La Ley Electoral vigente no es muy precisa con el tema del tiempo de la campaña, la propaganda, medios permitidos y contenido. La Ley 275-97, en su artículo 87 dice que “La proclama por la cual se anuncie una elección ordinaria deberá ser publicada a más tardar noventa (90) días antes de la fecha en que deba celebrarse”. Y en el artículo 88 dice que “El período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos”. Las reglamentaciones sobre reuniones, marchas, mítines, propaganda, publicidad, promociones y medio ambiente parecen ausentes o desconocidas para la mayoría de los protagonistas, situación que se evidencia en el inicio de campañas muchas veces años antes, dependiendo del alcance de los presupuesto o las estrategias de cada organización o candidato.
Algunas ciudadades controlan, más o menos, una parte del desorden en sus cascos urbanos, como son los casos del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, pero sus zonas rurales y barrios periféricos, como en todas, son campos de batalla electoral impenetrables, donde la lucha agrega otras acciones como operativos médicos y fumigaciones sin supervición sanitaria, reparaciones de vivienda y otras iniciativas que, de una u otra manera, benefician a los ciudadanos en este período de competencia política. Los medios digitales y las redes aquí sirven como herramientas auxiliares de promoción y comunicación interactiva porque los munícipes y líderes comuitarios canalizan sus demandas por estos mismos canales.
En esta fecha, un año de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales en la República Dominicana queda poco espacio visual en las zonas urbana que no haya sido tomado por la propaganda gráfica de los partidos políticos u organizaciones locales, a tal punto de presencia que muchos municipios sufren una alta contaminación visual por falta de controles y reglamentaciones municipales. Las paredes públicas y privadas, que muchas veces son pintadas por empresas privadas para promoverse, están siendo tomadas por rotuladores contratados por aspirantes a cargos presidenciales, congresuales y municipales. Las empresas de vallas, permitidas por los ayuntamientos, que rentan sus espacios publicitarios en las ciudades y carreteras no dan abasto a la demanda para aquellos que pueden pagar sus vallas gigantes, lumínicas, de obras o mobiliarios urbanos, como paradas de buses, stands, autobuses o mupis. En las principales ciudades existen reglamentos municipales para el uso del espacio urbano en todo tipo de promoción pero, lamentablemente, no se aplican con el rigor necesario.
Paradójicamente esta batalla sin control por la imagen ha filtrado el espacio virtual y, con la misma virulencia, los estilos y contenidos mutan a otros muros virtuales, como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram u otras redes con similares características de contenido, con sus escalas de calidad.
En esta lucha de posicionamiento afloran las diferencias en el nivel de desarrollo político y las clases sociales de los aspirantes y la capacidad de recursos con los que cuentan. Del mismo modo que un candidato embadurna una pared con afiches de mala calidad, rótulos rústicos o mensajes poco sustentados, en manos de artesanos, asi mismo se vende en el espacio virtual y las redes sociales, algunos dejando a cargo de parientes, amigos o seguidores el manejo de su imagen en la campaña, sin darse cuenta que podría estar construyendo un perfil distorsionado de manera mucho más peligrosa que el muro que pintó en el barrio –el cual podría borrar y volver a pintar–, y que en el inmenso campo de la intenrnet no puede controlar. Ya es común ver candidatos de prestigios con cuentas en redes que ni ellos saben quién las administra, llenas de ilustraciones, fotografías o videos inapropiados, llenas de faltas ortográficas y etiquetado de todo tipo de temas. ¿Qué usted cree que piensa la gente de ese político? ¡Que eso lo hace o escribe él mismo!.
De forma diferente, los candidatos actualizados buscan asesoría profesional para no caer en la trampa y aplican estrategias contemplando el uso de los recursos tradicionales combinados con los más modernos. De este modo administran su imagen con una mezcla de marketing racional, que a la corta o a la larga los hace más efectivos y con menos derroche de recursos, apoyándose en técnicos o empresas calificadas, de manera que logran posicionarse correctamente tanto en una valla bien ubicada para sus electores como en los mejores espacios visitados por los internautas. Los medios digitales han permitido el desarrollo de muy buenos administradores, agencias de publicidad digital y brókers, los cuales ofrecen garantía de una inversión efectiva en este campo, que no para de crecer vertiginosamente.
En este escenario tan complejo, los protagonistas de la batalla por espacios físicos urbanos y rurales justifican sus prácticas agresivas a sus ciudades y al medio ambiente bajo el argumento del derecho a promover democráticamente sus aspiraciones con los recursos disponibles, planteando que no pueden pagar costosas cuñas o espacios publicitarios en medios de comunicación escritos o electrónicos, ni vallas permitidas en las principales vías. Este argumento es levantado desde los orígenes de la propaganda en la lucha política en la humanidad, y la historia registra sus manifestaciones en todas las lenguas mediante proclamas expresadas gráficamente.
En el fondo, el fin es el mismo: colocarnos en la mente y preferencia del elector; ahora con la diferencia de medios nuevos, más rápidos, abiertos e interactivos que, si no sabemos usar correctamente, podrían hacer más daño que bien.
La sociedad y el Estado debe ponerse al día en el tema porque si no se controlan y regulan estos procesos –como lo han hecho las naciones desarrolladas– retrocederemos décadas en cuanto al valor de nuestras ciudades y la calidad de vida de los ciudadanos.
