El presidente Danilo Medina decidió iniciar el cambio de la matriz eléctrica del país, como punto de partida hacia la ya impostergable solución del grave problema del déficit y carestía del vital servicio que por más de 40 años afecta en forma severa a la población, constituyéndose, a su vez, en una de las principales retrancas para el avance sostenido del desarrollo nacional.
La determinación del Ejecutivo ha estado acompañada del firme propósito de incorporar al Estado como ente activo del sector, asumiendo para ello la responsable tarea de producir energía, para lo cual dispuso la construcción de dos plantas generadoras a carbón en la comunidad de Punta Catalina, en Baní, que deberán aportar al sistema alrededor de 720 megavatios.
Para emprender esa acción de relevante importancia económica y social, el Estado dispuso de 600 millones de dólares de sus arcas, con los que inició las obras de ingeniería del auspicioso proyecto, al tiempo de lograr en el mercado financiero internacionales dos líneas de crédito por 650 y 550 millones de dólares, con los que completa el financiamiento de la magnífica obra.
Durante varios años, el Estado, a través de las administraciones del PLD, encabezadas por el presidente Leonel Fernández, había avanzado esfuerzos en procura de afrontar el problema, siempre bajo el criterio de que la solución habría de llegar sobre la base de la mancomunidad de esfuerzos entre los sectores público y privado. La conocida capitalización de la empresa pública tuvo en el sector eléctrico una de sus más destacadas expresiones.
Como parte de esa vocación por una solución conjunta, los gobiernos del PLD no han cesado en su empeño de invitar al sector eléctrico privado a invertir en la producción de energía, sobre todo a través de plantas a carbón y gas natural entre otras alternativas, que nos permitan responder al requerimiento de alrededor de mil 500 megavatios adicionales para finales del 2016, para afrontar el terrible riesgo del colapso del sistema.
Ante la ausencia de voluntad privada en ese sentido y en medio de una situación de insostenibilidad financiera para un Estado que debe despojarse de alrededor de mil millones de dólares al año por concepto de subsidio eléctrico, la actual administración emprendió la ruta correcta de la construcción del proyecto Punta Catalina, bajo el prisma del cambio de matriz para el aumento de la generación, disminución de costos y consecuente reducción en la tarifa.
Una iniciativa que ha estado acompañada de acciones que conduzcan al Pacto Eléctrico y que prevén la conversión de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en una empresa única de generación que sea pública con la participación sustantiva del sector privado, como lo establece el documento base sometido al. Consejo Económico y Social convocado por el Poder Ejecutivo para discutir el pacto.
Para sorpresa de la colectividad nacional, el capital privado en diversas instancias, le ha propuesto al gobierno traspasarle la gestión operativa y administrativa del sector eléctrico oficial, incluyendo las plantas todavía en construcción, bajo el argumento de que el Estado no debe involucrarse en la producción o generación de energía y mantenerse, como hasta el momento, como ente pasivo o de simple supervisor.
Vanguardia del Pueblo, como toda la población, ha ponderado en grado sumo la histórica iniciativa de la administración que encabeza el presidente Danilo Medina de incorporar al Estado en la producción y comercialización de la energía, al amparo de una causa más que justificada, como es el abaratamiento de costos y tarifas y el aumento de la oferta energética, a lo que se adiciona la equidad completamente ausente en el mercado eléctrico nacional.
Sobre esa premisa reiteramos nuestra confianza plena en las decisiones que habrá de tomar la jefatura del Estado ante esta sorpresiva propuesta del sector empresarial.
Vanguardia del Pueblo, mientras tanto, coloca en alto relieve el riguroso planteamiento de los hechos.
