El 18 de julio de 1994 se produjo en Buenos Aires un atentado con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El hecho dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. La comunidad judía del país sudamericano es la más grande de América Latina, la tercera en el continente y la séptima más grande del mundo fuera de Israel, con más de 300 mil miembros.
Los organismos responsables de la investigación, según se ha revelado, han dirigido sus pesquisas en base a tres hipótesis de trabajo:
1.- La conexión iraní, que apunta a la República Islámica de Irán como responsable de ofrecer apoyo estratégico y económico al grupo libanés Hezbolá (Partido de Dios) para llevar a cabo el atentado.
2.- La denominada conexión siria, conforme a la cual el país árabe habría organizado el atentado en venganza por la decisión del gobierno de Carlos Menem de cancelar un proyecto de venta de reactores nucleares que los dos países habían acordado.
3.- La conexión bonaerense, según la cual los perpetradores del atentado habrían contado con apoyo local, que le habría sido brindado por la policía de Buenos Aires.
Las dos últimas líneas de investigación se vieron seriamente afectadas por un escándalo mayúsculo que involucró al entonces presidente Carlos Menem y a su ministro del Interior, Carlos Corach, lo mismo que al juez a cargo del caso AMIA, Juan José Galeano; al jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy; al ex subjefe de inteligencia, Juan Carlos Anchezar; al exjefe de la policía Jorge Palacios, y al ex agente de la policía Federal, Carlos Castañeda.
Según la justicia argentina, Menem, “extralimitando sus funciones constitucionales, determinó, por intermedio de una comunicación efectuada por su hermano Munir Menem al entonces juez federal Galeano, a abandonar la investigación relativa a la denominada ´pista de Alberto Kanoore Edul´”, un empresario de origen sirio cuya compañía había sido contratada por la AMIA para una remodelación del edificio de siete plantas de la comunidad judía.
La justicia presentó un video donde se observaba al juez Galeano solicitando al abogado Carlos Telleldín, vendedor de autos usados, que para entonces estaba imputado de “armar la camioneta que hizo explotar el edificio”, que implicara a varios policías bonaerenses a cambio de un soborno de 400,000 dólares. Según las autoridades, el responsable de hacer efectivo el pago del dinero fue un agente de la SIDE, en complicidad con Anzorreguy, quien tiempo después admitió que el soborno fue autorizado por Carlos Menem.
El acta de acusación establece que Galeano “frustró, ocultó, sustrajo, dilató y/o interrumpió diligencias probatorias que podían comprometer a Kanoore Edul y a su entorno”. Edul falleció en el 2010.
Un tribunal absolvió a todos los acusados por el entonces magistrado Galeano, quien fue destituido del cargo en el 2005. El juicio por obstrucción de la justicia contra los imputados más arriba mencionados está pautado para el próximo mes de junio. La lentitud en el conocimiento del caso, entre muchas otras razones, se debe a la inhibición bajo diversos alegatos de los jueces escogidos por sorteo para ello. Hasta el momento suman 12 los inhibidos.
Conviene recordar que ese caso fue sobreseído por el juez Ariel Lijo, una decisión revocada luego por la Cámara Federal. Los tres jueces de esta corte consideraron que Lijo no investigó suficientemente el caso, entre muchos otros motivos, por el hecho de que algunos de los imputados, como el caso de Carlos Corach, nunca fueron llamados a declarar, a pesar de que la secretaria del juez Galeano dio testimonio de que el magistrado cambió el curso de la investigación luego de reunirse con el Ministro del Interior en la Casa Rosada (el palacio de gobierno). El dato es relevante porque Lijo tiene a su cargo ahora la denuncia que presentó el fiscal Nisman contra el gobierno.
Es importante destacar que en el año 2005 familiares de las víctimas del atentado agrupados en la organización no gubernamental Memoria Activa, creada para exigir justicia en el caso, presentó formal denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por violación de los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener justicia por parte de los tribunales argentinos”.
El gobierno de Néstor Kirchner, en un gesto muy significativo, reconoció ante la CIDH la responsabilidad del Estado por violación de los derechos humanos denunciados por Memoria Activa, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física y a la protección judicial. “El Estado reconoce la responsabilidad porque existió encubrimiento y denegación de justicia”, dijo el entonces presidente argentino.
