Un proceso actualmente en curso enfrenta a Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La primera de estas dos naciones sudamericanas reclama a la segunda la salida soberana al mar que perdió como consecuencia de la denominada Guerra del Pacífico, hace 136 años.
Ese conflicto armado se inició en 1878 e involucró a Bolivia, Perú y Chile, que heredaron de la dominación colonial española una defectuosa delimitación fronteriza. A la fragilidad de los acuerdos alcanzados para regular las diferencias territoriales entre estos países se sumó el descubrimiento de importantes depósitos de salitre y guano, además de minas de oro y plata en zonas en disputa, en un contexto de lucha por la supremacía y liderazgo en el sur del continente.
Para entonces el territorio chileno, en la parte norte, se extendía hasta Antofagasta, que formaba parte del territorio boliviano. Aunque Chile siempre consideró como suya esta porción territorial, habitada mayoritariamente por chilenos, había reconocido la soberanía de Bolivia sobre la misma mediante la firma del tratado de1874, por el que el gobierno boliviano se comprometía a no aumentar durante 25 años los impuestos a los ciudadanos chilenos radicados en el lugar.
Sin embargo, en 1878 el gobierno boliviano del dictador Hilarión Daza Grosselle estableció un impuesto de 10 centavos de peso boliviano por cada tonelada de salitre embarcado a la mayor empresa chilena dedicada a la explotación de esa sustancia, denominada Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (CSFA).
Ante la medida el gobierno chileno invocó el acuerdo de 1874, advirtiendo que su desconocimiento en lo atinente a los impuestos dejaría sin efecto también la parte relativa a la delimitación territorial. Las autoridades chilenas demandaron que el caso fuera conocido por una corte arbitral, tal y como contemplaba el mencionado tratado. Pero el gobierno boliviano argumentó que la CSFA no era un “ciudadano”, sino una compañía constituida en base a las leyes internas del país, razón por la cual debía someterse a las regulaciones del Estado.
Frente a la negativa de la CSFA a pagar el nuevo impuesto, el gobierno boliviano respondió embargando sus bienes y fijando como fecha para su remate el 14 de febrero de 1879. Justamente ese mismo día tropas chilenas ocuparon Antofagasta.
Así se inició la Guerra del Pacífico, en la que participó Perú del lado de Bolivia a partir de abril de 1879, cuando invocó la entrada en vigor de un pacto de defensa recíproco con este país vecino firmado de forma secreta.
La Guerra del Pacífico terminó con la contundente victoria de Chile, que se anexionó en forma definitiva el territorio peruano de Arica, así como el Antofagasta boliviano. Bolivia quedó relegada así a una complicada condición de mediterraneidad, al perder su única salida soberana al océano Pacífico.
En 1904 Chile y Bolivia firmaron un “Tratado de Paz y Amistad” mediante el cual quedaron resueltos todos los aspectos no abordados en el Pacto de Tregua de 1884, además de aquellos resueltos con carácter de transitoriedad, incluida la cuestión de la soberanía sobre Antofagasta, que pasó a formar parte del territorio chileno a perpetuidad.
Respondiendo al reclamo de Bolivia de una salida al mar, el tratado aprobó en forma definitiva el libre tránsito de mercancías sin cobro de derechos aduaneros ni restricciones por el territorio chileno desde y hacia Bolivia. Chile concedió, además, franquicias de acceso a los puertos de Antofagasta y Arica a favor de Bolivia, pero no le reconoció soberanía sobre ninguna porción de territorio costero.
Bolivia reclama desde entonces una salida al mar, alegando que su condición de mediterraneidad limita seriamente sus posibilidades de desarrollo. Aunque Chile ha permanecido aferrado a lo pactado en 1904, en varias oportunidades se han barajado fórmulas para resolver el diferendo. Una de esas fórmulas fue la propuesta por el gobierno chileno de Augusto Pinochet a su homólogo boliviano Hugo Banzer, que contemplaba la creación de un corredor terrestre que conectara el territorio boliviano con una porción del litoral al norte de Arica, bajo plena soberanía de Bolivia, que a cambio debía ceder a Chile una porción territorial de igual tamaño en el Salar de Uyuni, en el suroeste boliviano.
Bolivia aceptó la oferta chilena, lo cual quedó plasmado en el acuerdo de Charaña de 1975. Sin embargo, Perú la objetó en virtud del tratado firmado con Chile en 1929. Mediante ese acuerdo Chile le devolvió a Perú la provincia de Tacna, que le había arrebatado durante la Guerra del Pacífico, quedando en su poder la de Arica, en la que a su vez se establecieron algunas servidumbres a favor de Perú. En virtud de esto el consentimiento de Perú era imprescindible para viabilizar el acuerdo de Charaña.
En abril de 2013 el presidente Evo Morales presentó a la CIJ una demanda contra Chile, exigiendo se negocie de buena fe una salida soberana de Bolivia al mar. La demanda está fundamentada en los “derechos expectaticios” que habría adquirido Bolivia como consecuencia de propuestas y negociaciones efectuadas por representantes de ambos países para solucionar su diferendo.
Es la primera vez que una demanda en la esfera internacional se fundamenta en esta figura jurídica, que no ha sido plasmada en ningún tratado internacional de carácter obligatorio, limitándose su existencia al ámbito doctrinal.
Chile, por su parte, ha alegado la incompetencia de la CIJ para conocer la demanda boliviana bajo el argumento de que el territorio de los dos países fue delimitado mediante el tratado firmado en 1904, mientras que la jurisdicción de la Corte data de 1948.
En su réplica a las argumentaciones de Bolivia ante la Corte, Chile recordó que mediante el tratado de 1904 se acordó que “Bolivia gozaría a perpetuidad de un acceso al territorio del Océano Pacífico pasando sin condiciones a través del territorio chile”, por lo que aseguró que la cuestión de la salida al mar de este país quedó solucionada mediante la firma de ese acuerdo, concebido para que sea definitivo, por lo que solicitó declarar “que el reclamo planteado no recae dentro de la jurisdicción de la Corte”.
El jurista internacional inglés Daniel Bethlehem, representante de Chile, dijo que “Bolivia quisiera que ustedes (los jueces) se concentraran en lo que supuestamente sería una vía paralela de negociaciones al Tratado de 1904, tratando de hacer creer que la cuestión del acceso al mar no estaba zanjado”.
Escuchados los argumentos de las partes, se espera que la CIJ emita su veredicto a finales del presente año. Mediante dicho veredicto el organismo judicial decidirá si acepta o no los alegatos de incompetencia de la parte chilena, de lo cual dependerá la suerte del proceso.
Con su demanda Bolivia ha apelado a un mecanismo de coacción jurídica para forzar a Chile a negociar una solución a su situación de mediterraneidad, a lo cual ha sumado una intensa campaña internacional basada en la justeza de su reclamo.
Algunos especialistas aseguran que la iniciativa boliviana, si bien ha logrado hasta ahora el cometido de ejercer presión sobre Chile porque luce justa, es altamente riesgosa, dada la pobre consistencia de su fundamento jurídico.
La Corte, lejos del alcance de las presiones mediáticas, decidirá conforme al buen derecho. Lo que está en juego es si las negociaciones continúan o si Chile puede dar por cerrado el caso, definitivamente.
