecho al trabajo, la justa remuneración, la seguridad social, la salud y la educación.
Difícilmente puede hablarse de ejercicio efectivo de los primeros cuando no están garantizados los segundos. Las protestas de los ciudadanos en Estados Unidos por la crisis que aún sigue causando estragos se dirigió directamente contra los detentadores del poder económico, pues para el ciudadano norteamericano resulta claro que quienes concentran en sus manos el poder económico son los verdaderos responsables de las decisiones que provocaron esa crisis y degradaron su nivel de vida.
Poder económico se traduce en poder político. Por tanto, nada dificulta más la expresión democrática que la concentración de la riqueza, que permea los mecanismos de toma de decisiones por la vía del secuestro de la opinión pública gracias al control de los medios de comunicación que ejercen los dueños del capital.
No es casual, por tanto, que los gobiernos progresistas de América Latina interesados en una distribución más justa de los ingresos hayan tenido entre sus principales dificultades la oposición feroz de los medios de comunicación, en manos de los más acaudalados.
En su contra han llovido las acusaciones más absurdas por supuestamente violar la libertad de expresión y las libertades públicas de grupos que aprovechan el sesgo con que se maneja el tema de los derechos humanos en instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El presidente Barack Obama, en el momento más álgido de la crisis económica, denunció la enorme influencia de los lobbies económicos y financieros sobre las instituciones representativas y sobre los derechos políticos y sociales. El propio Obama llegó a ser víctima de los medios de comunicación más poderosos de Estados Unidos, entre ellos la influyente cadena Fox News, que lo acusaron de comunista por hablar de la necesidad de establecer regulaciones para evitar que se repita la crisis, de cambiar las reglas de juego para garantizar que los que más tienen paguen más impuestos y para asegurar el acceso a la salud del ciudadano estadounidense. En su enfrentamiento con estos medios Obama llegó a acusarlos de manejarse como si fueran un partido político y no como medios de comunicación comprometidos con la objetividad.
El “secuestro” de la política por parte de los grupos que concentran en sus manos el poder económico es lo que ha imposibilitado el ataque a lo que generó la crisis y que todavía hoy sigue provocando el aumento de la desigualdad en el mundo.
El informe “IGUALES: Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas”, dado a conocer recientemente por la organización Oxfam Intermón, es tan esclarecedor como alarmante.
Según este informe, desde que se inició la crisis en el 2008 el número de “milmillonarios” a nivel mundial se ha duplicado y tan sólo en el último año las 85 personas más ricas del mundo lograron beneficios de casi medio millón de dólares cada minuto.
“En todo el mundo conviven unos niveles de riqueza absurdos con la pobreza más desesperada. Las diferencias entre ricos y pobres están aumentando rápidamente y la desigualdad económica ha alcanzado niveles extremos”, señala Oxfam.
La entidad internacional promotora del desarrollo y la lucha contra el hambre advierte que “la desigualdad extrema corrompe la política, frena el crecimiento, reduce la movilidad social y debilita los cimientos de la sociedad”.
Es evidente, pues, la necesidad de colocar en el centro mismo del debate sobre el respeto de los derechos humanos, sobre todo, la solución de problemas como la extrema pobreza, el analfabetismo, la falta de acceso a la salud, la educación y la alimentación.
Cuando se constata que los que figuran hoy como los más radicales defensores de los derechos humanos son los mismos que defienden las políticas neoliberales que acentúan las desigualdades, lo menos que se puede pensar es en la falta de escrúpulos y la hipocresía que prevalecen hoy en día.
Si todo lo que se ha dicho sobre la República Dominicana por la sentencia de su Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad de los nacidos en el territorio nacional hijos de extranjeros sin estatus legal obedeciera a un sentimiento real de compasión por la suerte de los haitianos, la intervención con fines humanitarios en Haití hubiera sido súper masiva por la cantidad de gente que pasa hambre allí y muere por no recibir atención médica, por los miles que llevan años viviendo en las calles porque el terremoto destruyó sus humildes viviendas, por la gran cantidad de gente que no tienen acceso a la educación, al agua potable y que vive en las condiciones más infrahumanas.
La indiferencia de los supuestos defensores de Haití frente a los cerca de diez mil muertos por el cólera es proverbial y los retrata de cuerpo entero. Pareciera que los haitianos solo tienen derechos humanos cuando cruzan la frontera con la República Dominicana.
Es, desde luego, importante y necesario que se denuncien las violaciones a los derechos humanos dondequiera que estas se produzcan. Pero las denuncias resultan cuestionables cuando se expresan de forma selectiva con propósitos que van más allá de la defensa misma de los derechos de las personas. Y cuando las imputaciones resultan falsas por cobertura de malicia, entonces se degrada una causa llamada a movilizar la sensibilidad humana en todo el planeta.