Al propio tiempo, el gobierno se comprometió a transformar los organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, aparato judicial y legislación para prevenir nuevos atentados y, sobre todo, para impedir la impunidad de todos los que desviaron la investigación sobre el ataque contra la mutual judía.
“Se ha trabajado para que las pruebas desaparezcan, pero vamos a volver a demostrar que la justicia y la verdad son posibles y que el encubrimiento y los delincuentes en Argentina no van a tener más lugar”, dijo Kirchner.
Al tiempo de anunciar la entrega al fiscal ahora a cargo de la investigación, Alberto Nisman, de 1474 carpetas de archivos de la SIDE sobre la investigación del atentado, Kirchner apuntaba: “Los argentinos estamos esperanzados en su gestión para el esclarecimiento de estos hechos que nos ha tocado vivir. Es una vergüenza nacional que el Estado no supo, no quiso llegar a la verdad o la encubrió”.
Quien así se expresaba tenía por esposa a Cristina Fernández, quien perteneció, como legisladora nacional, a la Comisión Bilateral de Seguimiento de los Atentados creada en el Congreso de la Nación con el objeto de auscultar el desarrollo de las investigaciones judiciales y la responsabilidad del Ejecutivo y del Poder Legislativo.
La ahora presidenta se quedó sola y votó contra los dos bloques mayoritarios que apoyaban la investigación del juez Galeano. A doña Cristina le correspondió trabajar para hacer realidad parte de los compromisos asumidos por su esposo ante la CIDH, particularmente el relativo a la transformación del los organismos de inteligencia, en donde produjo una purga que se llevó de encuentro a todos los altos cargos de la antigua SIDE (ahora Secretaría de Inteligencia), incluyendo al jefe de operaciones, Jaime Stiuso, un nombre que tendremos que volver a mencionar más adelante.
Pues bien, en octubre de 2006, esto es, 12 años después de iniciadas las investigaciones, la justicia argentina, representada por el fiscal especial Alberto Nisman, acusó formalmente al gobierno de Irán de planificar el atentado y al grupo Hezbolá de ejecutarlo.
Acto seguido el juez Rodolfo Canicoba-Corral emitió orden de captura contra los imputados, siete ex funcionarios del gobierno iraní y el jefe de Hezbolá. En noviembre de 2007 la Interpol dio a conocer los nombres de las personas contra las que, a petición de la justicia argentina, ordenó la emisión de órdenes internacionales de captura. Entre estas figuraban Imad Mugniyah, exjefe de Hezbolá; Ali Fallahijan, exjefe de inteligencia de Irán; Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Iran en Argentina; Ahmed Reza Asqhari (ex tercer secretario de la embajada de Irán en Argentina; Ahmad Vahidi, exjefe de la Fuerza Quds y ministro de Defensa de Irán desde 2009; y Mohsén Rezaí, exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní y quien hace poco participó como candidato presidencial en las elecciones nacionales.
El juez Canicoba-Corral también había emitido orden de captura internacional contra el expresidente Ali Bahramie Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayati, que quedaron fuera de emisión de la “circular roja” de la Interpol por falta de pruebas.
La investigación conducida por el fiscal Nisman, a quien los documentos de WikiLeaks definen como un hombre dirigido por los Estados Unidos, ha tenido serios tropiezos. Por ejemplo, se pudo comprobar que uno de los libaneses señalados como autores del atentado había muerto en el Líbano dos años antes del hecho.
En el 2003 la justicia argentina solicitó al Reino Unido la extradición del exembajador iraní Hadi Soleimanpour, acusado de participar en el atentado. El juez John Royce, a quien le tocó conocer la solicitud, declaró que después de leer las 400 páginas enviadas por la justicia argentina no encontró “nada que constituya evidencia clara de la participación del detenido en el atentado”.El gobierno británico pagó una indemnización por haber detenido en base a pruebas falsas a Soleimanpour.
Por otra parte, el hombre al que el fiscal Nisman identificó, con la ayuda de una testigo, como la persona responsable de conducir la camioneta cargada de explosivos y que se inmoló al cometer el hecho, murió en forma natural el 9 de septiembre de 1994. Según declaraciones de dos hermanos del individuo identificado como Ibrahim Berro, ofrecidas ante un funcionario judicial de Michigan en presencia de Nisman, el imputado había sido víctima de una explosión en el Líbano que lo dejó discapacitado y con una afectación en los pulmones. Y cuando se le presentaron fotos de Berro a la testigo aportadas por los familiares, ésta declaró que “no lo reconocía como el chofer”.
