En el sistema de protección social dominicano, la coordinación de las políticas económicas y las sociales es básica para lograr una eficiente estrategia contra la pobreza.
La directora técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, licenciada Rosa María Suárez, sostuvo que “es un gran desafío incorporar al esquema de protección social todo lo que tiene que ver con la regulación laboral, ya que sin empleo no hay salida de pobreza, o sea que es un aspecto fundamental”, resaltó.
Explicó que se hace una transición entre la informalidad y la formalidad con la capacitación técnico laboral realizada por el programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) en los Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) y en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), del Gabinete Social que coordina la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández.
“Porque a pesar que estamos generando micro emprendedurismo, que la gente le llama a eso trabajo informal, nosotros le llamamos a ello como un elemento transitorio para conectar con la formalidad”, expuso al participar en el Foro Regional Latinoamericano Sobre Protección Social: Seguridad Social y Defensoría Ciudadana que celebrado este miércoles y jueves en el hotel Sheraton por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).
En la actividad también participó la vicepresidenta del Consejo Internacional del Bienestar Social de Uruguay, Mirtha Sosa Crevoisier, quien informó que casi la mitad de la población ocupada de Latinoamérica trabaja en condiciones de precariedad, bajos ingresos, inestabilidad y ausencia de protección social.
La directora técnica del Gabinete Social dominicano explicó que el sistema de protección social tiene tres pilares: El primero asistencial o no contributivo, que maneja la Vicepresidenta de la República a través del Gabinete Social; el contributivo, que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social; y un tercer pilar que es la regulación del trabajo.
El sistema de protección social en el país a evolución a partir de 2004, ya que antes los programas eran más asistenciales, a base de dádivas.
Después de 2004, cuando surgen las transferencias monetarias condicionadas con el Programa Solidaridad, comienza a generarse un nivel diferenciado de programas más focalizado a la persona; se creó el Sistema Único de Beneficiaros (SIUBEN) para focalización, y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), para el pago de los subsidios, indicó.
Asimismo, “después de 2012 podemos estar hablando ya de un sistema de tercera generación de programas de protección social con la integración de Progresando con Solidaridad, que además de las transferencias monetarias condicionadas generó la construcción de capacidades, la empleabilidad, el micro emprendedurismo, y que esos elementos son los que configuran un programa diferencial, una construcción de derechos, de ciudadanos”, sostuvo.
Otro punto tratado fue el tema de la informalidad y cómo ésta afecta todo lo que tiene que ver con la protección social, aclarando que tener empleo formal no imposibilita a una persona de recibir la protección social del Estado destinada a quienes viven en pobreza extrema y moderada.
“La elegibilidad para entrar a los programas de transferencia monetaria viene de pobreza estructural no de pobreza monetaria. O sea que el hecho de que una persona consiga un empleo no la inhabilitada para recibir las transferencias monetarias condicionadas porque no significa que sus condiciones estructurales han cambiado, que ella reciba eso no significa que su vivienda mejoró, el acceso de sus hijos a educación, a salud cambió, que es lo que le da origen a esa familia para que sea beneficiada del programa Progresando con Solidaridad”, puntualizó.
Agregó que el programa sí activa una alerta en el sistema que esa persona ya tiene un empleo, pero que ello no implica que ya cambió su condición de pobreza.
