Según el informe “Tendencias globales, desplazamiento forzado 2014” de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dado a conocer recientemente, al 31 de diciembre pasado la lista de desplazados en el mundo alcanzó la alarmante cifra de 59.5 millones de personas, esto es, 8,3 millones más que el año anterior.
El ACNUR establece la diferencia entre refugiados (19,5 millones); desplazados internos, o sea, personas que se asientan en otras zonas de sus propios países (38,2 millones), y solicitantes de asilo (1,8 millones), que en su conjunto suman los 59.5 millones de individuos, el nivel de desplazamiento más elevado desde que se tiene registro.
Como forma de poner de manifiesto la magnitud de este drama, los expertos señalan que las víctimas de las guerras o las persecuciones en el mundo equivalen a la población de países como Italia o Gran Bretaña. “Si estos 59.5 millones de personas fueran un país, éste sería el 24º mayor del mundo”, dice el informe.
Nuevas crisis explican el incremento de los desplazamientos forzados: Siria, Libia, Yemen, Ucrania, Irak, etc. En los últimos tres años el número de desplazados ha aumentado en un 43 por ciento. No hay que perder de vista, como señala el ACNUR, que miles de estas personas mueren intentando llegar a lugares seguros, lejos de los combates.
La mayor parte de los refugiados (86%) son acogidos por naciones en desarrollo. Estamos hablando de 12,4 millones de personas, la mitad de las cuales son niños.
Aunque el problema del desplazamiento forzado es viejo en el mundo, no es sino en los últimos meses cuando se ha convertido en tema para los grandes medios informativos, porque además de haber aumentado alarmantemente el número de personas en esta condición ha ido creciendo la cantidad de refugiados y emigrantes que intentan llegar a Europa cruzando el mediterráneo: 219,000 en el 2014, tres veces más que en el 2011. Esto sin contar las 3,500 personas que murieron en el intento, según se establece en el citado informe.
Esta situación está provocando una creciente preocupación entre los ciudadanos europeos y gravita cada vez con más fuerza en la política interna de cada país, como acaba de verse en las recientes elecciones parlamentarias de Dinamarca, en las que se impuso con mayoría absoluta la alianza entre el Partido Liberal y el ultraconservador Partido Popular Danés.
La campaña estuvo marcada en gran medida por el tema de los refugiados. De hecho el líder del partido liberal, el ex primer ministro Lars Lokke Rasmussen, ha dicho que una de las principales tareas del próximo gobierno será incrementar los controles fronterizos.
Sentimientos similares están creciendo en toda Europa, donde ha sido sumamente difícil ponerse de acuerdo para buscar respuestas colectivas al problema de los flujos migratorios.
En Francia, además de la inquietud por los refugiados que llegan de países de Oriente Medio y África, crece la preocupación por el flujo hacia territorio galo de gitanos y kosovares. En el Reino Unido la insatisfacción con la política sobre inmigración impulsada por Bruselas ha determinado la realización de un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea.
En Alemania surgió el grupo Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (PEGIDA por sus siglas en alemán) que desde octubre del año pasado viene realizando manifestaciones con un número cada vez más creciente de participantes en las ciudades más importantes del país.
Una Italia agobiada por la llegada masiva de refugiados no cesa de elevar el grito al cielo para que los países europeos respondan como un solo cuerpo al problema inmigratorio. El plan de los 10 puntos aprobado en abril pasado no ha servido para detener la llegada de inmigrantes y la propuesta comunitaria para distribuir mejor a los refugiados que buscan asilo político en Europa, ha sido rechazada de plano por buena parte de los países que conforman la UE.
La propuesta de distribución equitativa fue elaborada por la Comisión Europea en base a los acuerdos comunitarios vigentes y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que procuran garantizar el derecho a recibir asilo a los que con motivos fundados temen ser perseguidos por razones de raza, religión o nacionalidad, y que prevén la posibilidad de viajes sin visado por parte de esta categoría de personas con la condición de que porten algún tipo de documento. La propuesta pretende dar respuesta a una cantidad ínfima de las solicitudes de asilo y no incluye, obviamente, a los denominados refugiados económicos.
La propuesta consiste en la distribución de los 20 mil refugiados ya asilados en la Unión Europea y un plan de acogida de 20,000 nuevos refugiados que están en sus países, en el 2015 y 2016, la mayoría procedentes de Siria. Las cuotas se asignan en función de cuatro indicadores: población, Producto Interno Bruto, tasa de desempleo y número de asilados acogidos.
Aunque el plan se presentó acompañado de la consigna “Compartir la responsabilidad es la base de nuestra credibilidad”, el Reino Unido no vaciló en anunciar que no abriría sus puertas porque eso solo alentaría a más gente a arriesgar su vida.
España, a través de su ministro de Exteriores, García Margallo, dijo que “No rechazamos colaborar pero el peso que soportamos es proporcionalmente muy superior al de otros países”. Conforme a la propuesta comunitaria, a España, la quinta economía de la UE, se le asigna el 9,1% de los ya asilados (1,820) y el 7,75% de los 20,000 nuevos (1,549). Con una tasa de desempleo de 23,7%, España fue uno de los países que menos personas acogió el año pasado, apenas 1,600 (1,15%), gracias a los acuerdos alcanzados con Marruecos para contener el flujo de migrantes provenientes del África subsahariana a través de su territorio.
Por su parte, el gobierno húngaro, tras considerar “una locura” la propuesta comunitaria, anunció su decisión de construir un muro de cuatro metros de altura a lo largo de los 175 kilómetros de su frontera con Serbia. Con 53,000 personas, Hungría es uno de los países europeos que más inmigrantes ha registrado en lo que va de año, en su mayoría provenientes de Oriente Medio y Kosovo.
En total, 10 de los 28 países de la UE (Francia, Reino Unido, España, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Eslovaquia) han rechazado el plan de la Comisión Europea.
Algunos expertos entienden que el tema migratorio, debido a las crecientes presiones a lo interno de cada país profundizará las contradicciones a lo interno del bloque de naciones, con el agravante de que Bruselas será incapaz de promover un cambio de rumbo dada las presiones que sobre ella ejerce el gobierno de los Estados Unidos, el gran responsable de las políticas que han contribuido a agravar el problema de los refugiados en el mundo.
Así las cosas, sostienen los expertos, se irán debilitando las bases del eurogrupo, que tiene en el concepto del multiculturalismo uno de sus pilares fundamentales, en la medida en que los partidos políticos que le han dado soporte vayan sucumbiendo en los procesos electorales de cada país, como acaba de ocurrir en Dinamarca. Y al final, el cambio de rumbo se impondrá desde abajo.