A pesar de esta y muchas otras fallas que hacen pensar que el caso se aprovecha para inculpar al gobierno iraní por razones políticas, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández apoyaron resueltamente la solicitud de extradición de los inculpados hecha al gobierno iraní, que se ha negado a acatar la decisión de la justicia argentina argumentando insuficiencia de pruebas.
Para hacer avanzar las investigaciones, los gobiernos de Argentina e Irán firmaron un memorándum de entendimiento el 27 de enero de 2013. El acuerdo prevé la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado. Los integrantes de la Comisión, que deben ser personas de reconocido “prestigio legal internacional”, no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países.
El 28 de enero de 2013 la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el memorándum de entendimiento con Irán, dándole así el rango de tratado internacional. Sin embargo, la comunidad judía se opuso firmemente argumentando que lo pactado implica una declinación de la soberanía nacional y llevó el caso a los tribunales. El 15 de mayo de 2014 la Cámara Federal declaró inconstitucional el acuerdo.
Sorpresivamente, el pasado 13 de enero el fiscal Nisman presentó una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente del denominado Movimiento piquetero que organiza a los trabajadores desocupados, Miles Luis D´Elia, el dirigente del Movimiento Patriótico Revolucionario, mejor conocido como Quebracho, Fernando Esteche, y el ciudadanos pro iraní Alejandro “Yussuf” Khalil. Los acusa de encubrimiento con respecto a la causa AMIA por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, supuestamente a cambio de recuperar las relaciones comerciales con el país asiático. Según Nisman, la presidenta Cristina Fernández habría instruido al canciller Timerman para que llegara a un acuerdo con las autoridades del país persa y gestionara ante la Interpol el levantamiento de la orden internacional de captura contra los ciudadanos iraníes.
La oposición argentina, con fuerte apoyo mediático, no perdió tiempo en azuzar el escándalo político a partir de la denuncia de Nisman, al que le organizó una presentación ante el Congreso pautada para el lunes 15 de enero. El fiscal debía explicar allí su denuncia.
El oficialismo, por su parte, anticipó que concurriría a la audiencia para demostrar que esa presentación constituía “una operación montada por sectores del poder judicial y los servicios de inteligencia”. Había gran expectación, pero el mismo día de la audiencia, en horas de la madrugada, Nisman fue encontrado muerto en el baño de su apartamento con un disparo en la cabeza.
La mayoría de los analistas independientes observan que la situación en que se encontraba el fiscal al momento de su muerte era sumamente complicada, debido a que los argumentos de su denuncia habían sido desmontados uno por uno ante la opinión pública.
Por ejemplo, el ex secretario general de la Interpol, el norteamericano Roland Kennet Noble, quien estuvo a cargo de la organización policial desde el 2000 hasta el 2014, lo desmintió categóricamente al afirmar: “Lo que dice el señor Nisman es falso. Jamás hubo una sugerencia o gestión para que se levantaran las órdenes de captura con alertas rojas. Todo lo contrario. Todas las veces que me reuní o hablé con Timerman o con cualquier funcionario del gobierno argentino me reiteraron ciento por ciento su compromiso con las alertas rojas. Lo hicieron por escrito y pidieron que Interpol lo ratificara por escrito, lo que se hizo en marzo de 2013”.
Más aún, el juez Canicoba-Corral sostuvo que “la denuncia de Nisman tiene escaso o nulo valor probatorio. Es información de inteligencia. Yo le manifesté por escrito al fiscal que debía profundizar la pista iraní, porque sus pruebas estaban demasiado basadas en informaciones de inteligencia; le dije que investigara la pista siria y que investigara la conexión local. Y ahora me encuentro que no hizo nada de lo que yo le marqué, que estuvo trabajando para esta denuncia durante cuatro años sin informar a ningún juez. Dijo que se estaba fraguando una pista para echarles la culpa a fachos locales y no me informó nada. Es muy grave. Voy a investigar si no incurrió en una grave desviación de la causa”.
Nisman hace referencia en su denuncia a la grabación de una conversación telefónica entre el señor Héctor Bogado, al que identifica como miembro de la Secretaría de Inteligencia (SI), y el militante pro iraní Alejandro “Yussuf” Khalil. En la grabación Bogado hace alarde de tener unas relaciones muy cercanas con la presidencia y asegura que “esto está cerrado de muy arriba”. Pero no se presentan pruebas de que, en efecto, esas relaciones existían. Peor aún, la SI hizo la aclaración de que las dos personas mencionadas por el fiscal Nisman en su denuncia como integrantes de ese organismo del Estado, Héctor Bogado y Héctor Yrimia, “no pertenecen ni han pertenecido al mismo como personal de planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”.
Añade la SI en la persona de su director, Oscar Parrilli, que el señor Bogado tiene dos causas pendientes por tráfico de influencias, ya que se hizo pasar por integrante de la SI ante la Dirección de Aduanas para hacer unos negocios y ante un particular en un expediente por extorsión. Una de las causas es de 2013 y la otra de 2014.
Por su parte, la presidenta Cristina Fernández añade algunas reflexiones importantes sobre el comportamiento de Nisman y su denuncia. La mandataria se pregunta: “¿Quién fue que ordenó volver al país al fiscal Nisman el día 12 de enero, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto Barajas, interrumpiendo sus vacaciones familiares y licencia de trabajo que había comenzado el primero de enero y que debía finalizar más allá del 20?”.
En efecto, el fiscal tenía pasaje para regresar al país el 23 de enero. Según reseña la prensa argentina, el viaje fue un regalo a su hija con motivo de cumplir sus 15 años. Pero retornó abruptamente el día 12, dejando a su pequeña en España. Y al día siguiente presentó su denuncia, sin hacerla acompañar de ninguna prueba y en un momento en que la justicia argentina se encontraba en receso por vacaciones.
Las siguientes interrogantes de la presidenta Fernández son, ¿por qué actuó con tanta prisa un hombre que llevaba años al frente de una investigación y cómo pudo redactar su denuncia de 350 páginas de un día para otro? ¿O es que se la tenían preparada?
Según reseña la prensa argentina, fuentes del gobierno señalan al exjefe de operaciones del organismo de inteligencia, señor Stiuso, como el responsable del contenido del informe, lo cual concuerda con la apreciación del juez Canicoba-Corral en el sentido de que la denuncia del fiscal “es información de inteligencia”. Nisman admitió públicamente su relación con Stiuso, a quien un prestigioso abogado argentino señala como el hombre a través del cual la CIA dirigía la pesquisa sobre el caso AMIA.
La presidenta argentina advierte, además, sobre un intento por evitar el avance del juicio por encubrimiento que se sigue contra el expresidente Menem y compartes, fijado para el próximo mes de junio, 15 años después de iniciada la causa.
“Curiosa y sugestivamente, cuando está a punto de iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento, largamente demandado por la sociedad en general y los familiares en especial, surge el intento de convertir al gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento del atentado en encubridores, por tratar de que se pueda tomar declaración a los imputados iraníes mediante un tratado internacional aprobado por ley del Congreso”, señaló Fernández.
Finalmente, la mandataria sostiene que el poder judicial debe investigar el hecho de que haya sido un empleado de la fiscalía quien le suministrara a Nisman el arma calibre 22 que le provocara la muerte. “¿Para la defensa? ¿Un arma calibre 22?”, se pregunta antes de recordar que el fiscal vivía en una torre que cuenta con sistemas de vigilancia inteligentes, códigos de ingreso, monitoreo de cámaras y una custodia constante de Prefectura, además de diez agentes de la Policía Federal que lo custodiaban personalmente.
Añade que “lo más importante es advertir que se intenta hacer con el juicio de encubrimiento lo que se hizo con el juicio principal 21 años atrás: desviar, mentir, tapar, confundir”.
Y concluye en forma categórica: “La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la presidenta”.
Todo parece indicar que un titiritero experto movió los hilos de una nueva conspiración, urdida alrededor del caso Amia. Y el títere habría sido el fiscal especial, Natalio Alberto Nisman, de 51 años de edad, a quien condujeron hasta la muerte con la habilidad de un artista, como en una novela de Agatha Christie.
